El Salvador ha proyectado ante el mundo una imagen de transformación radical. El aplaudido discurso de «cero homicidios» inunda las redes sociales y los titulares internacionales, vendiendo la narrativa de un país que finalmente ha derrotado a la violencia.
Sin embargo, detrás de las cifras oficiales y la militarización de la seguridad pública, persiste una tragedia silenciosa y devastadora: el éxodo continuo de miles de mujeres que huyen no de un espejismo, sino de violencias cotidianas y estructurales que el Estado se niega a ver.
Las estadísticas son contundentes y desmantelan cualquier ilusión de paz total. Entre 2014 y 2019 se reportaron más de 22 mil desapariciones con una alta incidencia en mujeres, y solo entre 2019 y 2022 se documentaron 565 muertes violentas, de las cuales 319 fueron feminicidios.
Más alarmante aún es que la trata de personas hacia mujeres aumentó un 43% entre mediados de 2024 y 2025. Para las mujeres salvadoreñas, la migración no suele ser un proyecto en busca del «sueño americano», sino un grito desesperado por la supervivencia. Huyen de la extorsión, la violencia de género, la violencia intrafamiliar y la marginación.
Y cuando deciden (o son obligadas a) cruzar las fronteras, inician un tránsito marcado por el horror.
Los corredores mexicanos se convierten en escenarios donde la extorsión y la violencia son el peaje cotidiano. En 2024, más de 15 mil salvadoreñas transitaban de forma migratoria irregular por México; invisibles, sin acceso a salud, justicia o asilo. Peor suerte corren cuando el trayecto termina en un retorno forzado. Quienes son deportadas regresan al mismo contexto del que huyeron, ahora cargando el estigma social de haber fracasado y enfrentando la falta total de programas estatales para su reinserción digna.
Lo más frustrante es que las herramientas jurídicas para protegerlas existen. Leyes como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) o la Ley Crecer Juntos dictan mandatos claros sobre la protección, la atención especializada y el acceso a la salud. No obstante, en la práctica, son simples «documentos sin vida». Las instituciones carecen de coordinación, el personal no cuenta con enfoque de género y las barreras burocráticas revictimizan a quienes denuncian.
Así lo refleja el documento «Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad en El Salvador», el cual traza el marco jurídico internacional y nacional que protege a las mujeres salvadoreñas y migrantes en ese territorio, pero como en toda América Latina la progresividad en la legislación es letra muerta cuando no se etiquetan recursos, no se capacita a las autoridades, no se generan procesos coordinados entre las dependencias o simplemente no hay voluntad política, dejando la vida de las mujeres al margen de la protección.
Frente al abandono estatal y la criminalización promovida desde los medios oficiales, han sido las organizaciones de la sociedad civil y las redes comunitarias quienes han sostenido el tejido humanitario. Grupos locales organizados se encargan de proveer espacios seguros y asesoría ante la asfixia de la falta de financiamiento internacional.
La paz de un país no puede medirse únicamente por la ausencia de homicidios reportados si sus mujeres siguen desapareciendo, sufriendo violencia o viéndose obligadas a desplazarse forzadamente para salvar su vida.
La verdadera transformación institucional de El Salvador llegará el día en que reconozca a las mujeres en movilidad como sujetas plenas de derechos, destinando presupuesto y voluntad política para construir un sistema de protección real, y deje de esconder su vulnerabilidad bajo la alfombra de un marketing político triunfalista.
