Ciudad de México.— Pese al avance de los movimientos de mujeres, en México no solo persiste la violencia feminicida, sino también se reproducen patrones de impunidad patriarcal por parte del Estado para atender los casos; por ello, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) elaboró una guía que funge como hoja de ruta para que las víctimas de un feminicidio puedan obtener justicia.
El día de hoy se llevó a cabo la presentación de la “Guía de Buenas Prácticas en el Acompañamiento de casos de Violencia Feminicida”, por el OCNF el cual contó con la participación de María Luz Estrada Mendoza, directora del OCNF, Davina Base del Fondo Canadá para Iniciativas Locales; Miriam Pascual Jiménez de la organización Yunuen A.C., Edith Méndez del colectivo Mujer y Utopía y Sandra Fosado Alarcón también del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Durante la presentación la defensora de los derechos de las mujeres María Luz Estrada hizo hincapié en señalar que los patrones de impunidad en casos de feminicidio se dividen en tres niveles: la conducta de los feminicidas beneficiada bajo un sistema que normaliza la violencia contra las mujeres, los operadores de justicia que continúan sin estar capacitados y justifican la violencia y persiste la revictimización por parte de las autoridades.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el país cerró el 2025 con 721 casos de feminicidio, siendo Sinaloa, estado de México, Chihuahua, Ciudad de México y Veracruz las entidades con mayor incidencia en el delito.
Gracias a la lucha del movimiento de mujeres, se logró tipificar y crear la Ley de Accedo de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero los casos se repiten cada día.
Ante este panorama, la defensora María Luz Estrada señaló la necesidad de contar con una guía de buenas prácticas que funcione como una herramienta pedagógica para las defensoras de derechos de las mujeres, sobrevivientes o familiares de víctimas de violencia feminicida. Con ello, se pretende que cualquier persona tenga comprensión sobre lo que implica el acompañamiento a través del trabajo de 18 años del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y de otras organizaciones.
«Un mapa para navegar en un sistema diseñado para el olvido, asegurando que la verdad, la reparación y una vida libre de violencia sea algún día accesible para todas. » -María Luz Estrada Mendoza directora del OCNF.
El documento puede ser consultado en su sitio web Nos van a ver juntas, el cual abarca el estudio de doce casos de feminicidio que fueron acompañados entre el 2019 al 2024 en diversos estados. Asimismo, está dividido en cinco capítulos o pasos a seguir y fue elaborado a través de entrevistas, líneas del tiempo, documentación, informes, así como formularios a defensoras de las mujeres y organizaciones civiles.
A su vez, se aplicaron criterios desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que un caso de feminicidio trascienda a una sentencia, obtener la reparación del daño y dignificar a la víctima a través de estrategias comprobables y efectivas. María Luz Estrada también apuntó que el acompañamiento no solo debe ser buena voluntad, sino contar con conocimientos estratégicos para combatir la mirada patriarcal.
La“Guía de Buenas Prácticas en el Acompañamiento de casos de Violencia Feminicida” cuenta con herramientas de incidencia política, herramientas mediáticas y de comunicaciones, jurídicas, periciales y técnico-científicas, psicosociales como eje de apoyo efectivo, así como de cuidado y seguridad para defensoras.
Al comparar doce casos de feminicidio, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) encontró hallazgos en torno a cómo ocurren y cómo se van desarrollando las investigaciones. En primer lugar, determinaron que la violencia feminicida se agrava cuando convergen diversas condiciones de vulnerabilidad como ser indígena, migrante, tener alguna discapacidad, ser niña o adolescente, estar en situación de pobreza, vivir en zonas rurales o asentamientos comunitarios y más.
Otro hallazgo que compartieron los casos fue un patrón de desaparición como antesala del feminicidio, por lo que señalaron que toda desaparición de una mujer debe ser considerada como un riesgo inminente de violencia feminicida. En varios casos se ha detectado retrasos en la activación del protocolo de búsqueda, fragmentación en la investigación y pérdida de indicios claves.
«La búsqueda no es una acción humanitaria, accesoria, sino una herramienta central en el acceso a la justicia» -María Luz Estrada Mendoza directora del OCNF.
En materia forense se encontró la inexistencia de bancos de datos de ADN, falta de laboratorios de genética, pérdida de indicios materiales y manejo indigno de cuerpos. Cuando el agresor es un servidor público, el caso no es analizado desde una dimensión estructural y no se anticipan las resistencias institucionales
Finalmente, para que un caso de feminicidio obtenga justicia se identificó que el rol de las familias suele ser activo y centrales durante todo el proceso. Sus aportaciones terminan siendo claves para localizar al agresor o encontrar los cuerpos de las mujeres.
