Ciudad de México.- La violencia económica es uno de los tipos de agresión contra las mujeres que pasa desapercibida, porque “tiene muchas caras” y aunque la mayoría de las veces se da en el ambiente familiar, también se registra en el ámbito laboral, 2 de cada 10 mujeres en México manifestaron haber sufrido este tipo de ataque durante su relación actual o última pareja.
Por ello, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para considerar que comenten violencia económica contra las mujeres, quienes no participan en las labores domésticas y de cuidado, así como quienes no aportan en los gastos del hogar.
Según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), el retroceso en la independencia económica de las mujeres tiene que ver con diversos factores. Uno de ellos: la distribución desigual de las tareas del hogar, las cuales se asumen como «propias de las mujeres» en nuestro país. Esto las deja fuera del mercado laboral o con menos tiempo para dedicarse a su desarrollo personal y su preparación profesional.
Presentada por la diputada de Morena, Reyna Celeste Ascencio, y aprobada por unanimidad, la iniciativa propone agregar el siguiente párrafo a la fracción IV del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:
“También constituye violencia económica, cuando el agresor, de manera injustificada, se desentiende de sus obligaciones familiares, de aportar económicamente e, incluso, de realizar labores domésticas o del cuidado de las personas dependientes de la familia, y deja sola a la mujer afrontar tales cargas, así como los gastos necesarios para la preservación o, incluso, para el incremento del patrimonio familiar”.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que una mujer que sufre violencia económica está vulnerable a ser víctima de otros tipos de violencia, por eso la importancia de erradicarla y una forma es fomentar el empleo para ellas, para que con salarios dignos tengan las herramientas y recursos necesarios para salir y alejarse de su agresor, sin temor por falta de manutención y la de sus hijas e hijos, porque la capacidad económica de las mujeres crea una situación de empoderamiento ante la pareja.
Violencia económica
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que 2 de cada 10 mujeres en México manifestaron haber sufrido violencia económica durante su relación actual o última pareja, en estas condiciones, el agresor intenta controlar a su compañera y someterla, interrumpiendo su independencia, limitando su capacidad de tomar decisiones de forma autónoma.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, en su artículo 6, fracción IV, define la violencia económica como: “toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral”.
La violencia económica usualmente se reproduce en el ámbito familiar, siendo una forma de control en contra de las mujeres; se muestra a través de la agresión producida por la persona que ostenta el dominio económico, la manipulación para gestionar los gastos o la privación de recursos, lo que induce al aislamiento y la angustia por la satisfacción de las necesidades personales y/o familiares.
Este tipo de violencia puede manifestarse también, por ejemplo, en la convivencia familiar y de pareja, cuando al tener una dependencia económica con el cónyuge o concubino, se impide tomar decisiones sobre la economía del hogar, o cuando se exige dar cuenta a la pareja acerca de todo lo que se gasta, aun cuando la persona afectada gane sus propios recursos o asuman solas el cuidado y la manutención de las hijas e hijos.
La diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences Valencia, señaló que la violencia económica es una de las formas más comunes de violencia, incluye toda acción u omisión que impacta de manera negativa en la economía de la víctima, en su independencia y autonomía financiera.
Explicó que se manifiesta a través de limitaciones u omisiones para su desarrollo laboral y/o profesional, condicionamientos vinculados al género y la maternidad, la percepción de un salario menor por igual trabajo y la explotación laboral.
En el ámbito familiar, ocurre cuando el agresor controle el ingreso de sus percepciones económicas “e incluso de manera injustificada, se desentiende de sus obligaciones económicas de colaborar a realizar las labores domésticas o del cuidado de las personas que dependen de él”.
Según Vences, en algunos casos, aun cuando las mujeres cuentan con un trabajo, su pareja controla sus ingresos. Apuntó que a las parejas e hijos también corresponden tareas del hogar y denunció que históricamente se ha relegado dichas actividades a las mujeres por roles culturales. Sin embargo, esto tiene diversos impactos, ya que algunas no cuentan con tiempo o dinero para acudir a servicios de salud física y mental.
Durante el Ciclo de conferencias Mujeres por una vida libre de violencia, que se desarrolló el 25 de octubre, la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, aceptó que a nivel global designar el papel de proveedor solo al varón y a ellas relegarlas en las labores del cuidado, ha propiciado que muchas mujeres sufran este tipo de violencia.
“A diferencia de la violencia física, la económica aún suele pasar desapercibida, por lo que definirla es la mejor manera de reconocerla: esta agresión engloba todas aquellas conductas que implican un control financiero sobre la víctima, como prohibir o impedir que la mujer consiga una fuente de recursos propia, no proveer de recursos económicos para los gastos básicos del hogar o incluso bloquear las oportunidades laborales de las mujeres y los ascensos salariales”, insistió.
La legisladora de Morena recordó que en el Senado de la República se han aprobado reformas que buscan atender, sancionar y erradicar la violencia por interpósita persona, conocida como violencia vicaria, así como la Ley 3 de 3 para que ningún deudor alimentario pueda ocupar un cargo de elección popular y el Registro Nacional de deudores alimentarios.
Por su parte, Arturo Herrera Gutiérrez, director global de gobierno del Banco Mundial, mencionó que hay varios tipos de violencia económica, la primera, agregó, es cuando se restringe el acceso al dinero, a activos financieros, a la información o se controla el monto del dinero que pueden gastar.
Otro tipo de violencia, dijo, es la llamada explotación económica, donde se puede abusar de los recursos de la víctima, por ejemplo, cuando se abre una línea de crédito a nombre de una mujer sin su consentimiento, se roban sus ahorros o se toma una parte o todo su salario. Y el sabotaje económico, que es cuando se evita que la víctima tenga acceso a la educación o al empleo.
Aseguró que, a partir del año 2010, el mundo ha evolucionado en la implementación de medidas legislativas para garantizar los derechos económicos de las mujeres, pero aceptó que mientras más avanzada está la economía de un país, más derechos se les otorgan, pues tienen mayores facilidades para participar de manera equitativa en la vida económica y se les da un trato igualitario en materia de pensiones y sueldos, entre otros.
Joana Cecilia Chapa Cantú, directora de la Facultad de Economía de la Universidad de Nuevo León, subrayó que la tasa de participación económica de las mujeres creció 15.7 puntos porcentuales en los últimos 10 años.
“La brecha de género en la carga total de trabajo remunerado y no remunerado, es de nueve horas semanales más de trabajo en relación con los hombres, por lo que solo tienen cuatro horas de descanso a la semana”, dijo.
Además de que solo el 28 por ciento de las mujeres ahorra para su retiro y el 17 por ciento tiene acceso a servicios financieros.
A esto se sumó la diputada del PT, Irma Yordana Garay Loredo, quien subrayó el papel de la crianza para desarrollar adultos “sanos para la sociedad”. Recalcó que se sigue normalizando la violencia y que se realicen estas tareas sin remuneración, por lo que instó a quitar estereotipos.
Por su parte, la diputada de Morena, Reina Celeste Ascencio, afirmó que será un gran logro que se reconozca el trabajo de las mujeres no remunerado, ya que “se ha dejado generalmente siempre sola” en los trabajos de cuidados.
A su vez, la legisladora de Morena, Beatriz Rojas Martínez, expresó que, cada que se revisa la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, encuentran que no se está cumpliendo ni se realizan “desde años” políticas públicas con perspectiva de género.
Ante esto, precisó que se tiene que editar para continuar especificando y visibilizando las diferentes formas de violencia.
