Ciudad de México.- Hasta el mes de enero el Instituto Federal de la Defensoría Pública detectó alrededor de cien casos de personas encarceladas en el país por el delito de aborto o de homicidio en razón de parentesco, informó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.
En conferencia de prensa realizada este miércoles 16, el ministro señaló que no todos los casos fueron atraídos por el Instituto para asumir su defensa legal debido a que algunos estaban en etapa de averiguación, otros estaban en proceso y un par de asuntos ya estaban sentenciados.
En septiembre de 2021 el ministro anunció que, con el objetivo de terminar con la criminalización de las mexicanas que deciden interrumpir un embarazo no deseado, el Instituto, que depende del Consejo de la Judicatura Federal, representaría a las mujeres acusadas penalmente por el delito de aborto en todo el país.
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El anunció ocurrió un día después de que el 7 de septiembre de 2021 el pleno de la Suprema Corte invalidó la disposición del artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila que sancionaba el aborto con una pena de uno a tres años de prisión.
En ese momento la Suprema Corte resolvió por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció, por primera vez, a favor de garantizar el derecho de las mujeres y «personas gestantes» a decidir sobre su maternidad, sin enfrentar consecuencias penales.
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En aquella fecha no existía un estimado del número de mujeres que podrían ser representadas por el Poder Judicial, ni de las y los abogados disponibles para ofrecer este servicio dentro de la Defensoría Pública, una institución que ofrece representación jurídica a quienes no pueden pagar un abogado privado.
Ahora, el ministro informó que han detectado alrededor de cien casos de mujeres en prisión acusadas por aborto, homicidio en razón de parentesco o tipos penales similares que han usado grupos conservadores «para disimular que no es aborto», dijo.
Sin embargo, este 16 de febrero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un comunicado donde informó que tras la resolución de la SCJN, en octubre de 2021 solicitó a los sistemas penitenciarios estatales del país información para conocer los casos de mujeres susceptibles a ser beneficiadas con la sentencia del alto tribunal, pero la respuesta fue que no había mujeres privadas de la libertad por ese delito.
Sólo el sistema penitenciario del estado de Oaxaca informó el caso de una mujer privada de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, en Tlacolula, por el delito de aborto, entre otros, quien ingresó en el 2018. En este contexto, la CNDH urgió a impulsar reformas para garantizar la interrupción legal del embarazo.
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Por otro lado, en próximos días la Primera Sala de la SCJN resolverá un amparo interpuesto por Carlota, una adolescente que en 2015, a los 16 años de edad, se le negó el derecho a abortar, a pesar de que el embarazo fue producto de una violación. Este caso, ocurrido en el estado de Hidalgo, es acompañado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
El pleno también revisará la validez del artículo 1 de la Constitución de Nuevo León que establece la “protección de la vida desde la concepción”, disposición que también se contempla en las constituciones locales de 20 estados de la República, para evitar el avance de legislaciones que despenalicen el aborto.
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