Ciudad de México.- Luego que el pasado 2 de abril se diera a conocer que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitara al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas que remitiera urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que esta considere medidas destinadas a apoyar a México en la prevención, investigación, castigo y erradicación de esta situación, Amnistía Internacional celebró el avance en este caso.
Al momento, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), indica que en México hay 135 mil 072 personas desaparecidas de las cuales 29 mil 277 son mujeres.
En un comunicado la organización confirmó que el Secretario General de las Naciones Unidas ha transmitido la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas sobre la situación de las desapariciones en México en aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
«Esta decisión constituye un reconocimiento de la gravedad y persistencia de la crisis que enfrentan miles de familias en el país, así como de años de trabajo, documentación y exigencia de verdad y justicia impulsados por personas buscadoras, colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos». AI
Recordemos que fue ese mismo 2 de abril, cuando el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) hizo pública la información de desapariciones en México.
En su decisión, publicada hoy en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que:
«En México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país».
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), señaló que la magnitud de los casos de personas desaparecidas pone de relieve la gravedad de la situación, por lo que citaron el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4 mil 500 fosas, que contienen más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, además de unos 72 mil restos humanos no identificados.
Todo esto el CED le pediría a México que considere la posibilidad de adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para la operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.
Hay que señalar que toda la información presentada ante el CED de la ONU fue presentada por la sociedad civil y además información recopilada por el Comité desde 2012, entre otras cosas a través de exámenes periódicos, su visita al país en 2021 y las solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas.
«La atención de la Asamblea General representa una oportunidad histórica para que el Estado mexicano asuma con la seriedad y urgencia que demanda esta crisis los desafíos pendientes en materia de prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación».
No perdamos de vista que tras estas declaraciones el Gobierno de México inmediatamente emitió un comunicando rechazando este informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) indicando que «la decisión del Comité es parcial y sesgada», porque omitió considerar los esfuerzos institucionales presentados.
Ante el avance de exponer la situación de crisis de desaparición en México ante la Asamblea General de la ONU y la respuesta del Estado mexicano, Amnistía Internacional señaló que:
«Lejos de entenderse como una confrontación, este proceso debe ser visto como una oportunidad para fortalecer las respuestas institucionales, garantizar los derechos de las víctimas y avanzar hacia soluciones estructurales».
Además, concluyeron que con esta situación el país tiene la posibilidad de demostrar su compromiso con los derechos humanos, pero en especial atender las demandas de las familias que buscan a sus familiares.
