Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de la Mujer conmemorado cada 8 de marzo, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) señaló que México llega a esta fecha con retrocesos en la política pública para enfrentar la violencia feminicida, principalmente ante el debilitamiento de las Alertas por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) como consecuencia de su incorporación a la Secretaría de las Mujeres federal.
Hay que decir que el OCNF es una red conformada por organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, colectivos y familiares de víctimas de violencia feminicida que trabajan para contribuir a la disminución de la desigualdad, la discriminación y la violencia feminicida en México.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México, aunque el número podría ser mayor. En cuanto a homicidio doloso de mujeres, durante 2025 se registraron 2 mil 74 víctimas. Guanajuato (327), Baja California (189), estado de México (172) y Michoacán (141) concentraron alrededor del 40 por ciento de estos delitos.
En 2025 México registró 721 casos de feminicidio. Sinaloa ocupó primer lugar
De acuerdo con la organización, México no vive en un momento de avance en la garantía de los derechos de las mujeres, sino de retrocesos. Destacaron que la violencia feminicida continúa siendo una lucha contra estructuras institucionales que reproduce desigualdad, estereotipos de género e impunidad patriarcal.
México cerró el 2025 con 721 casos de feminicidio y 2 mil 73 casos de homicidio doloso según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Por primera vez, el estado de México fue superado como la entidad con mayores registros siendo que Sinaloa encabezó la lista ante el incremento de violencia derivada de grupos criminales.
En 2025 México registró 721 casos de feminicidio. Sinaloa ocupó primer lugar – cimacnoticias.com.mx
Pese a la afirmación del Gobierno federal en cuanto a una supuesta disminución de casos de feminicidio, organizaciones como el OCNF y Causa Común han documentado que la metodología empleada para realizar dicho conteo está siendo manipulado con fines propagandísticos lo que impide que sean considerados como una herramienta útil para generar diagnósticos y políticas públicas.
El informe «Incidencia delictiva y algunas anomalías» da cuenta que las cifras se retoman del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de las fiscalías, pero varios delitos se reclasifican o diluyen su número debido a la metodología empleada.
Causa Común ha señalado que el delito de feminicidio arrastra problemas de subrregistros por la falta de homologación en los códigos penales estatales afectando la precisión de las estadísticas reportadas. Gracias a esto, existen altas variaciones entre el porcentaje de homicidios dolosos y feminicidios.
Para María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF), no se puede plantear una disminución del delito de feminicidio como asegura el Gobierno federal, ya que persisten fallas para catalogar correctamente los casos de delito de feminicidio.
En adherencia, existen otros problemas como la falta de fiscalías especializadas en feminicidios en los estados de la república y la inexistencia de figuras en algunas zonas del país para investigarlos; así como las deficiencias en las investigaciones donde se ha documentado pérdida de evidencia, investigaciones que no son de forma pronta y exhaustiva, falta de perspectva de género e implementación de medidas de protección.
«Seguimos documentando la negativa de seguir investigando muertes violentas como feminicidios. Ausencia de análisis de peritajes sociales que ayuden a acreditar los contextos de violencia de género en los que se encontraban las mujeres asesinadas y análisis de contexto necesario para identificar patrones y modus operandi que ponen en riesgo la vida de las mujeres, ante el crecimiento de redes criminales en todos los estados del país.» -Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).
Alertas de género debilitadas
El OCNF advirtió que las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) son uno de los mecanismos más importantes para enfrentar la violencia feminicida y estás se encuentran «debilitadas, opacas e ineficientes». También plantearon que a un año de que la Secretaría de las Mujeres federal asumirán su seguimiento no han presentado avances.
Remarcaron que la reforma del artículo 23° de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) eliminó la obligación de las entidades que cuentan con una AVGM a informar cada seis meses sobre el cumplimiento de las medidas y dichos informes quedaron sujetos a un sistema nacional «ineficiente y ajeno a las problemáticas estatales y de propio mecanismo».
Cabe recordar que, en enero de 2026 entró en vigor el decreto presidencial en materia de igualdad sustantiva, violencia de género y el avance de los derechos de las mujeres. Con ello, se hizo la reformación en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que quedara explicito que la Secretaría de las Mujeres asumiría el trabajo y emisión de las AVGM, acción que no había ocurrido cuando en enero de 2025 la instancia entró en funciones.
Durante el transcurso de 2025, un informe sombra dirigido al Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) realizado por organizaciones civiles denunció que a seis meses de entrar en operaciones la Secretaría de las Mujeres no había podido asumir la función de las AVGM, la cual anteriormente le correspondía a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
Ahora, el OCNF denuncia que desde 2025 en entidades como Veracruz, Puebla, Quintana Roo o Jalisco no se han convocado el grupo de trabajo de la Alerta; mientras que en otros como estado de México, Sonora y Chiapas se ha sesionado una vez. A su vez, advirtieron que no existe análisis de contextos actualizados que permiten determinar las medidas que han quedado rebasadas y cuales pueden fortalecerse, tampoco se ha convocado a integrar a las expertas independientes a la discusión.
Por otro lado, les preocupa que se proponga el levantamiento de las AVGM, ya que recientemente en el estado de México se redujeron de 185 a 88 las zonas de atención de la Alerta bajo la argumentación de una disminución de más del 50% de casos de feminicidio en la entidad. Además, en el estado de Guerrero se está evaluando el levantamiento de la AVGM por agravio comparado.
Por otra parte, el OCNF denunció que no existe claridad sobre los criterios de distribución de los 856 millones de pesos asignados al Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas que fue el resultado de la fusión de dos programas presupuestarios de los cuales señalaron que se desconoce cómo los recursos están siendo ejercidos en los Centros de Justicia, los refugios y el mecanismo de la AVGM.
“Lo que estamos viendo no es un fortalecimiento del Estado frente a la violencia feminicida, sino un debilitamiento de los mecanismos que costaron años de lucha construir. Quitar la obligatoriedad de los informes, centralizar decisiones sin rendición de cuentas y plantear el levantamiento de Alertas sin evaluaciones públicas y técnicas es un mensaje claro de retroceso en la protección de los derechos de las mujeres”, señaló María de la Luz Estrada, directora del OCNF.
En el marco del 8M, el OCNF hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Paro, a Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, así como los gobiernos estatales y municipales para conocer la propuesta de fortalecimiento anunciada por la presidenta para mejorar la AVGM; transparentar el ejercicio del presupuesto en materia de violencia contra las mujeres; contar con análisis de los contextos para evaluar si las acciones implementadas por los gobiernos tienen impacto en la vida de las mujeres y en el acceso a la justicia; y la protección de los derechos de las mujeres sin estar sujeta a criterios discrecionales.
