Ciudad de México.- Sochil Arell Martin y Sharim Guzmán, quienes sobrevivieron a la violencia sexual ejercida por personajes del grupo religioso La Luz del Mundo, denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) cerró la carpeta de investigación relacionada con trata de personas por parte de esta organización, no obstante impugnarán dicha decisión para no dejar en impunidad el caso.
La denuncia que fue interpuesta por Sochil Arell Martin y Sharim Guzmán en el 2029, también estaría implicando a varios políticos y líderes religiosos a quienes acusan de «construir una red de lavado de dinero, trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil que sigue operando en el país», afirmaron.
Basta recordar que, en mayo de 2019 se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes, un concierto de ópera que fue considerado como un homenaje a Naasón Joaquín García, esto por solicitud del senador Israel Zamora y al cual asistieron figuras de la política mexicana como Martí Batres cuando era presidente del Senado; el diputado federal Sergio Mayer; el morenista Félix Salgado Macedonio, y el exgobernador de Jalisco Enrique Alfaro, entre otros.
Tras este carpetazo, Sochil Arell Martin y Sharim Guzmán acusaron que la FGR ignoró no solo la sentencia emitida en Estados Unidos contra el líder de La Luz del Mundo, e informaron que seis cuentas bancarias de 356 millones de pesos que pertenecen a esta Iglesia están bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde 2020.
Hay que recordar que el pasado 17 de diciembre de 2025 la Fiscalía Especial en Investigación de Tráfico de Menores, Personas, Órganos, y Contra la Biodiversidad (FEITPOC) autorizó el «no ejercicio de la acción penal» contra Naasón Joaquín García, quien fue ministro religioso y líder de la Iglesia La Luz del Mundo.
Esta organización religiosa tienen presencia en diversas partes del mundo, aunque en México su sede central está ubicada en Guadalajara, Jalisco. Las cifras del proporcionadas por la investigación «La Luz del Mundo, estado laico y gobierno panista», detalla que en 1995 las y los feligreses alcanzaban los 20 mil miembros en el país, y para 2014 ya sumaban 188 mil 326 miembros.
Desde junio de 2022, Naasón Joaquín García se encuentra privado de su libertad en Estados Unidos cumpliendo una condena de 16 años y 8 meses de prisión al aceptar su culpabilidad ante la Fiscalía de California por tres cargos de abuso sexual contra menores de edad. También fue sentenciado por dos cargos de cópula oral con menor de edad y actos lascivos con un niño.
Naasón Joaquín García fue perseguido en Estados Unidos por tener un grupo de niñas y adolescentes a las que denominaba «doncellas» quienes fueron coaccionadas para ser abusadas sexualmente por él mientras eran adoctrinadas con discursos religiosos para justificar la agresión.
Es necesario reconocer que el testimonio y denuncia en el 2019 de Sochil Arell Martin y Sharim Guzmán se procedió a la investigación de la FGR, además sus testimonios fueron claves para la sentencia emitida en Estados Unidos contra el Líder de La Luz del Mundo.
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También las investigaciones apuntan a una presunta vinculación de la organización religiosa con cárteles de droga mexicanos, ya que, en 2025, alrededor de 38 personas del grupo de Yaser, una guardia secreta de los líderes del La Luz del Mundo, fueron detenidos en Vista Hermosa, Michoacán, en una zona de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, para recibir «entrenamiento militar», según señalaron las sobrevivientes.
«A pesar de las pruebas aportadas a la FGR, entre las cuales se encuentran los testimonios de varias víctimas de abuso sexual, la Fiscalía pretende cerrar el asunto, mantener en la impunidad a los líderes de LLDM y permitir que sigan traficando personas, varias de ellas menores de edad, y lavando dinero en México» – Sochil Arell Martin y Sharim Guzmán, sobrevivientes de violencia sexual.
La resolución de la FGR también ocurre en un contexto de trata de personas con fines de explotación sexual, pues en México no existe una cifra oficial que permita dar cuenta sobre este delito. No obstante, estimaciones de Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que en el mundo hay 49.6 millones de personas que viven bajo estas condiciones, de las cuales el 30% de ubica en América Latina y el Caribe y alrededor de 270 mil están en el país.
Recientemente, durante el evento Mundial Sin Trata elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), SINTRATA, A.C. y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México; se dio a conocer que en México el 96% de los casos de trata no se reportan lo que limita su identificación y atención por las autoridades.
Los reportes de la Línea Nacional contra la Trata de Personas impulsada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México desglosan que la explotación sexual se concentra en más de la mitad de los casos reportados (51%), seguida del trabajo forzado (25%) y otras formas de explotación laboral y mendicidad forzada (15%).

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México indica que son mujeres y menores de 18 años la población más vulnerable (48.8%), pero si se segrega por género, las mujeres conforman el 65% de las víctimas frente al 35% de los hombres. Los reportes de la Línea Nacional señalan que la mayoría de las víctimas de trata con mujeres entre los 3 y 17 años.
Por ahora, el equipo legal de las sobrevivientes Sochil Arell Martin y Sharim Guzmán impugnaron el carpetazo que será revisado el próximo 16 de abril de 2026 por el juez de control Juan José Rodríguez Velarde del Centro de Justicia Penal Federal en el Complejo Penitenciario Puente Grande ubicado en Jalisco en quien, según señalaron, dependerá la decisión de no dejar en impunidad sus casos.
La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C. también se pronunció al respecto y mencionó su preocupación ante el cierre de la investigación, por lo que exigieron la revisión que garantice una investigación exhaustiva, imparcial y que ponga en el centro el interés superior de la niñez ante denuncias de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.




