Ciudad de México.- El famoso ‘bono demográfico juvenil’ que presumía México a principios de siglo se fue y sin haber creado las condiciones adecuadas para garantizarles una mejor calidad de vida; ahora ya entramos en la etapa del ‘bono demográfico gerontológico’, estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), indican que para el 2070, la población de adultos mayores será de más de la tercera parte de la población nacional. Para entonces, habrá 48.4 millones de personas mayores a los 60 años, es decir, el 34.2 por ciento de la población nacional, y de este porcentaje, la mayoría serán mujeres, el proceso de envejecimiento poblacional en el país ha comenzado y tiene cara de mujer.
Más del 50 por ciento de la población adulta mayor serán mujeres debido, entre otros factores, a que históricamente ellas presentan una mayor esperanza de vida. Desde 1950 las mujeres viven más que los hombres en alrededor de 5 años debido a factores biológicos, culturales y sociales, entre otros. A la fecha la esperanza de vida para las mujeres es de 78.3 años, frente a 72.6 para los hombres.
Estas cifras coinciden con los análisis de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que asegura que para el 2030, 17 por ciento de la población de los países de América Latina y el Caribe tendrán más de 60 años, y en 2050 aumentará al 25 por ciento.
Por lo anterior, la cámara de diputados plantea la creación de una Ley General de Derechos de las Personas Mayores, que garantice una vida plena, con empleos dignos, una mejora en su situación de vivienda y mejora en los servicios financieros. Dicha ley, estaría apegada a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
“En el Presupuesto para 2024 se proyecta que esa población reciba seis mil pesos bimestrales; sin embargo, se requiere modernizar el marco jurídico que brinde todas las protecciones a los derechos de los adultos mayores”, señaló la presidenta de la Comisión de Bienestar, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT).
“En la Legislatura anterior se estableció en la Constitución Política el derecho que las personas adultas mayores a recibir una pensión, por lo que hoy hay 11 millones de personas con este apoyo. Además de que se formalizó y bancarizó a este sector, lo que significa que aumentó el número de ciudadanos en la formalidad económica con acceso a servicios financieros y con una remuneración constante, lo que los hace sujetos de crédito porque van a poder pagarlos”, señaló el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena), en uno de los foros realizados para debatir el tema.
Trabajo precario afecta más a las mujeres
Según el último dato del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2022), un 33 por ciento de la población mayor de 60 años es económicamente activa. De esta población, el 70 por ciento trabaja de manera informal, por cuenta propia, mientras que el resto son trabajadores subordinados o con sueldos bajos, lo que implica la ausencia de prestaciones de seguridad social.
“Las personas adultas mayores no son un grupo vulnerable, más bien son vulnerados por la sociedad y el Estado. Por ejemplo, su movilidad se ve comprometida cuando no hay rampas en las aceras o cuando el metro no dispone de ascensores”, señaló la Dra. Verónica Montes de Oca Zavala, coordinadora del Seminario Universitario sobre Envejecimiento y Vejez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el artículo Envejecer con dignidad: cero maltrato y discriminación, publicada por la Gaceta UNAM en el primer trimestre del año.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en 2022, en México residen casi 18 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa el 14 por ciento de la población total del país. Y se estima que 1 de cada 6 personas mayores ha sufrido algún tipo de maltrato y la mayoría no lo denuncia por distintas razones, ya sea por negación, temor a represalias, desconocer a qué autoridad dirigirse o temor de que su familiar o cuidador tenga sanciones penales.
Por lo anterior, la experta en temas de envejecimiento y vejez, señala la importancia de contar con un sistema nacional de cuidados, ya que en muchas ocasiones son las mujeres de cada familia quienes se encargan de este aspecto sin una remuneración por las horas invertidas de trabajo.
La Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares de México (Inegi, 2022) evidenció que en 2021 el valor económico de las labores domésticas y de cuidados registró un monto de 6.8 billones de pesos, el equivalente a 26.3 por cientodel Producto Interno Bruto nacional.
De estas cifras, las mujeres aportaron 2.6 veces más valor económico que los hombres por sus actividades de labores domésticas y de cuidados en el hogar. Aunado a ello, las mujeres aportaron a su hogar, en promedio, el equivalente a 71,524 pesos por trabajo no remunerado.
Al respecto, la ley para la creación del Sistema Nacional de Cuidados está congelada en el Senado, luego de que la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado noviembre del 2020.
