Ciudad de México.- A pesar de los reiterados compromisos del gobierno federal para corregir las deficiencias del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNL), el principal obstáculo no sólo es operativo, es presupuestal y de coordinación institucional, advirtió el especialista en derechos humanos, Edgar Cortez.
Cabe recordar que la creación de este Registro fue una exigencia de las familias de personas desaparecidas cuando se elaboró la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
Entrevistado por Cimacnoticias, señaló que el Registro tiene problemas respecto a la calidad de la información, duplicidades y errores que han sido reconocidos por distintas administraciones. Sin embargo, los intentos por corregirlos no han prosperado debido a que la información es capturada principalmente por autoridades estatales y locales, como comisiones de búsqueda, fiscalías y comisiones de atención a víctimas.
En su opinión, para mejorar el Registro es necesaria una estrategia nacional coordinada con los estados, acompañada de una metodología, supervisión y recursos suficientes, pero a la fecha, no existe un programa integral que permita atender de manera estructural estas necesidades.
“Todo mundo sabe y ha dicho que el RNPDNL tiene problemas, tiene información de mala calidad y el gobierno federal ha ofrecido en tres ocasiones que lo va a arreglar. Cuando estuvo Karla Quintana, dijo que lo iba a arreglar. Y no pasó. Cuando llegó Teresa Guadalupe Reyes Sahagún dijo que lo iba a arreglar y no pasó. Hoy la actual titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) dice que lo va a arreglar y no lo ha hecho y no ha empezado. Y es porque aunque el gobierno federal y la Comisión digan que lo quieren arreglar, no tienen la capacidad de hacerlo porque quienes cargan la información del Registro son las autoridades locales, las comisiones locales de búsqueda, las fiscalías, las comisiones de atención a víctima. El problema está en lo local”.
“Entonces aunque el gobierno Federal diga que va a resolver ese problema, si no hay una estrategia y un trabajo muy coordinado que suceda en los estados, no va a pasar”.
Cuestionado sobre el presupuesto asignado para la búsqueda de personas en el país, el colaborador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C, precisó que no existe como tal un presupuesto específico designado y etiquetado para las tareas de búsqueda y para la depuración del Registro, lo que hay son recursos que se distribuyen a través de los presupuestos generales de la CNB y de las comisiones estatales.
Agregó que la CNB cuenta con un presupuesto aproximado superior a los mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente 800 millones se destinan a subsidios para las comisiones locales de búsqueda. Estos recursos, dijo, pueden utilizarse para la adquisición de equipo, materiales e incluso el pago de salarios, conforme a lineamientos establecidos por el gobierno federal.
Las comisiones estatales, por su parte, complementan esos apoyos con recursos otorgados por los gobiernos locales. No obstante, no existe un mecanismo que permita identificar con precisión cuánto dinero se destina específicamente a acciones de búsqueda o a la mejora del Registro Nacional.
La ausencia de una asignación presupuestal claramente definida dificulta la planeación, la evaluación de resultados y la implementación de soluciones de largo plazo.
Ante el próximo panorama electoral en el que se renovarán congresos y gobiernos estatales y la posibilidad de que el tema se convierta en tema de agenda, el defensor insistió en que mientras no exista una estrategia clara que le de rumbo a los esfuerzos que se hacen y puedan medirse los resultados, lo que tendremos son promesas políticas.
“Como la absurda que oímos de Andrés Manuel López Obrador de que para ese tema hay recursos ilimitados. Eso es mentira. No hay recursos ilimitados. Entonces decir ese tipo de cosas, o esto de ‘estamos atendiendo a las familias’, sí, se reúnen con ellas, pero no están generando una solución estructural acorde al tamaño y a la complejidad de los problemas”, concluyó.
De acuerdo con el informe de la Red Lupa (integrada por mujeres, personas buscadoras y acompañantes que, entre otras actividades, da seguimiento a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares) al 16 de mayo de este año, documentó 134 mil 257 personas desaparecidas, de las cuales 29 mil 027 correspondieron a mujeres (21.62 por ciento).
De 2025 a 2026 la desaparición de personas aumentó 4.83 por ciento; mientras que el porcentaje promedio de crecimiento anual registrado desde 2022 fue de 7.60 por ciento.
Este mismo reporte señala que en un año (de 2025 a 2026), 28 estados aumentaron el porcentaje de personas desaparecidas. Destacan Campeche con un incremento de 59 por ciento de casos y Guanajuato, con 54 por ciento, en comparación con lo registrado en 2025.
