Ciudad de México.- El Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) convocar a una reunión con las instituciones involucradas en el esclarecimiento del caso para conocer el avance de las investigaciones, incluir más líneas de investigación, solicitar la ayuda internacional y no ser reprimidos ni criminalizados por sus demandas y que esta reunión no sustituya las que sostienen con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En un comunicado dirigido a la titular de la Segob, Rosa Icela Velázquez Rodríguez, las madres y padres de los estudiantes pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) les informe sobre los avances de las líneas de investigación, que afirmaron, fueron abandonadas desde 2024.
Cabe recordar que el 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, tenía como objetivo salir de la ciudad de Iguala, Guerrero, en autobuses con destino a la Ciudad de México, para unirse a la conmemoración del aniversario del 2 de octubre.
De acuerdo con información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien ha documentado el caso, “el 26 de septiembre de 2014, Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses.
Auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos”.
De lo documentado por el Agustín Pro el saldo de aquella noche fueron 43 estudiantes desaparecidos, 6 personas ejecutadas (entre ellas 3 normalistas), al menos 40 personas lesionadas entre las que se encuentran 2 estudiantes que presentaron afectaciones graves y permanentes a su salud.
“En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados”, detalló el Pro.
En el comunicado enviado a la titular de la Segob, el Comité de madres y padres de los 43, recordaron que desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) lograron desacreditar la llamada “verdad histórica” del entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien afirmó que los policías municipales entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula, para posteriormente tirar sus restos al Río San Juan, al concluir que las investigaciones iniciales estuvieron marcadas por irregularidades, alteración de evidencias y actos de tortura.
Asimismo, destacaron que las indagatorias posteriores permitieron identificar la participación de cuerpos de seguridad e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos en la desaparición de los estudiantes, así como el hallazgo de restos identificados de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Las madres y padres pidieron a la FGR, retomar las líneas de investigación hechas hasta 2024, o bien, abrir nuevas líneas prioritarias en las que incluyan: la barandilla de la Policía Municipal de Iguala y el presunto traslado de estudiantes a otros puntos, con base en documentos de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (Cerfi) y la colonia Jardines del Sol y la Laguna de Tuxpan, lugares donde se presume, habrían sido llevados al menos 11 estudiantes.
También pidieron instalar una comisión de trabajo integrada por 5 madres y padres de los 43 estudiantes, cuatro asesores jurídicos, representantes de la CoVAJ así como integrantes de la UEILCA.
El objetivo de esta comisión sería analizar exhaustivamente los 33 documentos Cerfi identificados hasta ahora para obtener información que pueda convertirse en nuevas líneas de investigación y posibles procesos judiciales.
Exigen extradiciones y cooperación internacional
El Comité también solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores realizar las gestiones necesarias para lograr la extradición de exfuncionarios que consideran como prófugos de la justicia como Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé y solicitar nuevamente la asistencia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para fortalecer las investigaciones y sugerir nuevas líneas de búsqueda, ya que su participación fue crucial para desmontar la “verdad histórica” y que pudieran abrirse nuevas líneas de investigación.
Finalmente, solicitaron a la Segob garantías de que no serán criminalizados ni reprimidos por sus demandas, que no se abrirán carpetas penales en su contra, así como respetar el derecho a la libre manifestación y a la exigencia de verdad y de justicia.
