Ciudad de México.— Ha pasado más de un año desde que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asumió la Presidencia de México y en ese lapso de tiempo el país ha enfrentado retos en materia de derechos humanos, específicamente cuando se habla de mujeres, todo ello fue descrito por Amnistía Internacional en su nuevo informe “Promesas en Marcha, Derechos en riesgo”.
Fue el pasado 1 de octubre de 2024 cuando Sheinbaum asumió la presidencia para un mandato de seis años y ella no solo se convirtió en la primera mujer en el cargo político más alto, sino que heredó una crisis de derechos humanos ocurrido desde sexenios anteriores donde hubo diversas violaciones a derechos humanos, uno de esos grupos afectados fueron las mujeres.
De acuerdo con la organización, el Gobierno de México reconoció el contexto histórico de violencia, desigualdad y exclusión que enfrentan las mujeres. Esto provocó que se fortaleciera su estructura para atender la problemática como la creación de una Secretaría de las Mujeres a nivel federal gracias al mandato de Sheinbaum para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En 2025, durante la X comparecencia del Estado mexicano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la instancia apuntó la existencia de actitudes y estereotipos que socavan la condición social de las mujeres ovacionando la desigualdad de género, sobre todo a indigenas y afromexicanas. Advirtió sobre el aumento de violencia de género por actores estatales y no estatales como organizaciones delictivas. Entre algunos delitos relacionados se identificó a las desapariciones, torturas, violencia sexual y feminicidio.
A esto se suma, que el Comité CEDAW cuestionó al Estado mexicano sobre la implementación del personal militar en la seguridad pública. Una situación que generó casos de violencia de género cometidos por elementos castrenses.
La conclusión de la CEDAW reforzó la situación de discriminación a la que se enfrentan las mujeres y que ha sido documentado por otros mecanismos.
Otro tema que preocupa a Amnistía Internacional son los casos de feminicidio. Aunque en 2009 la Corte IDH condenó al Estado mexicano por no investigar la desaparición y asesinato de tres mujeres cuyas muertes ocurrieron en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, apuntó que el país no ha tomado medidas para evitar que se repitan este tipo de hechos.
Señaló que no existen datos precisos sobre el número de feminicidios que se cometen en el país, ya que las autoridades utilizan datos de las carpetas de investigación abiertas por las fiscalía ante ese posible delito. Esta información es recopilada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y publicados cada mes.
Aunque los datos son carpetas de investigación abiertas por las fiscalía respecto al delito de feminicidio, AI alertó que las carpetas pueden tener fallas en la clasificación del delito, ya que en ocasiones son investigados como homicidio solos o suicidio. Por lo que, los datos actuales podrían representar erróneamente el panorama de este delito.
AI resaltó que una de las respuestas a la violencia feminicida fue implementar la línea telefónica de atención a cargo del Centro de Atención para el Bienestar con la finalidad de brindar orientación y asesoría por hechos de violencia. Desde mayo de 2025 se puso en marcha el servicio que incluye atención psicológica, asesoría legal y canalización con refugios e instituciones.
Respecto al tema de aborto, la organización mencionó que existen prácticas legislativas que obstaculizan el derecho de las mujeres para acceder al servicio. Actualmente, ya está despenalizado en 23 entidades más el caso particular de Aguascalientes y durante 2025 el Congreso de Guanajuato rechazó varias veces un paquete de reformas para despenalizarlo, además organizaciones han documentado qué instituciones de salud se siguen negando a proporcionar el servicio.
Los derechos humanos en México
A nivel nacional, Amnistía Internacional señaló reconfiguraciones institucionales como la aprobación de la Reforma al Poder Judicial con la cual se cambió la selección de personas juzgadoras, magistradas y ministras en el país a través del voto popular y dividida en dos fases: una en 2025 y otra en 2027. La organización alertó que esto afectó la independencia judicial.
Un día antes de que Sheinbaum asumiera la presidencia, el 30 de septiembre de 2024 se aprobó una reforma constitucional para que la Guardia Nacional formara parte de las Fuerzas Armadas. En julio de 2025, se votaron leyes con las cuales permitieron que ampliara sus facultades en temas de seguridad como la obtención de comunicaciones privadas y la investigación del control migratorio. Con ello, la organización señala que la principal institución federal encargada de hacer cumplir la ley ahora es de carácter militar.
Respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en noviembre de 2024 el Senado de la República reeligió a María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de esta institución a pesar que durante su gestión en 2019 a 2024 cerró casos sin investigación adecuada, se enfocó en eventos de sexenios anteriores y no se pronunció por casos relacionados con las Fuerzas Armadas, según alertó AI.
A esto se suma la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el cual era un órgano constitucional autónomo. Sus funciones se transfirieron al nuevo organismo Transparencia del pueblo y en los primeros meses desechó casi la totalidad de recursos ciudadanos que buscaban acceso a la información.
Desde 2009, la estrategia de seguridad en México ha estado marcada por la militarización, lo que ha implicado riesgos constantes para los derechos humanos. Durante el periodo analizado, se documentaron varios casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, incluyendo ataques contra civiles y personas migrantes. Entre ellos destacan hechos en Chiapas, Tamaulipas y Sinaloa, donde militares dispararon contra vehículos, provocando muertes y personas heridas, incluso niñas.
La crisis de desapariciones sigue siendo uno de los problemas más graves del país, con al menos 133 mil personas desaparecidas. No se registraron avances significativos en su atención, ya que muchas víctimas no son buscadas de manera efectiva por las autoridades. Ante la inacción institucional, familiares —principalmente mujeres— han asumido la búsqueda, enfrentando graves riesgos, como lo demuestra el asesinato de al menos siete personas buscadoras en 2025.
El sistema de justicia penal continúa presentando abusos estructurales, especialmente mediante figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Ambas permiten privaciones de libertad sin garantías suficientes ni análisis individualizado de los casos. Esto ocurre pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó eliminar estas prácticas en 2022, lo que evidencia el incumplimiento de estándares internacionales por parte del Estado mexicano.
Durante el periodo observado por Amnistía Internacional, las autoridades recurrieron de manera reiterada a despliegues policiales masivos en manifestaciones públicas. Aunque en muchos casos no intervinieron ante actos de violencia aislada, sí dispersaron protestas pacíficas sin justificación suficiente ni apego a estándares internacionales. En algunas movilizaciones, como las feministas del 8 de marzo de 2025, se reportaron detenciones potencialmente arbitrarias.
Además, las fuerzas de seguridad emplearon métodos no autorizados para el control de multitudes, como el encapsulamiento indiscriminado y el uso de extintores para dispersar manifestantes. Estas prácticas pusieron en riesgo la integridad de las personas y reflejan un uso desproporcionado de la fuerza, así como una falta de regulación adecuada en la actuación policial.
En paralelo, persisten preocupaciones graves sobre vigilancia ilegal a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, sin que existan investigaciones efectivas ni garantías de no repetición.
A esto se suman reformas impulsadas por el gobierno que amplían las facultades de vigilancia estatal, como el acceso a la geolocalización en tiempo real. En este contexto, continúan los ataques, asesinatos y procesos de criminalización contra quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo.
