Ciudad de México.- Las leyes restrictivas contra la libertad de expresión crecen en México y esta vez se da un caso en el Congreso de Tamaulipas, luego que la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) presentó una iniciativa para crear el Colegio de Periodistas con el objetivo de emitir recomendaciones éticas y extrañamientos públicos; sin embargo, la Red de Mujeres Periodistas de la entidad alertó sobre sus posibles consecuencias.
De acuerdo con la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, la iniciativa de la diputada que reformaría la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el estado se presenta como un modelo de autorregulación con un esquema que permite evaluar, exhibir y desacreditar públicamente a periodistas, lo cual «puede generar presión, inhibición y posible censura directa», denuncian.
Puede generar consecuencias sociales para las y los periodistas a quienes reciban una recomendación ética o extrañamiento del Colegio de Periodistas.
Ante este panorama, la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas expresó su preocupación ante la propuesta de esta ley sin consulta previa, abierta y plural con el gremio periodístico. A su vez, pensando en una perspectiva de género advirtieron que este tipo de mecanismos pueden profundizar las violencias ya existentes contra las mujeres periodistas quienes por su género enfrentan las restricciones a la libertad de expresión de forma diferenciada con campañas de desprestigio, acoso o deslegitimación de su trabajo.
Además, la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, expresaron que la libertad de expresión no puede estar sujeta a órganos que determinen qué acciones son éticas y cuáles no.
Cabe señalar que la propuesta de esta reforma se enmarca en el contexto de represión contra las personas periodistas que se vive en México. De acuerdo con la clasificación de Reporteros Sin Fronteras (RSF), México es el país número 124 de una lista de 180 donde se puede ejercer la libertad de expresión sin restricciones y año con año se mantiene como uno de los territorios más peligrosos y letales para ejercer el periodismo.
Desde 2025, en México se han presentado diferentes iniciativas, ya sea que tengan que ver directamente o indirectamente con el ejercicio periodístico, que han llegado a convertirse en leyes que ponen en juego la libertad de expresión como la Ley del Ciberasedio en Puebla o la Ley contra la Extorsión a nivel federal, de los cuales Programa de Libertad de Expresión y Género en CIMAC ha mapeado anteriormente.
En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) registró 385 agresiones contra mujeres periodistas, 338 de ellas ocurrieron durante 2025, siendo ésta la cifra más alta documentada por la organización. Antes de esta administración, la organización documentó que en el sexenio de López Obrador existieron mil 189 agresiones contra ellas.
En su informe «Entre el discurso y la desprotección», se dio a conocer que entre los tipos de agresiones contra las mujeres periodistas existieron amenazas (14.79%), descrédito de su labor y estigmatización (13.91%), intimidación (10.36%), hostigamiento (9.47%) y campaña de desprestigio (8.88%). En los casos donde existen graves violaciones a los derechos humanos se encuentra la privación ilegal de la libertad, detención arbitraria, agresión sexual, feminicidio y atentado.
Entre los perfiles de las mujeres periodistas agredidas, el PLEG encontró que la mayoría fueron directoras (41.12%), reporteras (38.46%), columnistas (3.85%), locutoras (3.55%) y periodistas de investigación (3.25%). La mayoría de ellas laboraban en medios digitales (68.93%) o impresos (10.36%) y se dedicaban a las fuentes de política, derechos humanos, seguridad y sociedad.
Respecto a los perpetuadores de violencia, la mayoría fueron funcionarios estatales (19.53%), funcionarios municipales (12.72%), civil (11.83%), otros periodistas (8.58%) y medio (7.1%). Dichas mujeres fueron violentadas desde espacios institucionales, comunitarios, digitales, laborales y feminicidas en los cuales se ejerció violencia psicológica, física, económica, patrimonial y sexual.
Ante la propuesta legislativa, la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas hizo un llamado para retirar de inmediato la iniciativa, abrir un proceso de diálogo con periodistas, organizaciones y especialistas de la libertad de expresión, así como respeto por los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de prensa.
«El periodismo libre no se regula desde el poder. Se ejerce con autonomía, ética y responsabilidad social, sin mecanismos de control institucional.» -Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas.
¿Qué dice la iniciativa sobre el Colegio de Periodistas?
De acuerdo con la iniciativa, se busca reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Tamaulipas donde se describe que el Colegio de Periodistas será una «asociación de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrada por personas físicas o morales que ejerzan profesionalmente el periodismo».
Tendrá como labor elaborar y difundir un Código de ética Periodística, promover la capacitación del gremio, contribuir a la defensa de la libertad de expresión, recibir y analizar las quejas relacionadas a faltas éticas, y publicar informes anuales sobre estantes éticos del ejercicio periodístico en el estado. Para su integración se establece que se regirán por estatutos y principios de paridad de género, transparencia, legalidad, imparcialidad y debido proceso.
De existir una queja o falta ética se seguirá un proceso por escrito donde se garantizará una notificación formal a la periodista señalada o señalado, derecho de audiencia y defensa, valoración objetiva de pruebas, resolución fundada y motivada, y derecho a recurso interno de revisión.
El objetivo del Colegio de Periodistas será «promover la ética profesionalización, libertad de expresión y responsabilidad social» a través de recomendaciones éticas que se traducen a pronunciamientos públicos de carácter orientados y no sancionatorio emitidos por el Colegio de Periodistas o por la Coordinación Estatal respecto a conductas relacionadas con el periodismo.
Dichas recomendaciones podrán sugerir: rectificación o aclaración pública, capacitación profesional, medidas de mejora en prácticas editoriales y una disculpa pública cuando proceda.
También podrán realizar extrañamientos públicos o declaraciones donde se desaprueben acciones no éticas que, aunque no tendrán una sanción, prohibición, suspensión, restricción laboral o censura, la iniciativa especifica que sí habrá «efectos reputacionales».
Las resoluciones del Colegio de Periodistas podrán ser públicas, a menos que se requiera una reserva parcial en la protección de datos personales o seguridad de la persona periodista señalada.
A su vez, la iniciativa propone que sea la Coordinación Estatal —órgano que toma las decisiones para proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas—, quien celebre convenios de coordinación con el Colegio de Periodistas para «prevenir agresiones, obtener capacitaciones y promover estándares éticos».
