Ciudad de México.- De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), los resientes casos de feminicidio de Ana Febe Rojas Vega y Edith Guadalupe Valdés Zaldívar ocurridos en la Ciudad de México en los últimos días reflejan la negligencia institucional que agrava la violencia feminicida en lugar de prevenirla debido al actuar de las autoridades.
La violencia feminicida es una de las violencias más arraigadas en México que continúa perpetuándose, datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero y febrero de 2026 ya han acontecido 94 casos de feminicidio, de los cuales 9 ocurrieron en Ciudad de México, siendo esta la segunda entidad con mayor incidencia solo después de Sinaloa.
El pasado 24 de marzo, Ana Febe Rojas egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM fue encontrada sin vida en el baño de su casa ubicado en la alcaldía Cuajimalpa y de acuerdo con la familia, sería su esposo el presunto feminicida porque ya había antecedentes, pues días antes de su muerte compartió a su madre y hermana que vivía violencia física y verbal de su parte.
El padre de Ana Febe denunció que desde que fueron notificados sobre el feminicidio de su hija hubo irregularidades como que la escena del crimen no fuera resguardada adecuadamente, pues al llegar al lugar se encontraron con familiares y personas integrantes de la iglesia del presunto feminicida.
El OCNF denunció que la Fiscalía de Cuajimalpa se negó a investigar el caso como un feminicidio clasificándolo como homicidio culposo, esto a dos semanas de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara su propuesta para crear una Ley General de Feminicidio en donde una de sus modificaciones es que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como posible feminicidio.
La organización, quien también acompaña y da seguimiento al caso, explicó que la fiscalía ignoró las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hubo otras irregularidades como que la investigación fue «minimizada» y conducida con prácticas que desconocen décadas de avances en materia de derechos humanos de las mujeres.
Edith Guadalupe
El pasado 15 de abril, Edith Guadalupe de 21 años salió a una entrevista de trabajo en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, pero nunca salió del lugar de acuerdo con las cámaras del C5. Hasta el momento, la Fiscalía detuvo a Juan Jesús N. quien trabajaba como vigilante del edificio de acuerdo con las primeras indagatorias.
Para el OCNF, desde el momento en que se reportó su desaparición, la Fiscalía de la Ciudad de México fue «omisa» para activar el mecanismo de búsqueda de forma inmediata y eficaz. Fue la familia quien realizó la búsqueda por su cuenta, incluso consiguieron el material de las cámaras de seguridad logrando dar con la ubicación del edificio donde Edith Guadalupe ingresó.
A pesar de la información proporcionada por la familia a las autoridades, éstas no intervinieron de forma inmediata hasta el 17 de abril, dos días después de la desaparición encontrando el cuerpo sin vida de Edith Guadalupe. La madre de la joven denunció ante medios de comunicación que las autoridades le exigieron esperar 72 horas, así como dinero para agilizar la búsqueda.
El Observatorio Ciudadano señaló que el actuar de la Fiscalía reprodujo prácticas violatorias de derechos humanos que obstaculizaron la búsqueda mientras la vida e integridad de Edith estaba en riesgo: «la actuación inmediata no es opcional, es una obligación legal», señaló la organización.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano, actualmente México cuenta con protocolos que permiten investigaciones sin dilaciones, incluso sin una orden de cateo cuando existe riesgo inminente y que son incluidos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por lo que, acusaron que no aplicarlos constituye «una omisión grave» como lo fue en el caso de Edith.
«Ambos casos demuestran que no basta con crear protocolos ni anunciar reformas. Mientras las fiscalías territoriales sigan operando con inercias, prejuicios y falta de debida diligencia, la distancia entre el discurso institucional y la realidad seguirá costando vidas.» -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Ante ambos casos de feminicidio, la organización exigió investigaciones con debida diligencia conforme a estándares nacionales e internacionales en materia de feminicidio; respecto al debido proceso sin simulaciones o encubrimientos y no revictimizar a las familias.
También señalaron que, en el caso de Edith, la actuación del Ministerio Público fue «negligente y contraria a la legalidad», asegurando que su muerte pudo haberse evitado. Por ello, reiteraron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deben redoblar esfuerzos para atender la violencia contra las mujeres: «lo que se requiere son resultados concretos».
El Observatorio Ciudadano hizo un llamado a retornar las observaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil a las 15 acciones para la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México, propuestas por la Jefa de Gobierno Clara Brugada como fortalecer los protocolos de investigación de feminicidios e implementar mecanismos de búsqueda especializada en mujeres y niñas.
«Es inaceptable vivir en un México indolente, donde la negligencia institucional reduce a las víctimas a números de carpeta. Cada omisión, cada retraso y cada prejuicio tienen consecuencias irreparables. La justicia para Ana Febe y Edith no puede esperar.» -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
