Ciudad de México.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) expresó su indignación y preocupación ante el feminicidio de Jessica Magdalena, mujer de 33 años desaparecida el pasado 10 de junio en León, Guanajuato, y posteriormente localizada sin vida.
Lamentablemente, este caso no es un hecho aislado, informaron las defensoras.
Detallaron que el feminicidio de Jessica Magdalena forma parte de un contexto grave de violencia feminicida y desapariciones que persiste en Guanajuato. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, No Localizadas y Localizadas, hasta la fecha se reportan 10 mil 354 mujeres desaparecidas en la entidad, sin que exista aún claridad sobre cuántas han sido localizadas.
Además, según información oficial, Guanajuato se encuentra entre los seis estados que concentran alrededor del 51% de los casos de niñas y mujeres desaparecidas en el país. Estas cifras evidencian una crisis estructural que el Estado no ha logrado atender de manera eficaz.
Ante este escenario, el OCNF considera urgente que la Secretaría de las Mujeres revise las medidas establecidas en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Guanajuato, emitida en septiembre de 2024.
Esto debido a que en la solicitud de declaratoria de la Alerta de Género para Guanajuato se establecieron acciones concretas en materia de prevención, seguridad y legislación.
Entre ellas, garantizar el acceso público a la información sobre desaparición de mujeres, adolescentes y niñas y su relación con contextos de violencia contra las mujeres; implementar estrategias con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos para atender la desaparición; poner en marcha un programa estatal de búsqueda con perspectiva de género, interseccionalidad y enfoque de derechos humanos; y armonizar la normativa local en materia de feminicidio y desaparición.
Las defensoras del OCNF señalaron como «preocupante» que a casi dos años de su activación, sigue sin existir un dictamen claro, público y actualizado del grupo interinstitucional y multidisciplinario, a cargo de la Secretaría de las Mujeres federal, que evalúe el cumplimiento de esas medidas. Esta falta de seguimiento y evaluación efectiva es inadmisible, porque impide saber si las medidas implementadas fueron realmente adecuadas, si resultaron suficientes o si el Estado las está aplicando debidamente para proteger la vida e integridad de las mujeres.
Cabe mencionar que la Alerta de Violencia de Género fue creada como una herramienta para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. No sustituye la política ordinaria del Estado; la obliga a fortalecerse cuando no está dando resultados. Por eso, si no se evalúa, pierde sentido, y si no se corrige lo que no funciona, la vida de las mujeres seguirá en riesgo.
A más de 18 años de la creación de este mecanismo en el país, advirtieron las defensoras: sigue siendo evidente que su implementación ha enfrentado resistencias institucionales tanto a nivel federal como local.
Por eso concluyeron en su comunicación pública que si la violencia feminicida persiste y las desapariciones continúan, el Estado está obligado a revisar qué está fallando en la búsqueda e investigación para la prevención y en la atención inmediata a estas violencias.
Por lo que hicieron un llamado para revisar y fortalecer las medidas de la alerta de género, consideradas por el grupo de trabajo para atender esta problemática, con la finalidad de verificar si deben ser reforzadas o corregidas.
