“Mi hija está muerta y no sé qué hacer.
Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la fiscalía”,
Mario Escobar, padre de una víctima de feminicidio
El feminicidio es la privación de la vida de una mujer por el hecho de ser mujer. En la mayoría de los casos la víctima presenta signos de violencia sexual, se le inflingen lesiones o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida, se les incomunica, amenaza, acosa, su cuerpo se exhibe, y suelen existir antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto que actúa en contra de la víctima. En el caso de un feminicidio, debe analizarse la actuación de los funcionarios, pues la ley en México menciona que hay sanción para aquel servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia.
La Convención Interamericana Belém do Pará, es la que formalizó la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus Derechos Humanos; su implementación efectiva requiere de un proceso de evaluación continuo e independiente, que realiza el Mecanismo de Seguimiento (MESECVI). Es a éste a quien los gobiernos de América Latina deben informar lo que están haciendo para erradicar la violencia contra las niñas y mujeres.
Algunos de los avances regionales han sido la incorporación de las distintas formas de violencia en Códigos Penales, creación de leyes y planes nacionales. Sin embargo sólo 1 por ciento del presupuesto de los países es destinado a erradicar estas violencias que impiden que las leyes se cumplan, lo que fomenta la impunidad.
“Si no logramos que toda la población se involucre y tenga una sensibilidad respecto a este tema, difícilmente se va a terminar con la violencia”
Tatania Rein Venegas, Presidenta del comité de expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará.
No son muchas las carpetas de investigación que llevan la carátula de feminicidio, incluso hay casos cuya investigación culpa a las mismas mujeres víctimas y los cierran como suicidios o como accidentes a los que ellas mismas se expusieron; hay asesinatos de mujeres que ni siquiera tuvieron investigación.
A las autoridades no les gusta dar a conocer la realidad de violencia que viven niñas y mujeres en sus ciudades ni los verdaderos números de feminicidio, pues eso baja índices de seguridad y por ende, la calficación de su desempeño, que es valorado para brincar a otro puesto político.
En caso de que alguno de los casos de feminicidio tenga el privilegio de ser mediatizado, las autoridades quedarán expuestas al escrutinio público, y en la generalidad, quedarán mal paradas.
Suele atribuírseles la frase: “Yo no quiero ejecutados, mejor desaparecidos durante mi gobierno”. Aunque por otro lado, la frase: “Yo todo lo quemo, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos” ha calentado mucho el sentir de las mujeres de diferentes generaciones, y cada día son más las que se atreven a repetirlo, a salir a las calles y a actuar tras un despertar generalizado al saber de tantos casos de niñas y mujeres desaparecidas y/o asesinadas, aunque sean solamente los observatorios ciudadanos quienes llevan cifras más cercanas a la realidad.
La asesora jurídica del Observatorio Nacional de Feminicidio, Ana Yeli Pérez Garrido, declaró en entrevista: “Cerramos el 2021 con 3 mil 719 mujeres asesinadas, de éstas solamente 955 fueron considerados posibles feminicidios y esto es importante porque representa sólo 26 por ciento de los casos del total de asesinatos de mujeres en los que las autoridades se disponen a reconocer como feminicidios y es relevante. Existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde establece que toda muerte violenta de mujer debe investigarse con perspectiva de género, la cual inicia con las hipótesis del feminicidio”.
Aunque los organismos ciudadanos y colectivas indiquen que el número es mayor y no disminuye, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que en el primer trimestre del 2022 se han registrado 228 feminicidios en México. En lo que va de este año hay 395 mujeres desaparecidas en Nuevo León. Esta entidad federativa en 2021 ocupó el cuarto lugar nacional con 66 feminicidios.
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio recientemente ha declarado que hay una crisis en desapariciones forzadas de mujeres que va en aumento y que arrastra consigo delitos como la trata y el feminicidio.
El caso mediático más reciente puede ser un ejemplo de este tejido de delitos que no es privativo de Nuevo León. Debanhi Susana Escobar Bazaldúa de 18 años, estudiante de tercer semestre de leyes en la Facultad de Derecho y Criminología en la UANL desapareció el viernes 8 de abril y encontrada posiblemente asesinada, 13 días después, el jueves 21, en el interior de la cisterna de un motel en el municipio de Escobedo, NL, en el que no sólo habían buscado a la joven desaparecida, sino que en su exterior se atendía a la prensa, y era punto de reunión e información con colectivas e integrantes de la sociedad civil interesada en localizarla.
A raíz del hallazgo del cuerpo, cientos de marchas de mujeres solicitando justicia se han replicado por todo el país y sobre todo en la Fiscalía y el Palacio de Gobierno de Nuevo León, además del exterior del motel.
Si las amigas de FB de Debanhi, Jehieli Sarahí e Ivonne Alejandra, y ella misma se estaban prostituyendo o no, es algo que no debe pasar por el filtro moral, lo que es trascendental es dar con las personas responsables de la desaparición y asesinato. Además no interesa si eran amigas de la infancia o de hace unos meses, no se debe responsabilizar a las mujeres de lo que está pasando, actitud propia de una arraigada cultura machista que no conoce de géneros.
Tampoco debe ser motivo de escándalo el que haya fiestas en donde se consume alcohol. Lo que debe importar es la vinculación de menores de edad en esas fiestas, a las que llegan por redes sociales cuyas reglas indican que no son para menores de edad; el consumo y distribución de drogas sintéticas, las vinculaciones con choferes de confianza, que en realidad no son más que parte de un negocio millonario, lo mismo que hoteles o moteles que se hacen de la vista gorda cuando saben que hay menores de edad bajo el efecto de drogas y en medio de un evidente negocio de prostitución, así como clientes y consumidores de sexo, que llegan con armas y pretenden forzar a niñas y mujeres a hacer cosas en contra de su voluntad.
Todo esto es parte del delito de trata que no podría existir sin la anuencia de funcionarios de la propia fiscalía y por qué no decirlo, del afamado Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI), casualmente inaugurado en marzo del 2014 por el entonces Procurador de Nuevo León Adrián de la Garza y la Hermana Consuelo, entonces Directora del único centro de Derechos Humanos ciudadano del mismo estado, CADHAC.
Con una sola persona dentro del GEBI, una red de trata podría tener la protección necesaria para multiplicar el dinero en plena libertad y a la luz del día.
Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, protección y asistencia a víctimas de estos delitos define a la trata como: “Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación”. Se incluye en ello esclavitud, condición de siervo, prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, explotación laboral, utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, matrimonio forzoso o servil, entre otras acciones.
Un dato más que se mezcla entre tantas versiones y análisis del caso de Debanhi en Nuevo León, es que se tiene que considerar que el municipio de Escobedo es la zona de confort de uno de los tantos cárteles que se multiplicaron en nuestro país en los últimos sexenios. No sería raro pensar que muchas de las Quintas del municipio de Escobedo fueran propiedad del crimen organizado, en este caso del CDN.
Tampoco es descabellado pensar que aunque se diga que los dueños del Motel Castilla y otros tantos hoteles turísticos o moteles de paso, son los españoles José Fernández Pérez y José Barros Janeiro, sea Juan “Juanito” Cisneros Treviño, quien tenga la administración de éste. También hay que ubicar la cercanía del kilómetro 26 de la carretera Monterrey – Nuevo Laredo, que algunos han apodado como “zona de exterminio” por la cantidad de personas que han desaparecido en ella desde el verano pasado.
El dato de Juan Cisneros es proporcionado por Juan Bermudez en su artículo “Debanhi, víctima de dos -narco juniors-, publicada en el sitio Periodistas sin Censura. No cualquiera ubica quién tomó el liderazgo de un cártel, tras la captura de su anterior líder y es que tras la detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, el “Huevo”, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presunto líder del Cártel del Noreste el domingo 13 de marzo pasado, “Juanito” asumió el control. Con este hilo, la red de trata estaría perfecta para vincular a los estados del noreste incluso con lo que corresponde al estado de Tlaxcala, donde los tratantes son expertos.
“Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la fiscalía”, declaró a la prensa Mario Escobar, padre de Debanhi. Esclarecer este caso es responsabilidad de la Fiscalía de Nuevo León y la ciudadanía no puede esperar justicia con tantos errores, faltas a protocolos que omitieron con la familia Escobar y la negación de la siembra del cuerpo. La justicia solamente va a llegar a México cuando las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia, que no implique la entrega de chivos expiatorios, para lo que se requiere cortar los hilos corruptos tan enlazados entre tantas personas implicadas en grupos de poder económico y político.
Ojalá que este caso sirva para nombrar y encontrar a las mujeres que desaparecen y no importan, a las que son visibles el día en que aparecen sus cuerpos sin vida; migrantes, pobres, sin familiares directos, cuyas violaciones, desapariciones o asesinatos las encuentra solas. Mujeres sin amistades o conocidos que exijan la verdad a las autoridades, además de un entierro digno para no ser almas en pena buscando descanso eterno.
Ni una más, ni una asesinada más.
22/JC/LGL
