El Mundial de futbol está cada vez más cerca y con él, crecen las incertidumbres. Estas no solo son frecuentes, sino evidentes, y nos obligan a preguntarnos qué podemos esperar en materia de derechos humanos.
Las obras que mantienen paralizada la ciudad —como las de Tlalpan o las intervenciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México— son un recordatorio de los costos que suelen ocultarse tras los grandes eventos. La prisa por cumplir plazos internacionales no siempre va de la mano con la planeación, la seguridad ni el respeto a las comunidades.
Conviene recordar el caso de la Línea 12 del Metro, construida entre 2008 y 2013 en medio de denuncias de despojo y afectaciones a comunidades originarias en Tláhuac. Desde 2014 comenzaron a documentarse irregularidades; el sismo de 2017 agravó los daños y, en 2021, el colapso de una trabe provocó la muerte de 26 personas y dejó casi un centenar de heridas. Más que un hecho aislado, fue la consecuencia de decisiones marcadas por la opacidad, la negligencia y la falta de rendición de cuentas.
Si la premura por “llegar a tiempo” implica acelerar obras sin garantías de calidad, la pregunta es inevitable: ¿vale la pena concluir proyectos que podrían derivar en nuevos desastres?
A la incertidumbre en materia de infraestructura y movilidad se suma la incertidumbre política. Recientemente, el gobierno federal enfrentó cambios en su gabinete, como la renuncia de Citlalli Hernández Mora a la titularidad de la Secretaría de las Mujeres para reincorporarse a la dirigencia de Morena, en un contexto marcado por reformas legislativas relevantes, como la iniciativa para crear una Ley General de Feminicidio.
Solo un día después de que el Senado aprobara la iniciativa presidencial para reformar el artículo 73 de la Constitución mexicana que permite al Congreso de la Unión crear la Ley General de Feminicidio para homologar el delito en todo el país; Citlalli Hernández entregó su renuncia con miras a preparar a su partido rumbo al proceso electoral de 2027 en la Comisión Nacional de Elecciones en Morena.
Transformar el Instituto Nacional de las Mujeres a la Secretaría de las Mujeres fue uno de los primeros hechos de este gobierno para mostrar su apuesta por las mujeres, sin embargo, en la práctica, su funcionamiento no ha tenido la mejor evaluación derivado de los recortes presupuestales para la igualdad y retraso en los desembolsos para la operación de los Refugios para mujeres víctimas de violencia, debilidades en la atención a las Alertas por Violencia de Género y, por supuesto, las grandes brechas para el acceso a la justicia para las víctimas.
Muestra de ello es el reciente caso de feminicidio de Edith Guadalupe sucedido en la Ciudad de México es una muestra de cómo todo es prioridad antes que salvar la vida de las mujeres.
El caso expone los retos para el acceso a la justicia: tardanza en emprender la búsqueda y las investigaciones, de personal sensible y capacitado como responsable de las investigaciones, coordinación interinstitucional, la prevalencia de estereotipos de género y la estigmatización y culpabilización de las víctimas, la corrupción y negligencia que llevan a las familias a emprender la búsqueda de la verdad y la justicia.
La jefa de gobierno recomendó “Durante el mundial no salgan de sus casas”, porque nuestra vida no es una prioridad. En este contexto, resulta alarmante que se sugiera que, durante el Mundial, las mujeres “no salgan de sus casas”. La seguridad no puede trasladarse a la responsabilidad individual de las posibles víctimas; hacerlo implica reconocer, de facto, que el Estado no está garantizando condiciones mínimas de protección.
Como ha señalado Sayuri Herrera, exfiscal especializada en feminicidios de la Ciudad de México (2020-2025): “la justicia para una se siente como justicia para todas, la impunidad para una se siente como impunidad para todas”. Su afirmación resume una realidad persistente: cada caso sin resolver profundiza la desconfianza y el dolor colectivo.
Frente a este panorama, la prioridad debería ser clara. Que la organización de un evento internacional no eclipse lo fundamental: la vida, la seguridad y los derechos de las personas. Reducir la incertidumbre no pasa por acelerar obras ni por discursos optimistas, sino por garantizar justicia, transparencia y responsabilidad institucional.
Que las incertidumbres presentadas se reduzcan en aras de priorizar lo que importa: la vida.
