Este 17 de febrero se cumplieron dos años de la campaña con la que ciudadanas y mujeres de la esfera pública exigieron a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) romper el pacto patriarcal y pronunciarse contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Actualmente, Macedonio sigue ejerciendo un cargo público a pesar de las acusaciones de violencia sexual en su contra. Aunado a esto, la aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral abriría la puerta a que más agresores lleguen a cargos de elección popular.
En 2021, Félix Salgado Macedonio se lanzó como precandidato para la gubernatura de Guerrero por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Sin embargo, sus planes quedaron estancados luego de que saliera a la luz el testimonio de una mujer militante del partido a quien Salgado presuntamente violó en 2016.
Al ser increpado al respecto, el presidente López Obrador respondió minimizando los hechos y afirmando que eran tiempos electorales, por lo que podía tratarse de una mentira. Sus declaraciones despertaron la indignación en varios sectores de la sociedad, en especial de las mujeres, quienes comenzaron a difundir el mensaje “Presidente, rompa el pacto” (el pacto patriarcal) a través de redes sociales.
Entre quienes difundieron este mensaje se encuentran Natalia Beristáin, directora de la película Ruido (2023), y las entonces diputadas Wendy Briseño Zuloaga y Laura Imelda Pérez Segura. Ellas, junto con muchas otras mujeres, exigieron a López Obrador posicionarse en contra de la candidatura de Salgado Macedonio emergida desde el seno de su partido.
Días después, AMLO dio respuesta a estas exigencias aludiendo a una “simulación del feminismo”. También afirmó que no sabía lo que significaba “romper el pacto” y que esas expresiones “importadas” no tienen que ver con la realidad mexicana. Sin embargo, esta realidad contradice las palabras del presidente mexicano y evidencian que aún no entiende lo que significa dejar de respaldar a agresores.
El pacto patriarcal desde la presidencia de AMLO
Félix Salgado Macedonio cesó en su intento de gobernar Guerrero. No obstante, su carrera política no paró a pesar de las presuntas violaciones que cometió contra una trabajadora en 2016: aunque la situación llegó a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, tal parece que el partido no tomó acciones al respecto, pues Salgado Macedonio actualmente se desempeña como senador de la República.
De hecho, justo este 17 de febrero, el político y presunto agresor afirmó a través de Twitter que López Obrador volverá a ser presidente en 2030. Con esto queda claro el respaldo entre ambos políticos afianzado en un pacto que invisibiliza las violencias contra las mujeres y las minimiza en favor del sistema político.
Pero el caso de Félix Salgado Macedonio no es el único ejemplo de esto. El nuevo gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, tiene dos señalamientos en su contra por acoso sexual y violencia de género. Su partido, Morena, no se ha pronunciado al respecto, mientras Villarreal ya empezó a ejercer su cargo sin ningún problema.
Ambos funcionarios ocupan puestos de poder, lo que significa que tienen la facultad necesaria para legislar y actuar a favor o en contra de los derechos de las mujeres. También significa que están inmersos en redes donde pueden hacer uso de su jerarquía política para permanecer en la impunidad.
Plan B podría solapar a agresores en el poder
En México, la iniciativa 3 de 3 se ha presentado como una de las alternativas para impedir que agresores sexuales, deudores alimentarios y agresores por razón de género accedan a cargos públicos de elección popular.
Dicha iniciativa consiste en que quien desee postularse para estos cargos no tenga antecedentes penales relacionados con las violencias enumeradas arriba. Con ello se pretende, justamente, que el poder deje de estar en manos de quienes no son capaces de respetar los derechos humanos de las mujeres y de las infancias.
No obstante, los avances de esta iniciativa (que ya fue adoptada en Yucatán, Nuevo León e Hidalgo) podrían estar en riesgo con el recién aprobado Plan B de la reforma electoral. Este plan establece que las autoridades electorales “no tendrán competencia para rechazar candidaturas de personas que han cometido violencia política en razón de género contra las mujeres, como resultado de sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales”.
Además de esto, no se reconoce la posibilidad de cancelar candidaturas a hombres que se encuentran en situación de deudores alimentarios, algo por lo que varios frentes como el Frente Nacional Contra Violencia Vicaria y el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios han trabajado desde hace años.
De esta forma, el Plan B abre la ventana a la posibilidad de que haya más casos como los de Félix Salgado Macedonio y Américo Villarreal Anaya. Con esto, el pacto patriarcal que no se ha roto desde la presidencia permanecerá en la esfera de la política mexicana.
