Ciudad de México.- La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia en octubre de 2024 marcó un hecho histórico en México; sin embargo, su de acuerdo con el reciente informe de Human Rights Watch 2026, la cual afecta de forma diferenciada a las mujeres.
En un panorama general, Human Rights Watch destacó que en septiembre de 2024, con el respaldo de Sheinbaum y el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el congreso aprobó una reforma constitucional que obliga a jueces federales y estatales —incluidos ministros de la Suprema Corte y magistrados electorales— a someterse a elecciones populares.
También se creó un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades para sancionar y destituir juzgadores.
Y ante ese escenario organismos internacionales advirtieron que esa reforma amenazaba la independencia judicial sin resolver los problemas estructurales de acceso a la justicia. Las primeras elecciones judiciales, celebradas en junio, estuvieron marcadas por la baja participación y cuestionamientos sobre su integridad.
En ese mismo año, el Congreso cerró el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y transfirió sus funciones a una dependencia del Ejecutivo, lo que organizaciones civiles consideraron un retroceso en el acceso a la información pública.
En noviembre, además, fue reelegida Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, institución señalada por falta de escrutinio crítico al poder.
El avance de los derechos de las mujeres
En noviembre de 2024 se presentó una reforma para modificar la Constitución en materia de igualdad sustantiva, violencia de género y el avance de los derechos de las mujeres, la cual entró en vigor en enero de 2026 tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, para enero de 2025 entró en funciones la Secretaría de las Mujeres como una instancia federal.
Para junio de 2025, México compareció ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y aunque la instancia reconoció la llegada de una mujer a la Presidencia, señaló el aumento de casos de violencia de género contra las mujeres y niñas por actores estatales y no estatales.
Otro de los problemas que señaló la organización es el avance hacia la despenalización del aborto, ya que hasta el momento en 24 entidades las mujeres pueden interrumpir sus embarazos de forma legal pero está el caso especial de Aguascalientes donde el límite es hasta la sexta semana de gestación. Además, entidades como en Guanajuato, persiste una resistencia para derogar los artículos que criminalizan el servicio de aborto de sus códigos penales.
Otros riesgos de la vida de las mujeres es la atención a la salud sexual y reproductiva, particularmente en mujeres rurales e indígenas; la mortalidad materna que permanece elevada en algunas regiones; y los continuos casos de feminicidios, tan solo el 2025 cerró el año con 721 mujeres víctimas de esta violencia.
En 2025 México registró 721 casos de feminicidio. Sinaloa ocupó primer lugar – cimacnoticias.com.mx
Militarización y abusos de las fuerzas armadas
El gobierno federal ha profundizado la participación del ejército en tareas de seguridad pública. Entre noviembre de 2024 y julio de 2025, el Congreso aprobó reformas que consolidaron el control militar sobre la Guardia Nacional.
Organizaciones civiles y medios documentaron ejecuciones extrajudiciales y otros abusos. En mayo fueron asesinadas dos niñas de 7 y 11 años en Sinaloa durante un operativo; en agosto, habitantes de Cozumel incendiaron una instalación militar tras acusar a un soldado de violencia sexual contra una niña de 9 años.
Human Rights Watch advierte que el ejército ha sido señalado por obstaculizar investigaciones emblemáticas como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Aunque una Comisión para la Verdad concluyó en 2024 que entre 1965 y 1900 las fuerzas armadas cometieron violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, la Secretaría de la Defensa no ha reconocido la responsabilidad institucional.
Asimismo, el monitoreo del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) y la Universidad Iberoamericana, registraron que entre 2019 y 2024 acontecieron 22 mil 944 asesinatos de mujeres por violencia homicida a comparación de los 29 mil 833 casos documentados entre 2007 y 2018. El patrón de los datos muestra que no solo ocurrieron con mayor frecuencia en los últimos años, sino que coincide con el último periodo de militarización tras la implementación de la Guardia Nacional.
Impunidad y deficiencia del sistema de justicia
La impunidad continúa siendo estructural: las fiscalías resuelven apenas uno de cada diez homicidios. En muchos casos, las investigaciones han sido cuestionadas por uso de pruebas obtenidas mediante tortura, alteraciones o amenazas.
Entre 2019 y 2025, el Instituto Federal de Defensoría Pública documentó más de 3 mil denuncias de tortura que afectaron a más de 4 mil 100 personas. Organismos internacionales sostienen que esta práctica sigue siendo generalizada.
Paralelamente, el Congreso amplió la prisión preventiva obligatoria y limitó la posibilidad de promover amparos contra esa medida, pese a que la Corte Interamericana ha ordenado eliminarla. Cerca del 40 % de las personas privadas de libertad no cuentan con sentencia. En algunos centros penitenciarios se ha reportado un aumento de suicidios, particularmente entre mujeres detenidas.
De acuerdo con el informe sombra «Intersectando la discriminación contra las mujeres en México en distintos ámbitos. Informe sombra para el Comité CEDAW», entre 2019 y 2024 el número de hombres en prisión preventiva aumentó 13.1% y el de mujeres alcanzó un crecimiento de 33.1%. Asimismo, en 2024, el 48% de las mujeres en prisión se encontraban en prisión preventiva, en comparación con el 37% de los hombres.
En ese lapso de tiempo, las condiciones de reclusión someten a las mujeres presas al abandono de sus familias, la estigmatización, el hacinamiento y la falta de atención médica (entre muchas otras deficiencias del sistema penitenciario mexicano). De igual forma, pierden la posibilidad de ejercer derechos, como el derecho al voto, aún cuando no se ha comprobado su participación en actividades delictivas.
Desapariciones y crisis humanitaria
México supera las 130 mil personas desaparecidas registradas oficialmente desde 1952. Cada año se suman miles de nuevos casos sin que existan medidas eficaces de prevención o sanción. Asimismo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indica que hasta el corte del 5 de febrero de 2026 existen 28 mil 949 mujeres desaparecidas y no localizadas.
En marzo, un colectivo local reportó el hallazgo de restos humanos y posibles hornos clandestinos en un rancho en Jalisco. Ese mismo mes, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas inició un procedimiento inédito para determinar si esta práctica es generalizada o sistemática en el país. La presidenta rechazó que exista desaparición forzada desde el Estado.
Las familias buscadoras continúan enfrentando riesgos, sobre todo las madres buscadoras quienes se configuraron como una figura incómoda para el Gobierno de México por ser quienes han evidenciado desde hace décadas el pobre actuar de las autoridades y su incapacidad para contener las desapariciones forzadas.
No obstante, en el primer año dé Sheinbaum como presidenta 55 defensoras del derecho a la verdad, justicia y reparación, así como 6 organizaciones de mujeres fueron violentadas con un total de 211 agresiones, de ellas el 67% fueron buscadoras de personas desaparecidas.
Espacio cívico y libertad de expresión
México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En 2025, siete periodistas fueron asesinados y hubo 51 casos de acoso judicial contra comunicadores y críticos, según documentó Artículo 19. No obstante, cuando se trata de mujeres periodistas la violencia es diferenciada debido a su género.
Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) documento en su informe «Las formas del asedio. Violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador« que durante el sexenio de López Obrador ocurrieron mil 189 agresiones contra mujeres periodistas, de los cual 47 casos ocurrieron durante su conferencia Mañanera.
El organismo señaló que también persiste la violencia contra personas defensoras de derechos humanos. De acuerdo con Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), tan solo en marzo de 2024, se contabilizaron 923 agresiones contra 123 defensoras y 2 organizaciones o grupos que de igual manera representó el 13% de las 7 mil 345 agresiones registradas en el conjunto del año.
Las agresiones tuvieron como principal objetivo a las defensoras de derechos de las mujeres a una vida libre de violencia (26%), de la tierra y el territorio (23%), de la participación política (15%) y de la libertad de expresión (15%). Además, IM-Defensoras identificó discriminación por razones de género en más de la mitad de las agresiones documentadas.
