Ciudad de México.- Tras la violencia institucional que vivió la niña Rocío, en Jalisco, luego que autoridades del estado le negaran su derecho a practicarse un aborto al vivir violencia sexual, la defensora Patricia Ortega, representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), resaltó que el gobierno del ese estado, «no hace campañas informativas sobre este derecho» por tanto mujeres, adolescentes y niñas desconocen que deben garantizarles este procedimiento.
Caso Paulina se repite. Jalisco tortura a niña negándole derecho a abortar tras violencia sexual
La ley las respalda, por ejemplo, la actual legislación de Jalisco en su Artículo 229 dice: «no es punible el aborto culposo causado por la mujer embarazada ni cuando el embarazo sea resultado de una violación».
Hoy, Rocío ya concluyó el proceso de interrupción legal del embarazo, pero debieron actuar defensoras para garantizar este derecho y hacer todo lo posible para evitar la tortura continuada la cual fue ejercida por autoridades sanitarias al mantenerla hospitalizada sin ningún tipo de atención en vez de practicarle la ILE en menos de 72 horas.
Según la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la atención médica debe ser dentro de las 72 horas, tras ser víctima de este tipo de agresión, no obstante esta información no se conoce.
Por ejemplo, la familia de Rocío fue quien detectó su condición hasta el tercer trimestre del embarazo, pero desconocían la normativa sobre el procedimiento para la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), debido a la falta de campañas informativas por parte del gobierno del estado.
Por tanto, si la familia de Rocío, no hubiera sido apoyada por defensoras de derechos humanos, la niña se hubiera sumado a la estadística de las 397 casos de niñas que entre 2023 y lo que va de 2024 de entre 12 y 14 años, quienes no pudieron interrumpir sus embarazos.
Así lo expuso Patricia Ortega, representante de Ddeser, al detallar que fueron los tíos de la niña, quienes se dieron cuenta que algo estaba pasando, pues presentaba síntomas atípicos, por lo que decidieron llevarla a un centro de salud y ahí fue donde se percataron de la violencia sexual.
La defensora detalló que fue hasta que Rocío fue trasladada a un hospital especializado en Guadalajara, cuando los familiares se enteraron que podían hacer este procedimiento, pero también hubo un momento en el que ante la negativa y tardanza, llegaron a decir: “bueno pues ya nos vamos, ya déjenla así, pero ya no podemos seguir en el hospital perdiendo el tiempo”.
En entrevista con Cimacnoticias, Patricia Ortega recordó la situación de Paulina quien el 31 de julio de 1999 junto con su madre denunciaron ante el Ministerio Público de Mexicali que en el Hospital General de la localidad, dependiente de autoridades en ese entonces gobernada por el PAN, no les proporcionaron apoyo cuando solicitaron la interrupción legal del embarazo, cuando por la ley local y federal lo permitían, con esto surge la Norma 046.
Los derecho de las niñas
De acuerdo con Garry Conille, director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, el empoderamiento de las niñas y las adolescentes es clave no solo para avanzar en la realización de todos sus derechos, sino también para romper con el ciclo de inequidad, discriminación y violencia en toda la región.
En el marco de una firma de un acuerdo de colaboración entre UNFPA (organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva) y UNICEF (El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) para contribuir con la realización de los derechos de niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe, Conille agregó que es necesario contar con sistemas de protección integral sólidos que brinden servicios especializados para el bienestar de las menores de edad.
El servicio
Tras las recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otra de las dudas que prevalece y de las que poco se habla, es sobre la forma en que se está brindando o no el servicio a niñas y adolescentes, quienes representaron: uno de cada dos abortos que se realizaron durante 2022 en México en los sistemas de salud federal, según datos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea).
Ninde MonRe, abogada integrante de la colectiva Abortistas MX -misma que cuenta con una estrategia de amparos a nivel nacional para garantizar el acceso al aborto, advirtió que ha incrementado la criminalización hacia adolescentes y son cifras que “nadie mira, porque se piensa que el sistema de adolescentes no es duro”.
Paola Fernández, integrante de Las Libres, explicó que si una niña está embarazada, lo primero que hay que verificar es si fue o no víctima de violencia sexual. En caso de que no, y busque acceder al servicio de aborto, se le debe proveer de manera sensibilizada e integral.
“El hecho de que una niña o una adolescente lleve a término un embarazo, la está poniendo en mayor situación de riesgo”, aseguró.
Fernández señaló que a las adolescentes, en algunas entidades donde se encuentra despenalizado el aborto como en Hidalgo, en ocasiones se les niega el servicio argumentando la necesidad de ser acompañadas por su madre, padre o tutor. Lo mismo ocurre en la Ciudad de México, donde se colocan este tipo de requisitos.
Sin embargo, lo anterior va contra la autonomía de las jóvenes. No se puede seguir creyendo que porque son niñas o adolescentes no pueden tomar decisiones adecuadas, aseguró Paola Fernández.
Normatividad debe respaldar a médicos
La colectiva Ipas México refirió que los abortos se practican en todo México y la normatividad debería respaldar también a quienes los llevan a cabo, para garantizar los derechos de todas las personas, del personal de salud y de las personas acompañantes, su despenalización voluntario reduce las emergencias obstétricas y hospitalizaciones por abortos inseguros, mayoritariamente en contextos de criminalización.
Destacó que para el caso de Jalisco es momento de transitar hacia un modelo de legislación y atención al aborto como un tema estrictamente de salud, lejos de la criminalización y el estigma, y bajo condiciones para garantizar el libre acceso.
Indicó que la Constitución establece en su artículo 4º que todas las personas tenemos derecho a decidir cuándo y cuántos hijos queremos tener. Por ello, si quieres saber más sobre qué situaciones o condiciones están permitidas en tu entidad para acceder o proveer un procedimiento de aborto legal, conoce nuestra tabla que contiene las causales permitidas en cada entidad federativa:
Por ello, desde Ipas, consideran de suma importancia que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito ordenó al estado de Jalisco eliminar del Código Penal estatal el delito de aborto consentido y auto procurado, en consonancia con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y gracias al esfuerzo colectivo de las organizaciones de la sociedad civil.
El tribunal declaró, por unanimidad, inconstitucionales las normas que prohíben de forma absoluta el aborto voluntario en el Código Penal de la entidad federativa y ordenó al Congreso local eliminar el delito. En el marco de la decisión de la SCJN que, desde el 7 de septiembre de 2021 (Acción de Inconstitucionalidad 148/2017), determinó inconstitucional la prohibición absoluta del aborto consentido.
La colectiva Ipas México destacó y celebró a las organizaciones que presentaron el amparo 344/2023 que hizo posible esta decisión: Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Centro de Acompañamiento, Desarrollo e Investigación Feminista A.C.; Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales A.C.; Omeyocan, Psicoterapia, Sexología y Desarrollo S.C.; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.; y Colectivo Latinoamericano Emma Goldman A.C.
Además, exhortó a las y los legisladores a cumplir cabal y expeditamente con la sentencia del Tribunal Colegiado y reformen el Código Penal para que todas las mujeres puedan acceder a servicios de aborto legal, seguro y gratuito de manera libre e informada. Al acatarse la decisión por el Congreso estatal, Jalisco se convertirá en el décimo tercer estado en despenalizar el aborto en México.
Fernanda Díaz de León Ballesteros, subdirectora de Incidencia en Ipas LAC, afirmó que lo más importante de estas decisiones es que no se queden solo en el papel, sino que tengan un impacto en la salud y en la vida de las personas, que cualquier persona con capacidad de gestar, que requiera de un servicio de salud, sea tratada con dignidad, con respeto y con prontitud.
También, María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas LAC, mencionó que el aborto es el único servicio de salud que está regulado por el Código Penal. Hoy en México existen las condiciones para despenalizar verdaderamente el aborto, sacarlo de los Códigos Penales y legislarlo en la Ley de Salud, que es el lugar al que pertenece.
Ipas México destaca que cuando interrumpes el embarazo no solo eliges sobre tu cuerpo, vida y futuro; actualmente, también puedes elegir el método para interrumpir el embarazo y cómo, dónde y cuándo quieres vivir este proceso.
Actualmente en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur son las entidades del país donde es legal abortar hasta las 12 semanas de gestación.
Y aunque en el resto de estados sus códigos penales continúan sancionando la interrupción del embarazo, en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar el aborto, por lo que ninguna mujer debería ir prisión por decidir sobre su cuerpo.
En cada región podemos encontrar a las acompañantes que han sido quienes permanecen al lado de las mujeres que buscan abortar, pero también se observan una serie de exigencias que no cesan aún con las diversas reformas.
Y es que, mientras más avances legislativos se den, mayor será la exigencia y vigilancia que se realice, pues ello permitirá alcanzar el panorama ideal, calidad plena en el servicio y la despenalización total que se espera, no solo en los Códigos Penales, sino también a nivel social.
El camino recorrido para llegar a este momento ha sido largo. Desde 1976, cuando se organizó en México la Primera Jornada Nacional sobre Aborto, ya se vislumbraban las necesidades que se requerían para una vida sexual y reproductiva plena.
Entre los acuerdos a los que las mujeres feministas llegaron en ese entonces se encuentran: demandas por la educación sexual desde la infancia, información y acceso a métodos anticonceptivos y el rechazo a la esterilización forzada, pero sobre todo, la necesidad de que se brindará el servicio de aborto de forma legal y gratuita.
Las sentencias
Las sentencias emitidas por la SCJN, fueron, al primera en 2021, cuando resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar este derecho sin enfrentar consecuencias penales.
Y la más reciente el 6 de septiembre del 2023, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la regulación del aborto del Código Penal Federal por ser contraria a los derechos humanos. Es decir, afirmó que va en contra de la Constitución sancionar el aborto voluntario o a quienes lo procuren.
Estas sentencias obligan las 20 entidades que aún sancionan el aborto a despenalizarlo en sus Códigos Penales; sin embargo, en medio de resistencias, avances lentos y diversos cuestionamientos, lo anterior aún no es una realidad.
