Ciudad de México.- Tras la publicación de las recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) luego de su décima evaluación al Estado mexicano, diversas organizaciones de la sociedad civil se reunieron con la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la Republica con el objetivo de analizar dichas observaciones y proponer medidas concretas para incorporarlas en la agenda legislativa nacional.
El pasado el 17 y 18 de junio de 2025, una delegación de funcionarias del gobierno mexica, liderado por Citlali Hernández titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), acudió a Ginebra en Suiza para rendir cuentas sobre los avances u pendientes en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de igualdad de género. Esta comparecencia formó parte del seguimiento a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano sobre los derechos humanos de las mujeres. De esta manera, el Comité de la CEDAW escuchó la versión oficial, así como informes sombras de la sociedad civil y organizaciones feministas que pusieron en relieve otro lado de la violencia de género en México.
La senadora Martha Lucia Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Género y una de las integrantes de la delegación mexicana, lideró le mesa de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil. Para abrir el dialogo, señaló que la autonomía de las mujeres se define como la capacidad para tomar decisiones libres e informadas sobre su vida en función de sus propias aspiraciones y deseos; sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) determina que existen tres dimensiones de la autonomía: la económica, física y política.
La autonomía física alude al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sexualidad, vivir una vida libre de violencia y acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. La autonomía económica se refiere a la capacidad de generar ingresos y recursos propios mediante el trabajo remunerado en condiciones de igualdad y enfrenta desafíos como la falta de protección social y sobrecargo de trabajo doméstico y de cuidados. Finalmente, la autonomía política implica la participación plena y en igualdad de condiciones en todos los espacios de toma de decisiones.
Propuestas para la autonomía física
Belén Contreras, en representación a diversas colectivas afromexicanas, hizo un llamado urgente para que se reconozca formalmente y con mayor precisión la existencia y derechos de las personas afrodescendientes en México. A pesar de avances legislativos como el reconocimiento en el artículo 2º constitucional, persisten graves omisiones en los marcos jurídicos que invisibilizan a las mujeres afromexicanas, sobre todo en el ámbito social, político y económico. Por ejemplo, la falta de reconocimiento específico en normas clave como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde el término “afrodescendientes” se usa de manera general y no específica, lo que limita el reconocimiento legal y político de esta población.
Además, propuso una reforma puntual para que en el artículo 5º de dicha ley se sustituya el término “afrodescendientes” por “afromexicanas” y “afromexicanos”, lo que implicaría un reconocimiento más directo y adecuado de sus derechos y su identidad. Asimismo, sugirió la incorporación de definiciones claras y específicas tanto para “mujer afromexicana” como para “mujer indígena” en los instrumentos legales, a fin de que el Estado y las instituciones asuman obligaciones concretas para garantizar la participación política y el acceso a derechos de estas mujeres, evitando su uso meramente formal o simbólico.
Violencia de género
Diana Murrieta, representante de la organización Nosotras para ellas, expuso el trabajo que se ha desarrollado en los últimos años en torno al reconocimiento legal del acecho como una forma específica de violencia. Esta debe entenderse como el hostigamiento, seguimiento o vigilancia sistemática, ya sea de manera física o digital, contra una persona que se realiza de manera reiterada alterando su vida cotidiana, generando miedo, ansiedad y obligando a que modifique sus rutinas.
Las autoridades aún confunden el acecho con el acoso sexual, lo cual representa un problema, ya que la mayoría de los códigos penales del país no se reconoce el acoso sin connotación sexual. Esta omisión deja a muchas mujeres sin posibilidad de denunciar situaciones que ponen en riesgo su integridad, ya que el acecho es una antesala de delitos más graves como el feminicidio, la trata de personas, el secuestro o el reclutamiento forzado por el crimen organizado.
La propuesta presentada por Nosotras para ellas plantea incorporar el delito de acecho en el Libro Segundo del Código Penal Federal, Titulo Décimo Quinto relativo a los derechos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Sugiere incluir en el artículo 266°: «Comete el delito de acecho quien, por cualquier medio de forma física o digital, amenace, la libertad o seguridad de una persona de manera continua y persistente, y con dicha acción ocasiona en cabo en la integridad física, emocional, mental y patrimonial de la persona echada».
Andrea Medida, del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, señaló la urgencia de reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer con mayor precisión la violencia socio-digital por razón de género. Este tipo de violencia no debe limitarse a lo penal ni restringirse exclusivamente al ámbito sexual, ya que se trata de un fenómeno transversal que impacta diversas dimensiones de la vida de las mujeres. Por ello, propuso que se reformen los artículos 20 Quarter y 20 Sexies de la Ley para incluir una definición clara que reconozca como violencia los actos cometidos o instigados mediate tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), redes sociales, mensajería, correo electrónico o inteligencia artificial.
La reforma constitucional de 2021 integró la violencia contra las mujeres exclusivamente en el marco de la seguridad pública, lo cual contradice los avances del enfoque integral y articulado entre los ámbitos público y privado. El tratamiento legal de la violencia digital hasta ahora es deficiente, y la Ley Olimpia incurre en inconsistencias al sancionar con menor severidad delitos semejantes a los tipificados como trata, por lo que, la organización sugirió eliminar el artículo 199 Octies del Código Penal Federal y repensar los delitos desde una perspectiva integral, que supere la respuesta exclusivamente punitiva.
Para Media, el problema principal no radica en las leyes existentes, sino en su aplicación: la falta de capacitación del personal ministerial, la precariedad de las periciales y la ausencia de un enfoque especializado en las fiscalías. También existe la necesidad de generar medidas de protección acordes al entorno digital en el que ocurren las agresiones, y no reducir estas respuestas al ámbito penal. Cabe mencionar que la violencia socio-digital forma parte de un continuo de violencias que comienza en lo simbólico y puede escalar hacia daños severos, por lo que urge una revisión integral del marco legal.
Marta Juárez, en representación de la Red Aliadas por la Igualdad y No Violencia, centró su propuesta en la necesidad de redefinir el consentimiento sexual desde los estándares internacionales de derechos humanos. En México, el tratamiento legal de la violencia sexual continúa basándose en la exigencia de pruebas físicas de resistencia o violencia explícita, lo que niega justicia a muchas víctimas. Esto abona a la urgencia de adoptar el concepto de “ausencia de consentimiento”, especialmente cuando existen relaciones desiguales de poder, como ocurre entre docentes y alumnas, empleadores y subordinadas, o personas adultas y menores de edad.
La propuesta está respaldada por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en los casos de Atenco, Rosendo Cantú e Inés Fernández, donde se reconoció que las víctimas no estaban en posibilidad de otorgar consentimiento. En ese sentido, para loa organización la violencia sexual debe ser entendida como una violación a la libertad y autonomía sexual de las mujeres. Asimismo, se necesita eliminar la figura del delito de estupro, el cual se usa para encubrir abusos sexuales a menores bajo la apariencia de relaciones “consensuadas”.
Para avanzar en estos cambios, la Red Aliadas por la Igualdad y No Violencia apuesta por abrir un espacio de diálogo legislativo convocado por el Senado, con participación de expertas y organizaciones, para revisar tanto los tipos penales como su operación institucional y que el Estado genere condiciones metodológicas para debatir sin polarización, desde una lógica de derechos, con apertura al disenso y responsabilidad institucional frente a las obligaciones internacionales en materia de igualdad y no violencia.
Ana Elena Contreras, integrante de la Red Nacional de Alertistas, abordó la problemática del feminicidio en México, subrayando que el tipo penal no está homologado en los distintos códigos penales estatales, lo que genera desigualdades y obstáculos en el acceso a la justicia para las víctimas. Anteriormente, organizaciones feministas demandaron la implementación de un Código Penal único para todo el país o, en su defecto, trabajar de forma prioritaria en la homologación del tipo penal de feminicidio.
Respecto al mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), Contreras expresó profunda preocupación por el retroceso que implica la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), instancia clave para su coordinación. Se trata de un mecanismo único en el mundo, por lo que, el debilitamiento institucional genera incertidumbre tanto en organizaciones feministas como en las mujeres que dependen de su activación. En el caso específico de la Ciudad de México, todavía no se proporciona información sobre el estatus actual de la Alerta, pese a que, desde hace un año, se expuso la necesidad de una evaluación de su implementación.
Contreras denunció que los vacíos legales y las limitaciones normativas en materia de justicia penal siguen reproduciendo la discriminación hacia las mujeres. En este sentido, hizo un llamado al Senado y a las comisiones presentes para revisar con urgencia los criterios legales discriminatorios en los códigos penales estatales y avanzar en su armonización, ya que el desmantelamiento de estructuras institucionales clave, como CONAVIM, debilita los esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia feminicida, por lo que urge sostener mecanismos eficaces, evaluables y con participación efectiva de las organizaciones civiles.
Salud sexual y reproductiva
María Consuelo Mejía, cofundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, trajo a colación la objeción de conciencia que, si bien es un derecho individual, puede convertirse en una barrera estructural para el acceso al aborto si no se regula adecuadamente considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, por permitir una objeción sin límites ni controles, especificando que vulnera derechos fundamentales como la salud, la autonomía reproductiva y, en algunos casos, incluso la vida.
Derivado de esta sentencia, el Congreso tiene la obligación de legislar una regulación clara que armonice ambos derechos. La Cámara de Diputados aprobó el 31 de octubre de 2023 una reforma clave para limitar el uso arbitrario de la objeción de conciencia en servicios de salud. Sin embargo, esta reforma aún no es aprobada en el Senado. Esta situación permitió la falta de personal no objetor en zonas rurales o marginadas que agravan la vulneración de derechos y perpetúa desigualdades. Por ello, Mejía solicitó al Senado a retomar esta agenda de forma urgente para garantizar que ninguna persona vea retrasado u obstaculizado el acceso a un aborto legal y seguro por razones ideológicas del personal médico.
Francisco Cué, coordinador de Incidencias del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), añadió a la discusión la omisión legislativa del Congreso de la Unión respecto a la sentencia 267/2023 de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional el delito de aborto voluntario en el Código Penal Federal. Aunque la sentencia notificó a ambas cámaras desde enero de 2024, aún no se concreta la reforma legal necesaria, incumplimiento las obligaciones del Estado mexicano ante la justicia nacional e internacional.
Ante estas omisiones, la organización planteó reformar la Ley General de Salud para reconocer de forma explícita el derecho a decidir, tanto para quienes continúan un embarazo como para quienes lo interrumpen. Actualmente el IMSS —institución clave en el sistema de salud— no proporciona servicios de aborto, restringiendo así el acceso para millones de mujeres y personas gestantes, por lo que es necesaria una reforma legal clara que facilite la incorporación de estos servicios en todas las instituciones públicas.
Propuestas para la autonomía económica
Emilia Vidal, cofundadora y presidenta del Consejo de Mujeres Empresarias, subrayó la importancia de vincular la autonomía económica de las mujeres con la agenda de los cuidados. Desde la experiencia de la organización en el acompañamiento a mujeres emprendedoras en distintas regiones del país, sin una base sólida de corresponsabilidad en las tareas de cuidado, no se puede hablar de autonomía real.
En su labor, observan que las mujeres emprenden, en muchos casos, no por decisión estratégica sino por la necedad urgente al no encontrar empleos con horarios flexibles o por que deben asumir el trabajo de cuidados sin apoyos institucionales. El emprendimiento se hace desde condiciones desiguales: sin acceso a seguridad social, salud o vivienda digna. A lo largo de sus recorridos por el país, han conocido a mujeres artesanas, jornaleras y trabajadoras del campo que, aun con recursos limitados, forman cooperativas para sostener a sus familias.
En este contexto, Vidal propuso reconocer y fortalecer la economía solidaria como una vía clave para alcanzar el empoderamiento económico de las mujeres particularmente en situación de vulnerabilidad y para ello, se necesita fortalecer las redes comunitarias, la organización colectiva, el modelo cooperativo como herramientas clave para construir economías feministas, y reconocer las desigualdades que enfrentan, rompiendo con los estigmas y garantizando condiciones laborales y sociales signas.
Carlos Brown, director de Oxfam México, detalló la importancia en los ejes de justicia económica con perspectiva de género, abordando principalmente tres principios fundamentales: redistribución, progresividad y corresponsabilidad. Desde esta óptica, los avances en igualdad sustantiva requieren una transformación profunda de las estructuras económicas que perpetúan las desigualdades, que puede ser impulsada en la próxima Conferencia Regional sobre la Mujer en la Ciudad de México.
Otro tema que puso sobre la mesa fue el vínculo entre tributación y género, el cual se aborda de forma desconectada, pero que es crucial para garantizar la autonomía económica de las mujeres. Brown explicó que el sistema tributario mexicano reproduce desigualdades tanto por el tipo de impuestos como por la distribución del gasto público. Entre sus propuestas pidió que se promueva un cambio en la disposición anual del SAT para que la distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público se desagregue también por sexo; así como ampliar la lista de productos de gestión menstrual con tasa cero en el IVA, incluyendo no solo copas, toallas y tampones, sino también protectores diarios, ropa interior reutilizable, jabones y otros insumos básicos. Este cambio implicaría una reforma al artículo 2, fracción I, inciso J de la Ley del IVA.
Por último, expuso que en el marco de los compromisos climáticos internacionales —en particular la actualización 2025 de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC)—, el Estado mexicano se comprometió a incorporar una perspectiva de género, por lo que debe ser objeto de seguimiento legislativo, ya que los compromisos del Acuerdo de París están previstos como tratados internacionales en la Ley General de Cambio Climático.
Asimismo, Marianela Fernández, coordinadora de Estrategia de Justica Laboral de Oxfam México, hizo hincapié en que el pasado 1 de julio comenzó una prueba piloto para incorporar a las trabajadoras de plataformas digitales a la seguridad social mediante lineamientos publicados por el IMSS, pero los derechos de las mujeres embarazadas fueron abordados de forma marginal. En particular, se indicó que las prestaciones por maternidad serían subsidiadas a través del IMSS Bienestar, sin establecer un modelo claro de atención a mujeres en gestación dentro de este tipo de empleo. Por ello, concluyó que, al concluir la evaluación, se reformule el numeral 11 de los lineamientos para garantizar servicios y derechos plenos para las trabajadoras embarazadas en plataformas digitales.
Por otro lado, las limitaciones en la Ley del IMSS y en la Ley Federal del Trabajo restringen el derecho a cuidados solo para niñas y niños diagnosticados con cáncer. En consecuencia, apuntó que se debe ampliar este derecho a menores con otras enfermedades graves que pongan en riesgo su vida y que no esté condicionado a la patria potestad o custodia legal, sino que se extienda a quienes efectivamente ejercen el cuidado, como abuelas, tías u otras cuidadoras. Aunado a esto, se necesita ajustar el marco legal para reconocer múltiples formas de cuidado familiar que actualmente quedan invisibilizadas en la normativa.
La intervención concluyó con el señalamiento a modificar la Ley del INFONAVIT para prevenir la pérdida de vivienda cuando una mujer deja de pagar su crédito debido a obligaciones de cuidado (personas con discapacidad, mayores o enfermas), siendo que las mujeres tienen una sobrerrepresentación en el trabajo informal no asalariado, particularmente el que realizan mujeres en la economía del cuidado, el comercio y los servicios. El artículo 5° constitucional no tiene una regulación específica que proteja estas actividades productivas, que representan una parte importante del sustento económico de muchas mujeres en contextos de exclusión.
Propuestas para la autonomía política
Eunice Bautista, integrante de la Colectiva Nacional 50+1, alertó sobre el incrementó de violencia política en razón de género, siendo que esta violencia no se dirige a las ideas, sino a la apariencia, forma de hablar y personalidad de las mujeres buscando silenciarlas, deslegitimarlas y frenar su incidencia. En su participación, hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el acompañamiento institucional en el ámbito local, donde ocurre la mayor parte de los casos de violencia política. Muchas mujeres no logran identificar que están siendo violentadas porque las agresiones se normalizan como parte del costo de estar en el espacio público. Aunque el marco normativo mexicano es de los más avanzados en la región, en la práctica resulta ineficaz sin mecanismos de atención cercanos a las mujeres, especialmente en municipios y entidades federativas con menor capacidad institucional.
Finalmente, Bautista promovió incentivos para que los poderes públicos generen entornos más seguros y justos para las mujeres políticas. Subrayó la urgencia de garantizar la rendición de cuentas sobre el presupuesto de los partidos políticos, recordando que por ley deben destinar al menos el 10% a formación en igualdad de género y no discriminación. Dado que este gasto se ejerce con opacidad o de forma simulada, llamó al Congreso de la Unión a asumir la responsabilidad fiscalizadora para asegurar que los recursos realmente fortalezcan la participación sustantiva de las mujeres en la vida política.
Elena Gloria Ramírez Hernández, coordinadora catedrática de la Unesco de la Universidad Nacional Autónoma de México, enfatizó que el fenómeno de la violencia política en razón de genero persiste de manera estructural en México y no puede ser tratado de forma episódica o superficial. Expresó su reconocimiento por la realización del foro legislativo, pero subrayó que este tipo de encuentros no deben quedarse en actos aislados, sino traducirse en la creación de un mecanismo permanente de seguimiento a las recomendaciones nacionales e internacionales sobre violencia política. Destacó que muchas de las resoluciones que han sido producto de luchas históricas siguen sin cumplirse, y advirtió que no basta con emitir recomendaciones si no se garantiza su cumplimiento efectivo.
Subrayó que aún faltan reglamentos y normativas clave para implementar plenamente las leyes en materia de violencia política. Ramírez pidió que el Senado y las comisiones responsables valoren no sólo si las alertas o reformas han reducido la violencia —lo cual no ocurre de forma inmediata—, sino el papel fundamental de las organizaciones civiles que movilizan, denuncia, documentan y exigen. Señaló que estas organizaciones enfrentan condiciones precarias y que no se ha reconocido ni apoyado debidamente su trabajo, por lo cual solicitó medidas legislativas y presupuestales para fortalecer su labor, especialmente en los estados.
Ramírez también denunció que las mujeres indígenas y afromexicanas enfrentan violencias políticas agravadas en el ámbito municipal, donde muchas veces sus derechos no son respetados ni garantizados. Retomando aportes de expertas como Inés, subrayó que hay usurpación de cargos y negación sistemática del poder político a estas mujeres, por lo que urgió a legislar medidas específicas de protección y apoyo. Finalmente, pidió revisar con seriedad los vacíos legislativos sobre matrimonio infantil, señalando que, aunque existen avances, persisten casos dramáticos que exigen atención y regulación más firme. Recordó que la violencia política no desaparece sola, y que se requiere trabajo coordinado, reformas integrales y aplicación efectiva de las leyes, tanto a nivel federal como local.
