Ciudad de México.- Desde que denunció violencia sexual por parte de su pareja en 2020, Andrea lleva seis años buscando justicia pues su agresor fue liberado por la Séptima Sala Penal, porque «no hubo suficiente violencia física» para acreditar el delito, por ello, 141 organizaciones feministas realizaron una petición ciudadana para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acepte atraer el caso con expediente SEFA 296/2026.
Las organizaciones señalaron que, pese a los avances para juzgar con perspectiva de género, «la justicia continúa fallando». Tan solo en el caso de Andrea en 2021 su agresor fue vinculado a proceso por un Juez de Control y ese mismo año la Séptima Sala Penal revocó la decisión.
Fue en enero de 2022 que un Juzgado de Distrito determinó que el caso no se analizó con perspectiva de género, mientras aseguró que se usaron argumentos discriminatorios y estereotipados. Hasta enero de 2023, un Tribunal Colegiado emitió una orden para emitir una resolución libre de estereotipos.
En abril de 2023 se volvió a vincular a proceso al agresor de Andrea y en febrero de 2024 un Juzgado de Distrito confirmó la decisión; sin embargo, a finales de ese año el Tribunal Colegiado, quien anteriormente reconoció las violaciones en el caso, ordenó no vincularlo a proceso a pesar de contar con los mismos datos de prueba que ya se había analizado.
Para enero del 2025, de nueva cuenta el Tribunal de Alzada determinó que «no existía suficiente violencia física» y, desde entonces, Andrea y su familia interpusieron varios recursos para revertir la resolución que ya había sido cuestionada por autoridades federales por violar sus derechos fundamentales.
Para las organizaciones, que el Máximo Tribunal atraiga el caso de Andrea permitirá que no se pierda la vinculación a proceso que se obtuvo inicialmente, así como una «oportunidad histórica» de enviar un mensaje a las víctimas de violencia sexual: «podrían decidir denunciar si encontraran una justicia más accesible, pronta y libre de revictimización.», apuntaron.
«Ninguna mujer debería cargar con esa doble violencia: la agresión sufrida y el desgaste de un sistema que la obliga a esperar indefinidamente. Cuando denunciar implica dedicar años de vida sin garantías de ser escuchada, el silencio deja de ser una elección y se convierte en una consecuencia del sistema» -Organizaciones feministas denunciantes.
De acuerdo con las organizaciones, el caso de Andrea expone cómo las mujeres víctimas de violencia sexual enfrentan violencia e impunidad institucionalizada, desde demoras excesivas, revictimización, resoluciones contradictorias y fallos basados en estereotipos de género y prejuicios.
En el caso de Andrea, el argumento de la Sala Penal sobre la insuficiencia de violencia física y los cuestionamientos por «no pedir ayuda» fueron utilizados en los seis años que lleva denunciando. Para las organizaciones, estos criterios ignoran la realidad de la violencia sexual, el trauma que genera en las víctimas y trasladan la carga sobre ellas.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta que en el transcurso de 2026 ya hay 4 mil 663 denuncias por violencia simple y equiparada, así como 635 llamadas a emergencias relacionadas con incidentes de violación a nivel nacional.
Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que en México el 49.7% de las mujeres experimentaron violencia sexual, la cual es el cuarto tipo de violencia ejercida por la pareja. Además, el 3.8% de las mexicanas tuvieron su primera relación sexual sin su consentimiento, pero solo se denunciaron el 8.4% de agresiones sexuales.
Datos proporcionados por las organizaciones feministas muestran que 1.6 millones de mujeres que experimentaron esta violencia, su agresor fue su pareja, de ellas, en más de 130 mil carpetas de investigación las víctimas son mujeres entre los 15 y 25 años.
Sin embargo, el análisis del 2023 sobre el Tendedero de la Glorieta de las Mujeres que Luchan impulsado por la Red por la Igualdad de Género, mostró que de 144 mujeres sobrevivientes de violencia sexual, solo dos de ellas pudieron iniciar un juicio. Entre las causas más comunes se encuentran el miedo o desconfianza ante las autoridades, así como la inversión de tiempo, dinero y costos emocionales en el proceso.
De aceptarse este caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podría fijar un precedente sobre cómo deben juzgar los casos de violencia sexual en México y el máximo podría pronunciarse sobre temas como perspectiva de género, valoración de pruebas sin estereotipos, plazo razonable, debida diligencia reforzada, recursos efectivos contra sentencias fraudulentas y acceso real a la justicia para víctimas de violencia sexual.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran: Abogadas con glitter, Alianza Política Feminista, Antimonumenta, Equis Justicia para las Mujeres, Glorieta de las Mujeres que Luchan, Justicia Pro Persona A.C., Las del Aquelarre Feminista, Madres Libertarias, Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, REDIGE Red por la Igualdad de Género, Sin violencia A.C., Sobrevivientes de feminicidio AC, Sobrevivientes de Feminicidio en México A.C., y Werwomenonfire, entre otras.
