Ciudad de México.- La Red Feminista Antimilitarista considera preocupante el poderío económico que adquirirían las Fuerzas Armadas de aprobarse la reforma presidencial para normalizar su participación en tareas de seguridad pública, la Secretaria de la Defensa Nacional administraría el tercer presupuesto federal más grande de la administración pública, que ascendería a 400 mil millones de pesos solo para 2024 y con los 259 mil 434 millones de pesos que fueron aprobados en este año para la Sedena, se podrían financiar 624 Programas de Apoyo para Refugios.
Afirmaron que en lugar de fomentar políticas públicas que atiendan las exigencias de las víctimas, usan las Fuerzas Armadas para tareas ajenas a la disciplina militar e incluso en tareas de seguridad pública la cual parte de una visión patriarcal, en donde las mujeres y niñas son invisibilizadas, convirtiéndolas en víctimas de esta “guerra contra el crimen organizado”, dejando de lado la erradicación de las causas estructurales de la violencia y discriminación a la que nos enfrentamos.
Para ponerlo en perspectiva, la Red señala que en 2021, el gasto para el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos fue de 415.9 millones de pesos. En cambio, lo que las Fuerzas Armadas gastaron ese año solo para viáticos en el extranjero asciende a 459.9 millones de pesos.
Por ello, la Red Feminista Antimilitarista insiste en que se incorpore la perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad a las políticas de seguridad pública, lo cual no equivale a incrementar el número de mujeres en las Fuerzas Armadas, sino a tener claridad respecto a que la violencia que azota al pais tiene repercusiones distintas en la vida de las mujeres y niñas, pues las ha afectado de manera esructural en el ejercicio de sus derechos.
Adicionalmente, observa con preocupación que en sus luchas, que son históricas y reivindicativas, sean consideradas como amenazas a esta política de seguridad. Esto en relación a la iniciativa de reforma para militarizar a la Guardia Nacional y normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el país, presentada por el Presidente de la República el pasado 5 de febrero.
Recuerda que ya han denunciado que la Guardia Nacional está lejos de consolidarse como una institución de seguridad ciudadana y civil, como lo ordena la Constitución desde 2019. De concretarse esta reforma, se revierte la posibilidad de tener una institución profesional y respetuosa de los derechos humanos, además de perpetuar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a la disciplina militar.
“Resulta sumamente preocupante que con esta iniciativa de reforma se otorgue a los elementos de las Fuerzas Armadas facultades de prevención, investigación y persecución del delito, lo que se traduce en un grave retroceso en materia de acceso a la justicia. Asimismo, se propone que los elementos de la Guardia Nacional cuenten con fuero militar, lo que en términos prácticos dificultaría el acceso a la verdad y la justicia de víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas”, reclama.
Las organizaciones que conforman la Red Feminista Antimilitarista han documentado diversos casos de protección e impunidad de los tribunales militares a los elementos que han violentado los derechos humanos de la ciudadanía, particularmente de mujeres y niñas.
“De aprobarse esta reforma presidencial, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) se adjudicaría los recursos presupuestales, financieros y materiales de la Guardia Nacional y pasaría a administrar el tercer presupuesto federal más grande de la administración pública, que ascendería a 400 mil millones de pesos sólo para el ejercicio fiscal 2024”, reiteró.
Desde la Red Feminista Antimilitarista hacen un llamado para que el Congreso de la Unión actúe como contrapeso político y proponga verdaderas alternativas para poner fin a las brechas de desigualdad a las que la ciudadanía se enfrenta, pues la militarización como única corporación federal de seguridad pública que existe en México, representa un grave peligro para las mexicanas y atenta contra el estado de derecho.
“Exigimos una verdadera perspectiva de género en todas las políticas y que nuestras voces sean escuchadas y representadas en los espacios de toma de decisiones. El avance de la militarización implicaría un retroceso significativo para los derechos de mujeres y niñas. Cualquier cambio social que busque consolidar la paz debe incorporar a las mujeres y niñas en su diversidad, de lo contrario más de la mitad de la población estaría fuera de las decisiones que afectan la vida pública del país”, precisa.
Como Red confirmaron que rechazan cualquier iniciativa que presente a la militarización como la solución al problema de inseguridad al que se enfrenta en el país, porque aseveraron: seguridad ciudadana debe ser feminista.
Ante la crisis de derechos humanos y de creciente violencia, el Ejecutivo federal sigue apostando por una estrategia de seguridad militar que ha demostrado no ser la solución a la violencia que enfrenta el país.
Las organizaciones que integran la Red Feminista Antimilitarista han identificado y visibilizado las violencias que viven las personas en México, así como su impacto diferenciado en mujeres, niñas y otras poblaciones vulnerables debido a la militarización de la seguridad pública.
Estas violencias comprenden tanto aquellas que las Fuerzas Armadas ejercen directamente en contra de ellas, que incluyen detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzado por la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, como aquellas que la estrategia de seguridad militarizada desata en sus comunidades, como los asesinatos.
