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Zona de Reflexión

Columna de opinión sobre diversos temas, feminismo, política, economía, justicia, violencia, libertad de expresión.

El patriarcado político se siente herido en el orgullo y como siempre reacciona uniendo fuerza para detener lo que él piensa que tiene por derecho divino, aunque, por derechos humanos no le corresponda.

Por ello, ahora los patriarcas partidarios enfrentan una revuelta, especialmente en Morena, que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, porque su autoritarismo desató una oposición firme de diputadas y senadoras de sus propios partidos que han dicho que la reforma que busca disminuir atribuciones al Tribunal Electoral, no pasará.

Pensaron que sería fastrack, pero se han topado con las mujeres conscientes dentro y fuera de sus partidos quienes están alertas a las tentaciones regresivas de los derechos políticos de las mujeres y se ha creado una onda expansiva que puede salirles muy cara.

Cuando el Plan B estaba en discusión en el Congreso, la oposición aseguró que su actuar era por la defensa de la democracia y evitar el debilitamiento de la institución electoral.

Flaca memoria tiene, pues apenas unos días después de esta odisea, el pacto patriarcal hace su aparición actuando totalmente en sentido contrario, pues seis de los siete líderes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidieron en lo oscurito, acotar, dicen ellos, las funciones del Tribunal Electoral bajo el argumento de salvaguardar la vida interna de los partidos políticos, hay que decir que a este pacto no se sumó Movimiento Ciudadano.

La reforma que impulsan los patriarcas políticos que enfrentan la oposición de sus compañeras legisladoras, así como de magistradas y redes de mujeres políticas de todo el país en la pluralidad, ha impedido cerrar la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, que se encuentra en sesión permanente desde el pasado martes 11 de abril.

Los patriarcas partidarios quieren que el Tribunal Electoral ciña sus decisiones a la “literalidad de los preceptos constitucionales y legales” y la segunda, que no entren a la vida internas de los partidos, aun cuando violen derechos políticos, en este aspecto especialmente hacen el señalamiento de que en paridad ellos, los partidos, decidan cómo hacerlo y de qué manera cumplirla.

Y para colmo, no solo los líderes de las bancadas están en el pacto, sino que incluso ya el secretario de Gobernación, Adan Augusto, se sumó, aun cuando no conoce por completo la iniciativa, dicho por él, ya la defiende, y asegura que en materia de paridad no hay retroceso y vuelve a reiterar el argumento de que busca acotar al tribunal electoral, que según él se había excedido.

Como bien lo señala el tuit de Mujeres en Plural, “el retroceso que plantea la iniciativa de los seis lideres partidarios, no está en el principio constitucional de paridad, sino al modificar competencias y atribuciones de Tribunal electoral para garantizar el cumplimiento de ese principio”.

Porque hay que recordar que ha sido precisamente a través del Tribunal Electoral que la militancia se ha defendido de los abusos y violaciones de derechos de su dirigencia y grupos de poder que existen dentro de estos.

Un ejemplo clarísimo han sido precisamente las mujeres de los partidos quienes a fuerza de sentencia han podido avanzar para lograr que sus derechos políticos electorales sean respetados.

Recordemos el año 2009 donde los partidos permitieron el fraude de la entonces cuota de género, al colocar en las candidaturas propietarias a las esposas, madres, novias etc., de los hombres suplentes con el propósito de garantizar su llegada como legisladores, pues ellas renunciarían una vez electas para dejarles el lugar.

Después de ello vino la sentencia 12624 tras la denuncia de mujeres de diversos partidos, esta sentencia garantizó para todas las mujeres, el respeto de la conformación de las listas de candidaturas y evitar el fraude, por ello todas las candidaturas femeninas tienen propietaria y suplente mujer.

Pero además las mujeres indígenas y otras minorías han tenido que recurrir al Tribunal Electoral para hacer efectivos sus derechos. Y esta es lo que se está minando el pacto patriarcal de los lideres del PAN, PRI, PRD, Morena, Verde y PT al quitarle al tribunal la posibilidad de revisar cómo aplica los principios y garantiza los derechos.

Eso es lo que está en el fondo del pacto de los líderes partidarios la desprotección de derechos políticos y en la práctica están reviviendo el Plan B que dijeron rechazar.

Este actuar desnuda la forma patriarcal de hacer política, donde la democracia y el respeto al acuerdo y consenso se ve hecho añicos por apostarle a la disciplina a ciegas de sus bancadas.

Estos que se dicen cuidadores de la democracia, quieren la democracia chiquita, aquella que solo beneficia a los grupos de poder lo cual se opone con la democracia amplia, plural, incluyentes que están defendiendo las mujeres.

La moneda esta en el aíre y lo mejor es que lo señores tomen sus abusos y aprendan a construir en consenso y diálogo.

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Por más que se quieran sacudir la responsabilidad las autoridades mexicanas no tienen para donde hacerse, lo ocurrido en la Estancia Provisional Migratoria de Ciudad Juárez, es una responsabilidad de Estado y de Gobierno.

Antes de lo ocurrido en Ciudad Juárez ya estaban los avisos y las instituciones no se movieron para atenderlos. Vimos crecer las violaciones a los derechos humanos de personas migrantes frente a excusas gubernamentales. El feminicidio de la ciudadana salvadoreña Victoria Salazar hace 700 días en Quintana Roo es producto de esa responsabilidad de Estado y gobierno, que ha dejado como respuesta la brutalidad.

En el caso de Victoria, la brutalidad policial de Tulum le rompió el cuello. Y es también, por desgracia, producto de la xenofobia que se ha sembrado en la sociedad.

Otros hechos terribles revelaban la mala política migratoria del actual gobierno, las Estancias donde aprisionan a las personas migrantes, son la evidencia, de que el humanismo que dice profesar no existe y está cobrando vidas, como la niña de origen guatemalteco de diez años de edad que por mala atención medica tras caer de la litera de la Estación migratoria las Agujas aquí en la Ciudad de México, murió en 2019.

Y no quiere decir que antes estábamos sin estos horrores, el problema crece porque no se quiere reconocer que no se han tomado buenas decisiones.

Los datos están a la luz, del 2019 al 2020 la organización Human Rights First, rastreo 13 mil 480 ataques contra personas migrantes, ya sea asesinato, tortura, secuestro, violación y otros hechos terribles que ocurrieron en nuestro país.

Victoria Salazar, de ciudadanía salvadoreña, tenía cinco años viviendo en México, estaba reconocida por las autoridades como refugiada, contaba con visa humanitaria de esas que tanto se presumieron por el gobierno de Andrés Manuel, pero era migrante y ese simple hecho hizo que el estigma que pesa sobre la población migrante desatara la brutalidad policial que la mató, el 27 de marzo de 2021, sus verdugos fueron policías de Tulum.

Una fecha que trágicamente coincide con lo ocurrido en Ciudad Juárez cuya falta de humanidad hizo que el 27 de marzo los funcionarios del Instituto Nacional de Migración que estaba presente en la estancia migratoria huyeran del lugar dejando a la población migrante atrapada ante un incendio que anunciaba salirse de control, como sabemos.

Tras el feminicidio de Victoria el presidente de México aseguró en su conferencia de prensa matutina que no habría impunidad, que se castigaría a los responsables, que no volvería ocurrir, dos años después de estas promesas, vemos cómo a las palabras se las lleva el humo de un incendio.

Tanto el feminicidio de Victoria Salazar como lo ocurrido en la Estación Provisional en Ciudad Juárez, guardan el tufillo de la xenofobia y la estigmatización hacia las personas migrantes.

Cuando los policías de Tulum mataron a Victoria Salazar y se convirtió en noticia internacional se recuperaron los resultados de una encuesta que realizó, conjuntamente, The Washington Post y el periódico Reforma, que reveló el arraigo del sentimiento antinmigrante en México, seis de cada 10 mexicanos, según la encuesta, dicen que las personas migrantes son una carga para el país porque se quedan con trabajos y beneficios que deberían pertenecer a los mexicanos y 55 por ciento de las personas mexicanas están en favor de deportar a migrantes que viajen a lo largo México para llegar a Estados Unidos.

Esta xenofobia alimenta las tragedias humanas de las personas migrantes como las de Victoria Salazar, la pequeña de diez años y 39 personas migrantes encerradas en la estación migratoria responsabilidad del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, la repetición de las tragedias y los horrores se ancla en la impunidad que rodea a cada una.

Dos años después del feminicidio de Victoria, los policías detenidos no tienen sentencia porque las audiencias no se han podido llevar a cabo como deben por falta de compromiso del poder judicial, no hay un solo funcionario en la cadena de mando que haya sido sancionado, la hija de Victoria que sufrió violencia sexual, tampoco ha tenido justicia y los agravios siguen creciendo.

Ningún gobierno ni el mexicano ni el salvadoreño ha cumplido su palabra de cuidar de las hijas de Victoria quienes han quedado a cargo de la abuela en condiciones de precariedad, la misma pobreza de la cual estaba buscando salir victoria y por eso migró a México para ofrecerles a sus hijas una vida mejor y dolorosamente están peor.

La reparación del daño por parte del gobierno mexicano es una burla, a lo más que se ha llegado es al ofrecimiento de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas de pagar las terapias de las hijas de Victoria sin que hasta el día de hoy se haya concretado.Cuántas muertes tendrá que cargar en este gobierno para que las cosas cambien y cuándo se empezará a sembrar el respeto a la movilidad humana, para dejar atrás estas historias de horror.

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Señala la lingüista Debora Tannen que el lenguaje no es neutral, tiene intenciones y matices, conscientes o inconscientes, directos o no. Somos lo que decimos, lo que hacemos al decir, por ello las palabras importan y el lenguaje moldea.

Aunado al lenguaje es necesario mirar el discurso que se construye, porque el discurso reconocido como un constructo social, es reflejo de una sociedad y a la vez creadora de la misma. Surge de un medio determinado, social, político, ideológico y cultural. Refleja supuestamente, la sociedad como mediador, y construye una ideología, cosmovisión, visión del mundo, que a su vez puede reproducir las relaciones sociales y por supuesto las de género, explica Tannen.

No hacernos cargo de las palabras, ni del lenguaje y del discurso que emitimos no solo es tramposo sino falto de ética, especialmente cuando se ocupa un lugar de poder.

Los hechos recientes ocurridos el fin de semana en la movilización gubernamental, confirman lo que han dicho varias organizaciones, que el discurso de odio que se emite desde presidencia tiene consecuencias graves.

Que un grupo ciudadano haya decidido quemar la figura de la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), Norma Piña,  nos evidencia el odio que se ha sembrado contra las instituciones que no son dóciles a los deseos presidenciales, y más el  rencor en contra de personas concretas, en esta ocasión es contra la primera mujer en presidir la Suprema Corte,  en un país, donde se asesinan, desaparecen y queman a las mujeres por ser mujeres, que se haga una fiesta de la quema de la figura de una mujer en una plaza pública es doblemente grave, porque refuerza la permisividad social y estatal de la violencia en contra de ellas.

Hemos visto en distintos momentos y lugares del mundo, escenas donde la ciudadanía queman banderas o figuras de cartón principalmente de gobiernos derrocados, cuya base de esto es el odio. Odio por creer que una nación, con razón o sin ella, les oprime, odio contra dictadores que son derrocado y que han sembrado mucho dolor, odio contra las personas que se buscan eliminar y la quema de sus siluetas de cartón son un símbolo y un mensaje de querer convertirlos en cenizas.

La quema de la figura de la ministra Piña, quien lleva apenas dos meses y días en el encargo, con todos los discursos presidenciales en su contra, que la señalan, sin pruebas, de corrupta son el resultado de un discurso misógino cargado de sexismo y machismo.

Lo que vive la ministra Piña se enmarca en la violencia simbólica que hace un año quedó plasmada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, es decir, que lo que hasta hoy ha vivido la ministra es la expresión y difusión de un discurso público que reproduce la desigualdad y discriminación de la ministra.

Donde la desigualdad de poder está claramente marcada entre un presidente de un país con todos los micrófonos para reproducir su mensaje, frente a una ministra, que desde el principio se colocó su reputación en entredicho sin mostrar ninguna prueba.

Aún más, lo que vive la Ministra Piña puede caer en el supuesto de violencia política por razones de género, pues  de acuerdo con la definición que hace el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres),  esta se entiende como “todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticos – electoral, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.

Y más aún, el propio Inmujeres señala que “Este tipo de violencia obedece generalmente al ejercicio del poder contra las personas opositoras, para que se abstengan de dirigirse contra el sistema o política imperante. La violencia política puede ser perpetuada por agentes del Estado.”

Y no es acaso lo que vive la ministra presidenta. Cómo ejercer la presidencia de la suprema corte, siendo la primera mujer en encabezarla, cuando desde el momento uno de su nombramiento se han desatado todas las sospechas y suspicacias en su contra, y se le ha señalado, incluso, como responsable de la liberación de criminales, con frases como “Apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones en favor de presuntos delincuentes”, todo ello sin que se coloque una sola prueba a la vista.

El resultado de estas violencias, se concretan en la quema de la figura de la Ministra Norma Piña en la plaza de la Constitución, a plena luz, porque hay permiso para hacerlo, porque es quemada en la plaza pública discursiva del presidente de la República, donde se emite el lenguaje en contra de la ministra que alimenta el odio hacia ella y se ha dado el permiso para agredirla.

Nutriendo la dicotomía patriarcal de las mujeres buenas y las malas, pues cuando desde el poder se nombra a una mujer, el discurso indica que ellas son más buenas, más trabajadoras, menos corruptas, más honradas, como si fuera genético, pero cuando se trata de mujeres no afines al poder, el discurso dice todo lo contrario.

Por ello, lo sucedido el domingo no se puede dejar pasar porque hay un contexto en el cual se desarrolla, no se debe olvidar la imagen de la Ministra Pina con una bala que circuló en redes sociales, esta es una amenaza que no puede tomarse a la ligera, mucho menos en un país feminicida como lo es el nuestro.

De este discurso se tienen que hacerse cargo tanto el presidente como el responsable de comunicación presidencial, porque están atizando el fuego del odio y se sigue echando leña a la hoguera de la violencia.

Y ya es demasiado lo que ocurre en nuestro país.

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En estos tiempos es bueno traer agua fresca a nuestra apuesta feminista, para seguir manteniendo el aliento de la fuerza violeta que inundó nuestro país el pasado 8 de marzo.

Recordar que la tenacidad, vale la pena, que, por mucho que nos tardemos, cada paso hacia adelante a favor de los derechos de las mujeres y niñas es un logro que hay que aquilatar, para seguir caminando y ganarle al desaliento al que le apuesta el patriarcado.

Más cuando se trata de justicia y de la vida de las mujeres, aunque al final del día siempre se trata de la vida misma, de nuestra vida.

Cada girón de justicia que se arrebata a la impunidad cuando hablamos de violencia feminicida, es un avance. Por ello, este día quiero traer a este espacio lo logrado por una madre que desde el minuto uno, se negó a aceptar que su hija, Mariana Lima Buendía, se había suicidado. Lo logrado por esta madre es agua fresca para este país, tan dolido por la violencia y la impunidad.

Me refiero a Doña Irinea Buendía, quien se ha convertido no solo en una defensora de derechos humanos de las mujeres, sino un referente de la tenacidad y la resiliencia en busca de la verdad y la justicia, que abrió puertas a fuerza de sentencias para que el feminicida de su hija Mariana, reciba la pena de 70 años de prisión, gracias a 13 años de resistencia.

Pero más aún, la justicia que logra para su hija Mariana es una puerta abierta para todas las mujeres, cada paso que ha dado, no solo involucra a su hija, es el camino para que puedan andar todas las mujeres y niñas de este país, cada vez más cercanas a vivir libres de violencia.

Como todas las madres que buscan justicia para sus hijas, doña Irinea se enfrentó a un sistema judicial que le puso todos los obstáculos para acceder a la verdad, y, además, a una corporación policial, que cerró filas en torno a uno de los suyos. para protegerlo, que es, ni más ni menos que el feminicida de su hija. 

Julio César, el hoy sentenciado por feminicidio, era policía ministerial de la entonces Procuraduría de Justicia del estado de México, esto en el año 2010, es decir, el feminicida, formaba parte de la institución que tenía que investigar la muerte de Mariana Lima, que era su pareja, y contó con dos instituciones para poder mantener una mentira durante cinco años. 

Para doña Irinea, esto no fue motivo de freno tener que enfrentarse a dos instituciones que prefirieron montar el engaño del suicidio para ocultar la verdad de lo ocurrido con Mariana Lima. 

La frase “No fue suicidio, fue feminicidio” se volvió el lema de doña Irinea y de otras madres y recorrió todas las salas judiciales, las calles de este país, e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa es la verdad que no dejó Irinea Buendía Cortés que se ocultara.

Pese a las amenazas para ella y su familia, no se dejó amedrentar y negó en todo momento que lo ocurrido con su hija hubiera sido un suicidio, para desmontar la mentira, se convirtió en una investigadora para dar con la verdad.

Trece años después, con 150 audiencias a cuestas y 30 testigos, el sistema judicial del estado de México corrobora la afirmación de doña Irinea: la abogada Mariana Lima Buendía fue asesinada por su entonces pareja sentimental, Julio César Hernández Ballinas, policía ministerial.

Esta sentencia se logra gracias a la resiliencia que desarrolló la señora Irinea, quien como muchas madres lo han tenido que hacer para evitar que se sepulte a sus hijas en mentiras e impunidad.

Su andar no fue solo, estuvo acompañado de organizaciones como el Observatorio Ciudadano del feminicidio y Justicia Pro-persona, quienes ayudaron a documentar todas las falencias que sostenían la mentira y que ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lograron la sentencia Mariana Lima, para que todos los crímenes contra mujeres se investiguen desde el primer momento como posibles feminicidios.

La sentencia de 70 años llega ocho años después de que la SCJN obligó a las autoridades de Justicia del estado de México, a re abrir el caso de Mariana Lima para investigarlo por feminicidio y dejar el camino de la mentira del suicidio. 

La prisión contra Julio César, como bien lo señala doña Irinea es para todas las mujeres, porque quita de la sociedad a un feminicida y  porque a partir de ahora este es el estándar de medición para la justicia en todo el país, si se pudo con Mariana Lima porque no con las miles de mujeres que fueron asesinadas por ser mujeres.

La sentencia es agua fresca en el camino para miles de madres que siguen buscando justicia para sus hijas, porque en este país sólo 25 de cada 100 crímenes dolosos contra mujeres y niñas es catalogado como feminicidio.

Todos los insumos vertidos en este largo proceso, que además ha sido terriblemente doloroso, desgastante emocional y económicamente para la familia de Marina Lima Buendía, son las herramientas que deben usarse por todas las instancias judiciales para saldar la deuda de la impunidad que lastima a toda la sociedad.

Incorporar los peritajes sociales, que contextualizan la violencia feminicida para explicar lo que vivimos las mujeres en México, no sólo es necesario, es imposible de ignorar para entender por qué nos matan.

El camino no concluye aquí, doña Irinea ya anunció que presentará al Senado la Ley Marina Lima, para que todos los asesinatos de mujeres y niñas sean investigados como feminicidios.

La fuerza de estas mujeres es la que hace que, en este país, la esperanza no se agote y que la fuerza violeta siga inundando las calles pese a los muros de metal y de razonamiento que se han colocado desde el poder para impedir escuchar las exigencias de las ciudadanas.

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Finalmente, el Plan B quedó consagrado por los y las legisladoras disciplinadas al poder presidencial, que dicho sea de paso creímos muerto y revivió con fuerza.

El golpe a nuestra democracia mexicana está dado, lo cual nos demuestra que nada es intocado, que todo es susceptible de revisión y que nada es blanco y negro, por más que cada día se intenta hacer creer a la ciudadanía que es así, de tal manera que se evite entrar en las profundidades de los temas.

Pero como nada es blanco y negro, a la par del golpe también se dan avances.

Mientras el Plan B deja en entredicho la paridad y el avance de la ciudadanía de las mujeres, el Tribunal Electoral, mandata a la Cámara de Diputados a que el relevo para la presidencia del INE sea una mujer, con el propósito de respetar el principio de alternancia.

Así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estrena con la primera presidenta, al parecer el INE tendrá que hacer lo mismo.

Y como bien dice la filósofa Amelia Valcárcel, solo en democracia las mujeres podemos vivir con nuestros derechos, por ello, que la democracia se debilite, debilita nuestros derechos y viceversa.

Poco se ha profundizado lo que el Plan B trae para las mujeres y su ciudadanía, que es el regreso al pasado, que se supone se busca dejar atrás.

Si bien en el plan B se habla de respetar la paridad entre mujeres y hombres, lo cierto es que la forma en que está enunciada y las reglas que se colocan deja a discrecionalidad de los partidos políticos el cumplimiento de esta, así como los mecanismos para hacerla efectiva.

Por ejemplo, en las candidaturas de Mayoría Relativa en diputaciones los cambios en la distribución que propone el plan B con la reforma al artículo 11 de la Ley General Instituciones y Procedimientos Electorales, regresa a las mujeres a competir en los espacios con mayor probabilidad de perderse.

La norma anterior señalaba que la distribución de candidaturas en los distritos electorales se dividia en tres segmentos de competitividad, clasificado como: mayor, intermedia y baja, se señalaba que en la de mayor competencia mujeres y hombres tuvieran mitad y mitad de los distritos electorales, en la intermedia 55 y 45 respectivamente y en la baja otras mitad y mitad.

Con las reforma, en el primer bloque hay 75 para hombres y 25 para mujeres; en la intermedia  50/50 y en la baja 25/75, es decir, el mayor número de distritos perdedores para las mujeres.

Que es lo que evitaba con la norma anterior.

Con ello se pavimenta el camino de la simulación, pues se tendrán la mitad de candidaturas femeninas, donde la mayoría estará compitiendo sabiendo que va a perder, como era antes de las reformas de la paridad y los lineamientos para su cumplimiento que aprobó el INE.

Otro cambio es que en la Ley de Partidos Políticos el Plan B, alimenta la discrecionalidad de estas instituciones, que no necesariamente brillan por su amor a la participación política de las mujeres.

Pues estipula que sean los propios partidos los que establezcan cómo se implementarán las llamadas acciones afirmativas, cuando vemos que el club de toby es el que tiene el control de los partidos, podemos pronosticar lo que pasará con las mujeres.

Y para que no nos falle la memoria recordemos que desde 1993, el primer pasito dado, donde el entonces el Cofipe recomienda a los partidos que 30 por ciento de la candidaturas sean para mujeres, los partidos cumplieron en forma colocando a las mujeres en los distritos perdedores, aun cuando se dio la obligación esto siguió ocurriendo, como ahora lo legaliza el Plan B.

En cuanto a financiamiento para el avance político de las mujeres, tampoco cumplieron, recordemos que un análisis realizado por la sociedad civil sobre el presupuesto destinado a la capacitación política de las militantes de los partidos termino en delantales, cubetas, etc, todo para la promoción de voto de los políticos.

El colmo fue que decidieron cumplir la norma colocando mujeres titulares en los cargos con suplentes hombres para que una vez electas ellas renunciarán para dejar a los hombres que eran sus hijos, maridos etc en su lugar. 

Esto se cerró, gracias a las defensoras de los derechos políticos y a las legisladoras feministas, todas las titularidades femeninas también tuvieran a su suplente otra mujer, hasta llegar a la mitad de curules de la mayoría de los congresos, incluso el salto histórico para las gubernaturas se debió a este empuje de las mujeres sobre la resistencia de los partidos políticos.

Con el Plan B, la presunción, que en enero, hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel al primer ministro de Canadá, Justín Trudeau, sobre la paridad en los hechos, va a regresar a ser paridad de papel.

Las próximas candidatas retornan a las reglas que legalizan la discriminación y la desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito político electoral, y con ello nuestra democracia tendrá retrocesos que habíamos superado con muchísimas dificultades y que hoy son sacrificados en aras del control gubernamental.

Desde que las mexicanas demandaron el derecho al voto en 1916 hasta el día de hoy, se ha buscado que las mujeres que hacen política dejen ser vista como “entes invasores” y se naturalice el derecho que todas tenemos a ser parte del mundo público donde se toman las decisiones que impactara a la población en su conjunto.

La historia no concluye y veremos el siguiente episodio de la defensa de los derechos políticos de las mujeres y la democracia en la Suprema Corte de Justicia, quien tendrá en su manos el final de esta película.

Frente a lo que estamos es el mambo de la defensa de la democracia donde se han dado dos pasitos para atrás y uno para delante.

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Lejos del mito de que el amor es etéreo y que se siente en el corazón, eso que llamamos amor, es concreto, es un concepto que se ha construido socialmente y que ha tenido variaciones a lo largo de la histórica, en sus formas, pero, no necesariamente en el fondo, un concepto que aprendimos mujeres y hombres a sentirlo, a manifestarlo y a vivirlo con efectos muy distinto para cada uno.

Es tan fuerte el papel que juega eso llamado amor que, en el ámbito del mercado y el consumo, el martes pasado generó en un día en nuestro país una derrama económica de 25 mil millones de pesos; que es el doble del presupuesto anual que tiene la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (11 mil millones de pesos).

Si lo comparamos con los 122 millones de pesos que destina este año el gobierno mexicano para la construcción de centros de justicia y su equipamiento; eso que llamamos amor mueve 200 veces más dinero que el gobierno mexicano para la justicia de las mujeres.

De ese tamaño es el músculo del amor, tal vez por eso se dice que es la fuerza que mueve a la humanidad.

Se le ha cubierto de tanto misterio el amor que prácticamente es intocable, lo cual ha impedido que lo pongamos en la mesa para desentrañar todo lo que encierra.

Se le llama amor a la renuncia que hacemos las mujeres de nosotras en primera persona cuando somos madres. Por amor, dicen, tenemos que anteponer el bienestar de nuestras hijas e hijos antes que las nuestras, es tal esta concepción que cuando corre peligro la vida de la madre en el embarazo es más fácil que se prefiera que ella muera si existe la mínima posibilidad de que el producto sea viable.

Será posible desarrollar un amor de madre sin que dejemos de ser personas, individuas con una vida propia. 

¿Por qué? las madres tenemos que renunciar por amor a ser nosotras y los padres no.

Amor también se le dice cuando un hombre mata a su novia, ex novia, esposa, ex esposa, amante ex amante, bajo ideas falsas como crímenes pasionales, la humanidad tendría que prohibir justificar un crimen en nombre del amor. 

Mantener intocado lo que llamamos amor ha permitido que en su nombre se hagan atrocidades.

Es necesario que toquemos el amor, que lo coloquemos en la mesa para diseccionarlo, para reconocerlo como un contrato social que se realiza en condiciones de desigualdad entre mujeres y hombres, entre la niñez y la adultez, entre la juventud y la vejez, y muchas otras formas que permiten la imposición de unos sobre otras.

Bajo el misterio del amor se han desarrollado las ideas de la media naranja haciendo creer, a las mujeres que no es suficiente ser una misma, por lo cual es necesario que otro venga a terminar de construir la vida que nosotras mismas, nos han dicho, no podemos hacer.

Esa mentira ha llevado a muchas mujeres a pagar un costo muy alto lleno de dolor y angustia.

La renuncia de nuestra independencia, autonomía y libertad es el costo que se ha dicho tenemos que pagar las mujeres por el amor.

Recordemos a tita, la hija menor en la novela Como Agua para Chocolate, quien nos revela este acuerdo tácito de la época donde la hija menor, era la responsable de quedarse al servicio de su madre y padre en la vejez, por lo tanto, tenía impedido enamorarse, mucho menos casarse, porque su mayor amor eran sus padres, por lo cual ella renunciaba a sí misma.

El amor a Dios es otro de los mitos, donde las monjas renuncian a todo y se casan con Dios, ellas sí se casan y los sacerdotes no, ellos quedan solteros, porque no necesitan ser completados por nadie.

El amor ha sido usado para maltratar a la niñez, un ejemplo brutal es la noticia reciente sobre los sacerdotes portugueses quienes abusaron de 5 mil menores de edad donde otra vez se usa el amor para dañar. 

En el siglo XXI habría que modernizar eso que llamamos amor para que nadie renuncie, mate o humille a nadie en nombre del amor, para que nadie domine y oprima a nadie en su nombre. Empezar a cuestionar lo que hasta ahora llamamos amor es un primer paso.

Vivir plenamente, con respeto, de igual a igual, donde el amor deje ser abstracto y se convierta en un terreno concreto, en el cual los seres humanos y humanas establezcan sus reglas al amar, basadas en el respeto y la dignidad de las personas, sería lo que tendríamos que aspirar para que, en nombre del amor, podamos construir nuevas formas de amar donde seamos libres y plenas.

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El martes pasado la Comisión de la Verdad llamó a todas las víctimas de la llama Guerra Sucia en México a dar su testimonio con un acento especial en las mujeres, quienes hasta ahora han quedado en la sombra de la historia de 25 años de persecución política del Estado Mexicano con las graves violaciones de derechos humanos que esto implicó. Qué ocurrió con ellas, más allá de las guerrilleras y la desaparición forzada, es la historia que se intenta contar.

Esta convocatoria me llevó a recordar la primera ocasión que tuve en mis manos la investigación hecha por Isis Internacional sobre las vejaciones que vivieron las mujeres en manos de torturadores en los diferentes países latinoamericanos que enfrentaron golpes militares y guerras civiles. La crudeza de los testimonios, desgarraban el alma y alimentaba la indignación, porque no se encontraban en ninguno de los informes ni documentales de la época, la historia de la represión que se había contado hasta entonces había excluido otra vez a las mujeres.

Poco después surgió, en 1997, el primer informe de Anmistía Internacional sobre los Derechos Humanos de las Mujeres en el marco de conflicto armado de alta o baja intensidad, que recoge la violencia sistémica que viven las mujeres y niñas en el mundo en contextos de guerra, donde concluye, entre otras cosas, que las mujeres se ven atrapadas en conflictos armados que no iniciaron, convirtiéndose en botín de guerra, donde la violencia sexual se transforma en un arma para dañar no solo a las mujeres sino a poblaciones enteras.

El velo de las vejaciones vividas por las mujeres en la represión política-policial en México se ha empezado a correr en los trabajos que ha llevado a cabo la Comisión de la Verdad instalada el 10 de diciembre de 2021 y cuyo mandato termina en 2024.

De acuerdo con David de Jesús Fernández Dávalos, comisionado experto del mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión de la Verdad, a quien tuve oportunidad de entrevistar, la Comisión está convencida que la represión del Estado Mexicano ocurrido entre 1965 1990, en cuanto a las violaciones a los Derechos Humanos se infligió de manera distinta entre mujeres y hombres, haciendo de la violencia en contra de las mujeres un instrumento de control político que no termino en los años 90 sino que se mantiene hasta el día de hoy.

Para las mujeres, este llamado de la Comisión, es la oportunidad de evidenciar lo que hasta ahora ha estado oculto, que son las violaciones graves a sus derechos humanos como instrumento de represión política-social. 

Entre las atrocidades que ha identificado hasta ahora la comisión se encuentra; por ejemplo, la violencia obstétrica, es decir, mujeres que abortaron o quedaron incapacitadas para gestar debido a la tortura a la cual fueron sometidas.

Por supuesto que entre las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres esta la violencia sexual y la tortura sexual, así como la reclusión clandestina probablemente por ser hija, hermana, compañera, madre de un hombre que el Estado Mexicano identificó como enemigo.

Las vulnerabilidades sociales, económicas y políticas que emanan de la discriminación y desigualdad que vivimos las mujeres, en contextos de conflicto sociopolítico, elevan su riesgo de vivir alguna violación a sus derechos humanos. Recordemos el conflicto de Boznia y Herzegovina, donde las mujeres fueron secuestradas para ser violadas hasta quedar embarazadas, para luego liberarlas a punto de parir, Ni que decir de los cientos de mujeres indígenas de Guatemala quienes fueron violadas por todas las fuerzas militares involucradas en la guerra civil cuya historia hasta hace muy poco  ha salido a la luz tenuemente.

Esto es lo reconoce la Comisión de la Verdad de México, parte de que “hasta el día de hoy las mujeres no han sido reconocidas como víctimas de la guerra sucia porque el enfoque que se  ha priorizado es la desaparición forzada”, sin embargo, el trabajo de la Comisión que ha llevado hasta hoy ha permitido identificar que “en las ocupaciones militares a las comunidades campesinas las mujeres fueron objeto de violencia sexual; fueron, incluso, esclavas sexuales de los militares”, explica Fernández  Dávalos,  hechos que no ha sido recogido ni documentado en la dimensión que se merece, y por lo cual llaman a las víctimas a dar su testimonio.

David Fernández me explicó que ni las propias mujeres que han padecido estos horrores se reconocen como víctimas, aun cuando lo son, porque estas violencias no son dimensionadas socialmente como graves, sin embargo, por supuesto que son víctimas de la política de contra insurgencia llevada a cabo por el Estado mexicano.

Incluso, asumen la importancia de documentar las torturas cometidas en contra de enfermeras y  médicos que practicaban abortos clandestinos en el entonces Distrito Federal y que fueron torturadas en el viejo cuartel de la policía de tránsito de Tlaxcoaque, en los años noventa; si bien ya cuentan con algunos testimonios de estas violaciones terribles, es necesario poder llegar a muchas más víctimas; incluso a las mujeres que fueron detenidas por practicarse un aborto y quienes también fueron torturadas en este temido cuartel de Tlaxcoaque.

La comisión busca documentar el volumen y la profundidad de la violencia contra las mujeres como parte del ejercicio de control del Estado Mexicano y va un poco más allá, que es mostrar la continuidad de esa violencia, hoy en día y el hecho de no mirar la estructura patriarcal que la sostiene y permite su repetición.

Esta continuidad de la violencia contra las mujeres en los actos represivos del Estado, está reflejada en, Atenco, y  de acuerdo con las pesquisas de la comisión estos abusos contra las mujeres continúan en el combate al narcotráfico o en la detención de las migrantes.

La problemática que vivimos las mujeres tanto en la guerra sucia como en las acciones represivas que ocurren por parte de las fuerzas armadas, Señala Fernández, son una herramienta del estado patriarcal para someter al conjunto de la población.

Robustecer los indicios obtenidos hasta el día de hoy con testimonios directos, es también la oportunidad para poder desmontarla.

Sacarla de la oscuridad el uso de la violencia contra las mujeres como herramienta de control político, no solo es un deber, sino un paso a la verdad, la reparación y la no repetición. Para ello quienes integran la Comisión deben garantizar un espacio seguro y confiable en el cual las mujeres atestiguar y desterrar la guerra sucia que hemos vivido..

Cuando se hace el recuento de los gobiernos autoritarios y represivos es necesario reconstruir la historia colocando a las víctimas en el centro, en un ejercicio importantísimo de acceso a la verdad y a la reparación. Es reconocer de cara a la sociedad las graves violaciones a los derechos humanos que fueron perpetrados por el Estado.

Sin embargo, es frecuente que las mujeres queden excluidas de esa historia o apenas sean mencionadas como hechos aislados, ocultando la violencia sistémica vivida por ellas, negando con ello el acceso a la verdad y por supuesto a la reparación que se merece.

Ejemplo, tenemos varios en América Latina, donde existe un largo camino en la creación de comisiones especiales para evidencia las graves violaciones a los derechos humanos en el marco de gobiernos emanados de golpes militares como en Argentina, Chile, Brasil y en aquellos en donde han existidos conflictos de guerra civil como en Colombia y Guatemala por mencionar algunos, que han demostrado la trascendencia que tiene en un país reconocer las atrocidades vividas por la población por parte de los grupos gobernantes en aras de mantener el control político.

El papel de estas comisiones es trascendente en términos sociales y políticos, porque hacen una suerte de sanación. Estas comisiones cuentan la historia desde las víctimas para brindar a la población en general y en especial a las propias víctimas la verdad de lo ocurrido, con el propósito uno de evidenciar responsabilidades y evitar que se vuelva a repetir. Traer a la luz la verdad del poder y sus atrocidades en cuanto a violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, no es fácil que lo ocurrido con las mujeres en los conflictos sea un eje primordial de estas comisiones, incluso, en ocasiones, han jugado en contra.

Por ello, quiero resaltar el llamado que han hecho quienes integran la Comisión de la Verdad en la llamada Guerra Sucia en México, que de inicio reconoce la trascendencia de hacer una investigación poniendo en el centro los derechos humanos de las mujeres para reconstrucción este periodo histórico de nuestro país y las graves violaciones de derechos humanos.

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A lo largo de la historia las mujeres de todos las clases y extractos socioeconómicos hemos vivido distintos tipos de violencia sustentada en la desigualdad y en la supuesta inferioridad femenina. La crueldad con la cual somos tratadas y en ocasiones asesinadas está en todos lados, en hospitales, consultorios, agencias del ministerio público, medios de comunicación y morgues.

Cuando una regresa a la investigación “Violencia feminicida en 10 entidades de la República Mexicana” que sustentó la creación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia que este miércoles cumplió 16 años, encontramos las voces de las mujeres víctimas del feminicidio registradas en las instancias gubernamentales sin realmente ser escuchadas.

Por muchos años el terror vivido por las mujeres fue silenciado, acallado en la complicidad patriarcal. En medida que las mujeres avanzamos en los derechos y en las libertades, rompimos el silencio para, con el testimonio de lo vivido, rasgar el escenario social que normaliza la violencia contra las mujeres tanto en lo público como en lo privado.

Que las víctimas levanten la voz para la exigencia de justicia es un proceso resiliente para dejar de ser víctimas y ser sobrevivientes. Y eso es lo que están haciendo las víctimas de la violencia ácida, quienes empujan para tipificarlo como un delito en la Ciudad de México.

La propuesta presentada por la legisladora morenista Marcela Fuente Castillo, nombrada hasta hoy, como Ley Malena, lleva dos caminos: por un lado incluir el tipo en el Código de la Ciudad de México el delito, que de lograrse sería la segunda entidad en tipificarlo después de Oaxaca, con una sanción de hasta 12 años de prisión por las graves lesiones y cuando ponga en peligro la vida de las mujeres hasta de 30 años por considerarse tentativa de feminicidio, pero también se busca incluir el tipo en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia. 

Si bien el feminismo no es punitivista, la falta del reconocimiento de la gravedad de las violencias que vivimos mujeres y niñas, aunado a la violencia institucional por la ausencia de justicia para las víctimas de la violencia misógina ha llevado a exigir sanciones legales contra los agresores, que pongan un alto al odio contra las mujeres llevadas al extremo. 

El camino para el reconocimiento de los distintos tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres ha sido largo. En 1997 se tipificó en esta ciudad la violencia familiar, la primera entidad en todo el país. En los últimos cuatro años la resiliencia de las víctimas han construido leyes para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y niñas, solo por mencionar algunas La Ley Ingrid, La Ley Olimpia, la Ley Sabina, La Ley Monzón, Ley Monse y ahora Ley Malena. 

Esta resiliencia ha logrado avanzar en el marco legislativo, aunque no se trata de llenar las cárceles de agresores, sino, lo que se busca es dejar de tener agresores y para ello, es necesario no solo que el sistema de Justicia cumpla con la ley y castigue a los delincuentes, sino que en el ámbito social también se sancionen a los agresores, se deje de justificarlos y criminalizar a las víctimas.

Ellas ya no están dispuestas a callar, han roto con el pacto patriarcal del silencio, han levantado su voz y sus exigencias por ellas y todas las mujeres y niñas para que dejemos de ser víctima, y seamos humanas completas, libres y autónomas.

Todas estas leyes son el recordatoria de lo que no debe repetirse, son como las piedras de tropiezo que existen en Alemania para recordar a las víctimas del holocausto, para mantener viva la memoria de la indignación.

La violencia contra las mujeres es infame, porque cancela los logros alcanzados tanto individuales como colectivos y termina, en ocasiones, con la vida misma de las mujeres. 

Mantengamos viva la memoria de que la violencia deshumaniza, construye sociedades frágiles, divididas y opresivas, donde los autoritarios se imponen y replican una estructura de opresión.

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Normalmente cuando hablamos de estereotipos inmediatamente se piensa en los estereotipos femeninos y rarísima vez se habla de los estereotipos machistas que sostienen la desigualdad en las mujeres y el ejercicio de la violencia de los hombres.

Sin embargo, cuando tenemos una noticia como la del pasado martes que publico el periódico Reforma sobre la tragedia ocurrida en la Comunidad del Tejocote, municipio de la Perla, en Veracruz, tendríamos que parar el mundo para reflexionar sobre los impactos que estos estereotipos machistas provocan en los niños, quienes además se desarrollan en un país violento.

Claro, considerando que los estereotipos son instrumentos creados por un sistema patriarcal para garantizar su supervivencia a través del sometimiento de las mujeres.

El hecho noticioso; un niño de 10 años mató a su amigo de 11, con una pistola que estaba en su hogar, luego de que éste le ganara en las maquinitas.

Cuando ocurren estas tragedias hay una tendencia de las autoridades, la sociedad y los medios de comunicación a mirarlo de manera aislada y responder como lo hace el gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, que es perseguir a las personas adultas que rodean al menor de edad.

La pregunta que tenemos que hacernos para abrir el lente y mirar el contexto, es qué ocurre en nuestro país que lleva a niños a volverse asesinos, pues lo ocurrido en el Tejocote no es el primer caso en México y estoy segura que tampoco en Veracruz. 

En 2019 un recuento periodístico trajo a la memoria cinco casos de varones menores de edad que en diversas entidades estaban involucrados en el asesinato de otras personas de su misma edad o de edades mayores a ellos, que por las dimensiones de los casos se convirtieron en hechos mediáticos.

Mirar cómo se construye la masculinidad y cómo los estereotipos machistas siguen formando hombres violentos, desde la niñez, nos permite entender como los niños y los adolescentes terminan involucrados en hechos violentos. 

En los años 90 la academia feminista indagó sobre la construcción del género en la niñez. Uno de los hallazgos, de este estudio, identificó que a los 7 años de edad, niñas y niños sabían qué papel tenían que jugar a partir de sexo con el que nacieron. 

Las niñas identificaban que pertenecer al género femenino significa ser débil, bonita y llorar, por su parte los niños sabían que la masculinidad implica ser valientes, fuertes y poderosos y no es que lo supieran de la nada, sino que van siendo formados en su género a través de un complejo proceso de socialización que, desde la niñez, nos marca. 

Pese a lo años que han transcurrido después de ese estudio y con la evidencia en la mano, en la esencia los hombres no han hecho grandes cambios, y lo ocurrido en el Tejocote nos obliga a revisar cómo los estereotipos machistas siguen presentes y son exacerbados ante un clima de alta violencia generalizada en nuestro país.

Ser valiente, fuerte y poderoso, implica ejercer la violencia, como un elemento fundante de la masculinidad patriarcal y como un instrumento para ejercer el poder.

Que los niños jueguen a ser sicarios, que creen retenes para amagar a los automovilistas con armas de juguete, que los temas de fiestas infantiles de niños sean la simulación de estructurales criminales, son el ejemplo de estos mecanismos socializantes de las masculinidades violentas como lo reportamos recientemente en cimacnoticias.

En un país de violencia criminal generalizada y normalizada que en días de Reyes el juguete más vendido en México sea las armas en su amplia gama, nos habla de esta formación social de la masculinidad violenta relacionadas con las estructuras criminales.

Que los niños de diez años tengan acceso a armas es el reflejo de lo que vivimos en México. El tráfico ilegal de armas después del operativo Rápido y Furioso es brutal, según las filtraciones de guacamaya, publicada en los medios, entre el 1 de enero de 2020 y junio 2022 se decomisaron 49 mil armas de todos los calibres en nuestro país.

Si a las masculinidades violentas se les agrega la accesibilidad a las armas de fuego, los resultados son nefastos. En 2015 el INEGI reportó que el homicidio era la segunda causa que llevaba a los adolescentes a enfrentar un proceso ante la ley, en la gran mayoría el instrumento del asesinato fue una pistola.

Especialistas en violencia contra las mujeres señalan que la accesibilidad a las armas de fuego provocó el año pasado 6 de cada 10 feminicidios cometidos por hombres dentro de los hogares de nuestro país.

Este es el contexto en que los niños mexicanos se forman y se desarrollan y son las condiciones que permiten que las tragedias letales involucren a niños de 10 años.

La masculinidad violenta, es una construcción diaria desde que el mundo es patriarcal.

Un estudio realizado en 2006 en torno a los jóvenes mexicanos por la investigadora Elsa Guevara Ruizseñor, señala “que los cambios operados en la población de varones, ocurre especialmente en sectores urbanos, escolarizados y de jóvenes. Se trata de cambios que no obedecen a la voluntad individual o rasgos específicos de personalidad, sino que responden a complejos procesos psicosociales que involucran estructuras institucionales y condiciones personales que hacen posible la emergencia de nuevos referentes sociales de lo masculino, nuevas prácticas y formas de relación.”

Ello explica porque una campaña publicitaria que apela al cambio individual de los hombres adultos esta destina da al fracaso si es lo único.

Porque, como lo plantea el estudio, la masculinidad “es una posición social que hace posible el acceso a diversas formas de capital derivadas del lugar que ocupan ciertos individuos por su condición de hombres y que amplía su campo de acción, su ámbito de decisión individual y sus oportunidades de poder, por tanto, no se trata de un atributo de los individuos, sino de las posibilidades de poder y los márgenes de acción que la sociedad les permite”.

Por ello, ante hechos tan lamentables como los ocurridos en Tejocote, Veracruz es necesario reconocer los impactos de la formación masculina basadas en la violencia y el poder sobre los demás, requerimos transformaciones sociales y estructurales de fondo que se encaminen realmente a la construcción de la igualdad entre mujeres y hombre y cierre por completo cualquier forma de opresión de las mujeres.

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El nombramiento de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, como presidenta de Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, coloca en la mesa de la reflexión pública varios puntos que no son menores y que debemos tener en cuenta:

El primerísimo que a mi juicio hay que destacar, es la enorme desigualdad que aún enfrentan las mujeres en el sistema de Justicia, pues hay que decirlo, pasaron 200 años y apenas 14 ministras para que una mujer pudiera presidir la Suprema Corte. Vale la pena recordar que la primera Ministra de la Corte llegó en 1961, María Cristina Salmorán de Tamayo quien ocupó el cargo por 24 años.

Si hay un poder que ha sido reacio a la incorporar a las mujeres es el poder judicial. En América Latina ellas representan a penas 30 por ciento del total magistraturas de las cortes, según OnuMujeres. Esa desigualdad, para la propia ministra Piña, era uno de los obstáculos a vencer en la contienda para presidir la Suprema Corte. 

El ser mujer era uno de las trabas a vencer en el proceso, pues este hecho no garantizaba que pudiera contar con el respaldo de los ministros varones, esto lo dijo el 11 de noviembre en entrevista con el diario El País, cuando se dio a conocer su interés por contender por la presidencia de la corte, sin embargo, también señaló que si había congruencia de los ministros con las resoluciones que había tomado la propia Corte, lo que tocaba es que votaran por una mujer. 

Y este es el segundo punto que hay que destacar en la decisión mayoritaria de la Corte para votar a favor de la ministra Norma Piña Hernández. Para romper el llamado techo de cristal no basta la tenacidad de las mujeres, es necesario cambiar las formas y un colectivo que la acompañe. Si no hay un cambio decisivo de los hombres que siguen teniendo la mayoría de los lugares de poder y las formas de elección, es imposible hacer de la igualdad una realidad.

Esta colectividad, viene desde el movimiento feminista que ha empujado el avance de las mujeres como ciudadanas plenas, y aquí el reconocimiento de la paridad ha sido fundamental, pues recordemos que en el año 2015 cuando Piña Hernández concursó para ser ministra de la Corte, las senadoras de entonces demandaron al ejecutivo presentar una terna exclusivamente de mujeres, para cumplir con la paridad ya que había dos puestos vacantes.

Estas dos vertientes las tiene muy claras, la ministra Piña, por ello lo reconoció en su primer discurso como presidenta de la suprema Corte, pues dijo, que el hecho de haber obtenido la mayoría de votos tiene una doble dimensión: representar a las y los ministros y al consejo de la Judicatura, pero también a las mujeres, su presencia como ministra Presidenta de la Suprema Corte es un hecho, dijo, que arrincona la cultura patriarcal.

A ello se suma el trabajo desarrollado por ella misma, el esfuerzo personal para construirse un lugar propio, el cual por ser mujer le ha implicado dobles y triples jornadas. Y este es el tercer punto que coloca su designación, el piso disparejo con el que aún nos desarrollamos las mujeres, en la corte y en mundo en general, por esta sobre carga de la responsabilidad del hogar y la crianza.

Con su llegada también arriba una nueva agenda que para los momentos que vive nuestro país es un buen augurio, no solo es reforzar la autonomía del poder judicial y transparenta las decisiones de la Corte, que en sí mismo es son retos mayúsculo, sino que se busca más justicia, más igualdad y nada de violencia contra las mujeres, como lo mencionó en su primer discurso como presidenta, llegan también tres temas que ella reconoce de urgencia para nuestro país, que son el derecho a la Libertad de Expresión, el derecho de réplica y los temas migratorios, cuyas violaciones son el pan de cada día.

Pero sobre todo llega una visión que reconoce a los derechos humanos como un eje del actuar del poder judicial, y que ha acompañado a la ministra presidenta Norma Piña, a lo largo de su carrera de 34 años en el poder judicial de la federación

Su llegada ha generado distintos puntos de vista, hay muchos artículos celebrando el nombramiento, pero también, hay que decirlo, hay algunos que colocan las dudas sobre el nombramiento y su compromiso con los derechos humanos de las mujeres. Entiendo que no es gratuita la desconfianza ni el escepticismo de la llegada de las mujeres a puestos de poder, especialmente en este sexenio, donde no necesariamente las mujeres que han llegado han dado los saltos cualitativos que desearíamos las feministas.

Es entendible que estemos cansadas de que el avance y la transformación que tanto deseamos no llegue o se vuelva lejano. Sin embargo, estoy convencida que la presencia de las mujeres en lugares públicos de poder es de celebrarse en principio porque rompe con la normalización de su ausencia, pero, sobre todo, porque es el ejercicio de nuestro derecho a estar.

Avanzar en la agenda feminista implica, como en cualquier movimiento, tener una ruta política y acercarse a estas mujeres que en principio están dispuestas a escuchar, ese es el camino que ha seguido el feminismo y la defensa de los derechos humanos de las mujeres como movimiento. Hay que argumentar, mostrar y demostrar los beneficios que tienen en la sociedad el avance de las mujeres en su acceso a sus derechos y eso le toca al movimiento hacerlo.

En un país con tantísima impunidad y sexismo, el nombramiento de la ministra presidenta conlleva retos que nos son menores y hay que tener cuidado de no pedirle cambiar siglos de lógicas masculinas basadas en componendas, de un día para otro. 

La suprema corte, con la ministra Norma Piña Hernández a la cabeza, está escribiendo su propia transformación, y su legitimidad radican en el sustento y argumentación de sus decisiones como, señaló la ministra Piña durante su comparecencia en el senado en 2015.

Demos el beneficio de la duda y sigamos el camino que se camina.

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