Ciudad de México.- El pasado domingo 3 de marzo, Andrés N., ex diplomático mexicano, tenía contemplada una audiencia en Israel para determinar su extradición a México y poder enfrentar los cinco casos de violencia sexual que armó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), pero ni las denunciantes ni sus representantes legales han sido informadas de los resultados de esa audiencia.
En este caso, la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), son las instancias que debieron avisar sobre el cambio de las medidas cautelares de Andrés N, quien desde diciembre del 2023 lo cambiaron a prisión domiciliaria y deberían seguirles informando del proceso que se le sigue a esta persona, como la audiencia que se sostuvo este pasado 3 de marzo.
Actualmente hay 4 fichas rojas de Interpol con la denuncias contra Andrés N., esto conlleva que no hay muchos países donde pueda ir. En 2020, se hicieron públicos 61 testimonios que lo denunciaron como responsable de la comisión de diversas conductas probablemente constitutivas de violencia sexual.
El silencio de las autoridades
La Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha dejado de comunicarse con las víctimas para mantenerlas al tanto del caso pero informaron a Cimacnoticias que les ha dicho: «¿por qué no consiguen ustedes una abogada en Israel?».
Además de la falta de comunicación con la FGR también está la de Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), ambas instituciones y funcionarios, no mantienen informadas adecuadamente del proceso a las víctimas. Sumado a esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha guardado silencio sobre el caso, no ha comunicado alguna actualización del tema y tampoco ha cumplido su promesa de traer al señalado para enfrentar los cargos.
En los últimos tres meses, el Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia ha denunciado la falta de acceso oportuno a información relacionada con las órdenes de aprehensión, las solicitudes de extradición, la representación jurídica en el extranjero y, recientemente, el cambio de la medida cautelar de Andrés Roemer. No obstante, las víctimas continúan a expectativas de la —escasa y no intencionada— “reciprocidad diplomática”.
“Nos acercábamos a la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores para preguntar lo que estaba pasando “, repite Ximena. “[Y] solo nos dicen que ellas están muy bien representadas, pero ya más no nos explican (…) Al ser un asunto internacional y en el que está en juego su testimonio y su vida, todas deberían poder participar o al menos estar informadas, saber quién las representa, cómo las están representando y cómo están llevando a cabo los juicios”, subraya.
El 2 de octubre de 2023, la Embajada de Israel en México confirmó la detención de Andrés Roemer y la presentación de una petición de extradición por parte de la Fiscalía del Estado de Israel ante el Tribunal Regional de Justicia de Jerusalén. La oficina destacó que el país no “es un refugio para criminales”. La permisividad y demora sugieren lo contrario.
“Andrés huyó al único país al que sabía que no lo iba a entregar (…) Es un país en el que tiene una calle, donde habita y vive libremente, donde recibe visitas, donde tenía una propiedad y conoce al gobierno”, confirma Murrieta. Durante casi tres años, el blindaje con el que ha contado el ‘erudito’ —abusador y prófugo de la justicia— ha sido una pieza clave en la condición que sostiene el proceso: la incertidumbre.
En víspera del 8M, la colectiva feminista Volcánicas publicó una línea de tiempo que realizó sobre las denuncias en contra de Andrés Roemer, quien acumula más de 60 denuncias desde 1990, y ha sido uno de los casos paradigmáticos de presunto acoso y violencia sexual en México, porque a pesar del volumen de denuncias y su alta visibilidad, el caso sigue impune.
Al respecto, la representante jurídica de algunas mujeres, Ximena Ugarte, fue consultada por Cimacnoticias sobre la audiencia que debía enfrentar Andrés “N”, pero su respuesta fue que, hasta el momento, no ha tenido ninguna información al respecto por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Estamos tratando de comunicarnos con la FGR para que nos digan si la audiencia se llevó o no a cabo, y en caso de que sí, nos informen sobre lo que sucedió, pero desafortunadamente no se ha podido entablar comunicación”, expresa.
Itzel Schnaas, bailarina y primera mujer que denunció públicamente al exdiplomático Andrés “N”, y comentó que tampoco tiene información o algún dato sobre si la audiencia que se llevó a cabo el pasado domingo entre la justicia israelí y el ex diplomático mexicano.
“Tanto la abogada que los representa como nosotras estamos en blanco. No tenemos ningún tipo de información. Es terrible no saber nada”, expresa.
El trabajo realizado por la colectiva feminista Volcánicas señala que en febrero de 2021, Roemer huyó de México con rumbo a Israel, escapando de estas denuncias, y como no existe un tratado de extradición entre México y ese país no se ha podido avanzar con los procesos para que vuelva a nuestra nación y enfrente a la justicia.
El domingo pasado se tenía previsto que Roemer tuviera una audiencia en esa nación para determinar su extradición, pero no hay información de los resultados.
Volcánicas realizó esta línea de tiempo exhaustiva, sistematizando todas las denuncias que se han hecho públicas y enriqueciéndolas con testimonios directos, para demostrar el pacto que protege a los agresores más poderosos.
En su investigación, la agrupación feministra menciona que durante décadas, el silencio, miedo y compadrazgo han sostenido y fortalecido a una élite de hombres que ha abusado de mujeres sistemática e impunemente. Andrés Roemer es uno de ellos. Actualmente, el exdiplomático acumula más de 60 denuncias por violencia sexual.
Mientras el cofundador de la Ciudad de las Ideas ha gozado de las ventajas que le otorga la falta del tratado de extradición entre México e Israel, las estudiantes, actrices, periodistas, bailarinas, modelos, escritoras, diplomáticas, abogadas, voluntarias y académicas que lo denunciaron enfrentan múltiples episodios de revictimización, complicidades mediáticas y procesos a ciegas que, además de comprometer su integridad física y emocional, exponen las deficiencias e irregularidades del Estado mexicano en materia de acceso a la justicia.
¿Quién es Andrés Roemer?
Andrés Isaac Roemer Slomianski, quien nació el 12 de julio de 1963, en la Ciudad de México es uno de los hombres que, de manera transparente, exhibe el pacto patriarcal en las diferentes esferas de poder en México: la política formal, los medios de comunicación, las artes, la academia, las relaciones internacionales y la ciencia.
Aunque su cercanía con expresidentes como Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León dejan al descubierto su profunda vena priista, el exdiplomático ha negociado su afiliación partidista y también ser uno de los favoritos de los exmandatarios panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
Para Roemer, el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos, con la gestión de Enrique Peña Nieto, representó una oportunidad para hacer aún más rentable su amistad con ex compañeros del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade, ambos ex titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no solo fueron figuras clave para su nombramiento como cónsul en San Francisco.
La mentoría que recibió de Esteban Moctezuma lo acercó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a Ricardo Salinas Pliego. El “tío Richie”, dueño de la segunda televisora más grande de México y fundador del conglomerado Grupo Salinas. Además de ofrecerle contratos para la producción y conducción de programas, firmó como cofundador de Ciudad de las Ideas, festival con el que Andrés Roemer estableció relaciones financieras con Rafael Moreno Valle, Toni Gali y Miguel Barbosa, exgobernadores del estado de Puebla.
Para la abogada Ximena Ugarte, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la permisividad con la que Andrés Roemer, viajó a Israel, alquiló una casa y continuó con su vida es causa y consecuencia de sistemas políticos mediáticos económicos que han cobijado a una élite de hombres que se sienten intocables.
El 2 de octubre de 2023, la Policía israelí detuvo al exfuncionario y al día siguiente, la embajada de Israel en México indicó que el proceso de extradición sería “largo y complejo”. Esa misma semana, el 7 de octubre, Israel declaró la guerra a Hamás y puso en marcha un proyecto genocida contra el pueblo palestino.
Para la litigante del IMDHD, la Fiscalía de CDMX cometió “un error garrafal” cuando “salió a decir que contaba con órdenes de aprehensión”. “En México, bajo este sistema el que tú te enteres de que hay una orden de aprehensión en tu contra te permite tener conocimientos del expediente”, explica. “Fue ahí donde este sujeto empezó a pelear y tener acceso a las carpetas de investigación”.
Aunque desde un principio la Fiscalía prometió que las indagatorias “iban a estar resguardadas y solamente en posesión de un Ministerio Público”, la información llegó a manos de Andrés Roemer, quien desde Israel y a través de videos en YouTube o cartas, expuso datos sensibles de las víctimas. A una de ellas, la demandó por “daño moral” y a otra “le aparecieron unos sicarios”, de acuerdo con su testimonio, para intimidarla.
Mientras las denunciantes y sus defensas legales demandaban mecanismos de protección, Andrés Roemer —a distancia— y sus abogados solicitaban amparos. Las filtraciones de la Fiscalía y las condiciones de vulnerabilidad en la que mantuvieron a las mujeres provocaron que, al menos con la organización de la que es parte Ximena, la relación se sostenga por un grado mínimo de confianza.
En México, tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) como la Ley General de Víctimas (2013) establecen que las mujeres tienen derecho a “mecanismos, medidas y procedimientos” basados en la dignidad, la debida diligencia, el enfoque diferencial y especializado, la igualdad y no discriminación, no criminalización, integralidad y transparencia.
