Ciudad de México.- Indígenas rarámuri defensoras ambientales y territoriales de la comunidad de las Coloradas de la Virgen situada en la Sierra Tarahumara en Chihuahua, entidad norteña de México, lograron una hazaña en defensa de su territorio, emprendieron acciones para contrarrestar el desplazamiento forzado del que son víctimas desde el 2018; ellas interpusieron un amparo y ahora el Estado mexicano está obligado a brindarles protección, no obstante, autoridades continúan oponiéndose a la obligación y manifiestan falta de voluntad de atender dicho recurso al impugnarlo con revisiones, así lo denunciaron.
A pesar de que la jueza del décimo Distrito en el estado de Chihuahua les otorgó el amparo, denunciaron que autoridades del gobierno del estado, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA) recurrieron la resolución.
Este desplazamiento forzado ha sido debido a la tala ilegal que enfrentan en la zona, así como la violencia sobre la comunidad rarámuri por lo que defensoras de derechos humanos y sus familias se vieron forzadas a desplazarse.
Amada, indígena rarámuri de la comunidad comentó:
“antes había mucha gente, vivía mucha gente en la comunidad y los alrededores, muchos niños subían al mero centro de la comunidad de Las Coloradas, pero de repente empezó la violencia, las amenazas, golpearon gente y empezaron a matar”, relató.
Una forma de expresión ante hechos de violencia en diversas comunidades del país, ha sido utilizar las manos, con ellas tejen bordan, hilan conceptos para exponerlos y evidenciar lo que se están viviendo. Estas mujeres defensoras indígenas, también utilizaron este recurso y bordaron un lienzo con la historia de su comunidad para presentarlo en la exposición “Hilos que tejen memorias de lucha y esperanzas”.
Coloradas de la Virgen, es una comunidad indígena de casi 50 hectáreas, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, una de las regiones más pobres y excluidas de México. Más de 850 personas del pueblo indígena rarámuri viven allí y consideran esta tierra como parte de su territorio ancestral. Históricamente han sido discriminados.
En la actualidad, la Comunidad de Coloradas de la Virgen, Chihuahua en situación de desplazamiento forzado, ganadoras del amparo al Estado mexicano, compartieron que ante la reciente sentencia de amparo, el Estado mexicano está obligado a protegerlas y a garantizar condiciones seguras para su retorno.
Este logro alcanzado se dio el pasado 29 de febrero del 2024 cuando la jueza del décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua aprobara el amparo 1870/2023, a través del cual se emitió una resolución por la cual mandata que las autoridades del Estado mexicano de los tres niveles de gobierno a realizar acciones concretas para garantizar los derechos humanos de las personas desplazadas.
Actualmente quienes viven en calidad de desplazamiento interno, lo hacen en condiciones de hacinamiento en refugios que no cumplen con los estándares mínimos para ser considerados viviendas dignas y seguras.
Ellas ingresaron a principios de 2014 al Mecanismo de Protección para Defensoras de Derechos Humanos, para proteger su vida e integridad; esto, ante la omisión de las autoridades en cumplir con el Plan de Protección aprobado por la Junta de Gobierno del Mecanismo en noviembre de 2022, por lo que se vieron en la necesidad de promover un amparo en materia de protección.
Fue este de 29 de abril del 2024, en la Ciudad de México, cuando el equipo legal se reunió con Tobyanne Ledesma y otros funcionarios del Mecanismo de Protección quienes se comprometieron a revisar el Plan de Protección, realizar una visita técnica a la comunidad, coordinar una mesa de trabajo para reunirse con autoridades estatales y mantener la comunicación para el seguimiento y cumplimiento del amparo colectivo.
Atención a causas estructurales
El plan de protección aprobado consiste en la implementación de medidas que atiendan las causas estructurales que originaron el riesgo, medidas de asistencia humanitaria (alimentación y vivienda digna), así como el cumplimiento de derechos sociales, principalmente salud y educación. Al atender cuestiones de carácter estructural el plan de protección obliga a diversas autoridades desde los diferentes ámbitos de sus competencias.
La respuesta del Estado mexicano, desde un inicio «ha resultado ineficaz» para la protección de las y los integrantes de la comunidad de Coloradas de la Virgen desplazadas, afirmaron, pues en el día 24 de octubre de 2018 fue asesinado Julián Carrillo Martínez, cuando ya formaba parte del Mecanismo Federal de Protección.
Julián Carrillo era un líder de la comunidad de Coloradas de la Virgen. Su trabajo era cuidar el territorio, el agua, el bosque y la vida silvestre. Denunció públicamente la tala y la minería por parte de los terratenientes en sus tierras ancestrales, así como la violencia de grupos armados criminales contra su comunidad.
El 24 de octubre de 2018, Julián Carrillo fue asesinado por hombres armados no identificados. El asesinato de Julián fue una tragedia previsible. Denunció ataques y amenazas de muerte durante años. Su casa fue incendiada y recibió amenazas de grupos armados no identificados desde 2015. Otras cinco personas de su familia, incluido su hijo, también fueron asesinadas.
En julio de 2022 ante la total omisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el aumento de la tala ilegal en la comunidad no solo fue desplazado el gobernador tradicional, sino que también se incrementó el hostigamiento contra integrantes de la comunidad Coloradas de la Virgen, sufriendo así la imposición de autoridades no reconocidos por la comunidad lo que resulta una flagrante violación de sus derechos culturales.
Es imperante que se atiendan las causas estructurales del riesgo, pues así lo determina la jueza de Distrito en el estado de Chihuahua en su resolución, que reconoce la inacción del Estado y falta de coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales para cumplir las medidas de protección a favor de las familias en situación de desplazamiento forzado.
Restitución de derechos
La sentencia ordena a las autoridades correspondientes establecer los procesos y planes de actuación para que los integrantes de la comunidad reciban asistencia humanitaria y detengan el desplazamiento de sus comunidades, les proporcionen alojamientos seguros y en condiciones de dignidad, así como garantizar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes, desde un enfoque de inclusión social y perspectiva de derechos culturales, y, por último, realizar todas las acciones encaminadas al retorno digno y seguro a su territorio.
Por otra parte, aborda el tema de seguridad donde pide que implementen las diligencias para la pacificación de la zona y la implementación de soluciones duraderas en su retorno, re asentamiento y reintegración de las personas las personas desplazadas con sus familias. En este sentido, ordena que la reintegración debe tener todas las condiciones para que las familias vivan seguras y alcancen una vida digna con el enfoque de pertinencia cultural.
A las autoridades ambientales señala que deben realizar acciones para contrarrestar la tala ilegal que fue el origen del riesgo, siendo necesarias acciones para la restauración, la clausura de obras y sancionar el incumplimiento de las leyes en materia ambiental.
Las autoridades están obligadas a cumplir con las acciones del plan de protección, no obstante, las autoridades continúan oponiéndose a la obligación y manifestando una falta de voluntad de atender a las personas desplazadas impugnando a través de recursos de revisión.
Por efectos del amparo las autoridades están obligadas a cumplir con las acciones del plan de protección, no obstante, continúan oponiéndose a la obligación y manifestando una falta de voluntad de atender a las personas desplazadas impugnando a través de recursos de revisión.
Por lo que exigieron a los tres niveles de gobierno que se coordinen para atender las causas estructurales que originan el riesgo.
Exigieron el cumplimiento de las medidas de asistencia humanitaria, derechos sociales y medidas estructurales establecidas en el plan de protección.
Exigieron retornos dignos y seguros.
LOA/OLO
