Ciudad de México.– El gobierno mexicano nuevamente busca legislar sobre feminicidio. Lo hace once años después de que una Sentencia Histórica le ordenara exactamente lo mismo que hoy promete: investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio.
En 2015 un 25 de marzo, el caso de Mariana Lima marcó un antes y un después. Su madre, Irinea Buendía, logró que la Suprema Corte obligara a las autoridades a incorporar la perspectiva de género en las investigaciones y a no descartar, de inicio, la hipótesis de feminicidio.
La propuesta presentada este martes, por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de Feminicidio, con la promesa de homologar criterios en todo el país y cerrar espacios a la impunidad.
Durante la presentación, la presidenta Sheimbaum afirmó :“una reforma en la que creo que todas y todos estamos de acuerdo. No creo que haya nadie que se oponga a que: la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio y que haya protocolos para poder castigar al responsable o a la responsable”.
Esta afirmación recuerda a Irinea Buendía, madre de Marina Lima, quien fuera asesinada por su pareja en 2010 y cuya supuesta investigación judicial determinó que había sido suicidio. Seis años después su mamá desde Chimalhuacán, el estado de México, logró el 25 de marzo de 2015, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la obligación de investigar y juzgar con perspectiva de género y que toda muerte violenta de una mujer sea juzgada como posible feminicidio, así como brindar la reparación integral por violaciones de derechos humanos.
Un mandato incumplido
La sentencia derivada del caso de Mariana Lima, impulsada por su madre, Irinea Buendía, obligó a todas las autoridades del país a investigar como posible feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer.
El fallo ante el expediente 554/2013 no solo marcó un parteaguas jurídico, también evidenció las fallas estructurales del sistema de justicia: investigaciones deficientes, prejuicios de género y la tendencia a clasificar casos de feminicdio como suicidios.
Tras esta sentencia Irinea ha recorrido 31 entidades federativas dando a conocer la Sentencia y buscando que se aplique por las autoridades judiciales.
En su comunicado de prensa Irinea señala “Si desde entonces se hubiera acatado la sentencia, se hubieran evitado cientos de feminicidios en México”.
De acuerdo con lo presentado por la fiscal general Ernestina Godoy, la nueva ley busca evitar que los Ministerios Públicos descarten de inicio la hipótesis de feminicidio, obligando a que toda muerte violenta de una mujer se investigue bajo ese supuesto desde el primer momento, tal cual lo determinó la SCJN hoy hace once años
¿Qué propone la nueva ley?
La iniciativa plantea unificar en todo el país: el tipo penal de feminicidio, las razones de género (nueve en total), las agravantes (21 supuestos) así como un Protocolos de investigación obligatorio.
Establece penas de entre 40 y 70 años de prisión, la imprescriptibilidad del delito y la pérdida de derechos del agresor sobre hijas, hijos y bienes de la víctima.
En materia institucional, propone: Fiscalías especializadas en feminicidio; personal capacitado con perspectiva de género; coordinación entre autoridades; investigación con debida diligencia reforzada, esta última señalada en diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la más reciente la que la defensora Norma Andrade logró en diciembre de 2025.
Además, incorpora el derecho a la reparación integral del daño para víctimas directas e indirectas.
Leyes hay, lo que falta es cumplirlas
Para organizaciones y familiares de víctimas entrevistadas por Cimacnoticias, el problema de fondo no es la ausencia de legislación.
Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio en febrero 2001, lo resume así: el Estado mexicano ya ha sido condenado internacionalmente no por falta de normas, sino por no aplicarlas.
La maestra que dejó todo por buscar justicia para su hija, a lo cual ha dedicado los últimos 25 años de vida, agrega que, cuando se trata de violencia contra las mujeres “la Corte Interamericana fue clara: el Estado tiene la obligación de actuar con debida diligencia reforzada”.
Y ordenó, añade, que “las instituciones funcionen, que se capacite a quienes investigan y que se evalúe si las medidas realmente sirven”.
Para Norma Andrade, el Estado (mexicano) sigue sin cumplir plenamente esas sentencias, por eso preocupa que se proponga una nueva ley como si el problema fuera la falta de normas.
Y concluye: No necesitamos más leyes en papel, necesitamos que las que existen se cumplan.
Tras el anuncio en Palacio Nacional de una nueva Ley, Norma Andrade que ha escapado a la muerte en dos ocasiones por atentados en su contra por buscar justicia para su hija es contundente:
“Las leyes no pueden hacerse sin nosotras, sin las madres, sin las familias, sin las sobrevivientes y sin las organizaciones que han acompañado estos casos”.
Porque nosotras hemos señalado lo que no funciona; un marco jurídico sobre feminicidio no puede construirse desde el escritorio.
Esta visión que comparte con Irinea Buendía, también es el sentir de Antonia Muciño, madre de Nadia Muciño Márquez, víctimas de feminicidio en 2004, quien dejó dos hijos en orfandad, después de ser testigos de la violencia de su padre.
Exige justicia ante la CIDH, madre de Nadia Muciño, víctima de feminicidio hace 17 años en Edomex
Igual que Irinea, Antonia enfrentó la impunidad en el estado de México, donde las autoridades declararon que había sido suicidio. Antonio no lo creyó y desde hace 22 años ha tocado todas las puertas en el país para exigir justicia.
En 2018 la Corte Interamericana aceptó su caso y este año se realizará el estudio de Fondo.
En sus palabras, la nueva Ley presentada este pasado martes, no resuelve el problema de fondo, de acuerdo con Antonia Muciño, con que las autoridades se apegaran a las leyes que ya se tienen, se avanzaría.
Pues, señala, sigue prevalenciendo la negligencia y la corrupción entre las autoridades y entre los servidores público que aun teniendo un marco normativo no se apegan a derecho.
Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido el refugio para las víctimas de feminicidio, así tenemos la sentencia de Campo Algodonero (2009) Digna Ochoa (2021) Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú (2010); Andrade 2025.
El reto es la voluntad política
Desde la experiencia acumulada por organizaciones acompañantes como el Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCNF), la preocupación central es que la nueva Ley repita disposiciones ya existentes sin garantizar su implementación efectiva.
De acuerdo con Luz Estrada, directora del Observatorio, el reto para avanzar está en la voluntad política de las autoridades para hacer efectivo el marco jurídico ya existente, dotar de presupuesto real para que se desarrolle lo necesario para esa aplicación, realizar los análisis de contexto.
Recordemos que gracias a la insistencia de organizaciones como el OCNF se crearon estas Unidades de Análisis de Contexto (UAC), para coadyuvan a la justicia para las mujeres en casos de feminicidio.
Entre los retos que destaca Luz Estrada sólo con lo anunciado en la conferencia matutina, están: la falta de mecanismo de rendición de cuenta institucional, pues las fallas están en la implementación y en la investigación donde los peritajes una y otra vez se hacen mal. Y, quienes les corresponde juzgar pese a tener la obligación de juzgar con perspectiva de género, no se hace.
Para Estrada si bien las leyes generales son un piso, hay que recordar que el criterio que dio la Suprema Corte para juzgar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio, no ha sido suficiente para obligar a que las autoridades la cumplan.
Por ello Luz se pregunta: cómo se obligará a que realmente con la Ley General, sí se juzgue como lo señala la Corte ¿Cómo se va aterrizar en la aplicación efectiva para cortar la impunidad patriarcal, la corrupción que pervive, pues a esto se suma la doble protección cuando el feminicida es un militar, un policía, un hombre con poder económico y político, añade la experta, quien desde hace 23 años decidió ponerse del lado de las víctimas de feminicidio y acompañar s sus familias para el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño?
Ser reconocidas más allá del discurso
En esta nueva Ley General se propone incorporar por lo menos 21 agravantes entre ellos ser mujer indígena y de acuerdo con el análisis de la antropóloga Edith Martínez Herrera, originaria del pueblo Tu’un Savi, las leyes sin aplicar no han servido.
“Nos preocupa, que se sigan generando protocolos, pronunciamientos y anuncios diciendo que “es tiempo de mujeres, o tiempo de reconocer a las mujeres indígenas”, pero, no necesitamos discursos, tampoco nuevas estructuras, se necesita que este sistema de justicia reconozca que vivimos una crisis y violencia diaria feminicida.
Para la indígena mixteca, antropóloga social de la UAM-Iztapalapa, lo que “se necesita es que las instituciones que ya existen, funcionen, que realmente hagan su trabajo, que se capaciten, que se sensibilicen. Porque la crisis de la violencia no se resuelve en el discurso sino en reconocer la realidad, puentear con quienes ya han trabajado y acompañado a mujeres y víctimas. Ahí están los saberes, no es discurso es experiencia de vida.
Hay que conocer el trabajo de las madres de las mujeres víctimas de feminicidios, las familias, las organizaciones, las colectivas feministas que han cobijado, escuchado, acompañado a estas familias e infancias que quedan desprotegidas, algo que el estado mexicano está muy lejos de hacer.
Ser mujer y ser indígena son dos obstáculos que se construyen como muros de acero. Pues ante la falta de una escucha real de las autoridades y de quienes son responsables de las investigaciones y la procuración de justicia “provoca que los casos de mujeres indígenas, muchas veces no se denuncien, porque son violentadas al llegar a las fiscalías, no existe una sensibilidad entre quienes atienen estos casos. Tienen una actitud racista hacia ellas, porque son mujeres y son indígenas que no dominan muchas veces el español, e incluso no saben leer o escribir».
Esta mujer del pueblo de la lluvia, es contundente, al referirse a la Ley General presentada el pasado martes:
“Es una ley más, no le veo lo novedoso o el compromiso político de esta administración del tiempo de mujeres”.
Orfandad por feminicidio: una deuda estructural
Uno de los apartados que de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de Feminicidio que presentó la Fiscal General y la Secretaria de las Mujeres, busca la atención a niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad tras un feminicidio.
De acuerdo con lo expuesto por la Subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar, la ley contempla: la creación de un Registro Nacional de menores en orfandad por feminicidio; acceso a salud, educación y seguridad social; atención psicológica especializada, medidas de restitución de derechos.
Infancias en orfandad por feminicidio olvidadas. Urge registro nacional: OCNF
Sin embargo, investigaciones periodísticas de Cimacnoticias han documentado que esta problemática ha sido invisibilizada durante años, y más recientemente tuvo respuestas torpes por parte de las autoridades. Como en su momento el Protocolo Nacional de Atención que el entonces Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) presentó en agosto de 2021, el cual nunca operó porque jamás clarificó a la autoridad responsable para operar ni se dieron los recursos para ello.
Cientos de niñas y niños que pierden a sus madres quedan, en muchos casos, fuera de políticas públicas integrales, enfrentando procesos legales, abandono institucional y precariedad económica, hechos que recaen en las abuelas, tías o hermanas, quienes además de buscar justicia maternan a niñas y niños con graves afectaciones psicoemocionales, por la orfandad, por la violencia vivida y en ocasiones por ser testigos del feminicidio de sus madres.
Para organizaciones civiles, la inclusión del tema en la ley es relevante, pero insuficiente si no se traduce en programas con presupuesto, seguimiento y evaluación.
Un informe del desaparecido Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) identificó al menos 5 mil infantes en esta condición entre 2018 y 2021.
En el marco de las reuniones para la presentación del informe del Estado Mexicano ante las Expertas de la Convención contra Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que se realizaron en 2025, las autoridades señalaron que se estima que cada año la violencia feminicida deja entre 700 y 800 niñas y niños en orfandad.
Ya que 70 por ciento de las mujeres víctimas de feminicidio eran madres de entre 1 y dos hijas e hijos y que en los últimos 10 años, 8 mil niñas y niños han quedado huérfanos por la violencia machista.
A esto se suma que a lo largo de 10 comparecencias del Estado mexicano ante instancias internacionales de Derechos humanos ha acumulado casi 300 recomendaciones; 8 de cada 10 están incumplidas, y es precisamente la violencia feminicida una de las grandes preocupaciones a nivel internacional en las instancias como Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Examen Periódico Universal.
Conceptualizar es política
En tres décadas del registro y sistematización de los daños profundos de la violencia feminicida en México, un primer acercamiento a esta violencia extrema es precisamente como la describió la presidenta Sheinbaum: un crimen contra las mujeres por el simple hecho de ser mujer.
La concepción de la violencia feminicida, que puede o no terminar en un crimen contra las mujeres implica reconocer que “la violencia llamada feminicidio es un quebranto a la seguridad vital de todas las mujeres y las niñas en México… expropian los cuerpos, las sexualidades, las actividades, los productos de esos cuerpos y subjetividades, expropian a las y los hijos de esas mujeres, invisibilizando el trabajo de las mujeres”, explicó Marcela Lagarde y de los Ríos, en una entrevista concedida a Cimacnoticias.
Es, dice la autora de la Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV): “odio misógino contra mujeres, que cuenta con una enorme tolerancia social a la violencia de los hombres machistas, sexistas, clasistas, violentos, iracundos, que son un estereotipo de género fomentado en nuestro patriarcal país.
Además, la tolerancia del Estado genera una gran impunidad que se vuelve parte del feminicidio, no es que agrave, es parte y el día que logremos erradicar la impunidad estaremos más cerca de erradicar los feminicidios de la faz del mundo global”.
