Ciudad de México.- Uno de los 10 ejes centrales del Plan de Procuración de Justicia 2026-2029 que presentó Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), apuesta por atender la violencia contra las mujeres; sin embargo, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, alertaron que pese a retomar criterios que serán incluidos en la Ley General de Feminicidio, lo que se necesita es la profesionalización de los ministerios públicos.
Fue el pasado 28 de abril cuando el Senado de la República aprobó el Plan Estratégico de Ernestina Godoy con 85 votos a favor, 30 abstenciones y un voto en contra. Esto ocurrió pese a las advertencias de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien señaló que el documento mantiene varias problemáticas.
El mismo día que se presentó este Plan, se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar en un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. La familia cerró vialidades para denunciar las omisiones de la policía y un intento de soborno por parte de integrantes de la Fiscalía de la Ciudad de México.
El Plan de Procuración de Justicia 2026-2029 se trata de un documento que detalla las acciones que realizará la FGR entre 2026 y 2029 siguiendo la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. En el país cada tres años se debe emitir un plan estratégico que incluya las prioridades de la instancia en ese periodo. Sin embargo, para Ivette Galván, coordinadora del área de defensa del Centro Prodh el documento se presenta en un momento donde las instituciones están «trastocadas».
En septiembre de 2024, Arturo Zaldívar, el exministro presidente de la SCJN y actual coordinador de Política y Gobierno en el gabinete presidencial, declaró que en el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo vendría una reforma constitucional a las Fiscalías y Defensorías Públicas. En junio de ese año, la misma Ernestina Godoy calificó dicha reforma como el siguiente paso de la agenda política del país.
Para Ivette Galván, el Plan Estratégico deja por sentado que en México existe un problema para acceder a la justicia que no se resolvió con la Reforma Judicial, la cual implementó el voto popular para cargos como jueces de distrito, magistraturas o ministras y ministros de la SCJN. Es así que el documento parte de un problema medular con los niveles de impunidad en el país que recaen en el trabajo de las fiscalías.
Datos de la propia FGR señalan que existen 84 mil 177 carpetas de investigación del fuero federal, pero solo en el 15.6% de los casos hubo un detenido. En 2025 se generaron 136 mil 256 carpetas de investigación, de ellas se judicializaron 22 mil 54 (16.8%) y solo 13 mil 44 (7.14%) llegaron a una sentencia.
Ante la falta de justicia y el trabajo realizado en las fiscalías el país, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (EVIPE) del NEGI señala que la percepción de inseguridad de la población se ubicó en el 75.6% y la confianza en la FGR se posicionó en el 64.5%, además representa un «estancamiento» desde el 2020.
De acuerdo con la propia FGR en su plan estratégico, se pretende abandonar las «respuestas genéricas» para adoptar un análisis en la persecución penal de la violencia de género. La instancia parte del delito de feminicidio y alude a que se necesita una «metodología profunda» en su persecución penal que lograrán incorporando la perspectiva de género.
Aunque el delito de feminicidio es competencia de las autoridades del fuero común, Ernestina Godoy propone que la FGR pueda atraer el caso cuando existan evidencia de patrones de macrociminalidad, intervención de delincuencia organizada o cuando se llegue a un acuerdo en coordinación con las autoridades locales.
Sin embargo, para Ivette Galván, coordinadora del área de defensa del Centro Prodh, en entrevista para Cimacnoticias, el que la Fiscalía pueda atraer temas no debería limitarse solo a los casos de feminicidio, sino que debe ampliarse a temas como desapariciones, homicidios y agresiones relacionadas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluso si no están relacionados con delincuencia organizada.
En México, al menos 30 mujeres defensoras fueron víctimas de feminicidio en los últimos 25 años, de acuerdo con datos de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT). A esto se suma que organizaciones como IM-Defensoras documentaron un total de mil 383 agresiones contra 321 defensoras y 22 organizaciones, pero cada día las cifras aumentan.
El Plan Estratégico también retoma el criterio Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena investigar toda muerte violenta de una mujer como un posible caso de feminicidio, mismo ordenamiento incluido en la próxima Ley General de Feminicidio propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En México, uno de los casos que espera ser investigado como feminicidio es el de Debanhi Escobar ocurrido el 9 de abril de 2022 en Nuevo León. Pese a que la FGR atrajo el caso en 2024, Dolores Bazaldúa y Mario Escobar, los padres de la joven, compartieron con Cimacnoticias que hasta el momento la instancia no ha querido acreditar el feminicidio.
También denunciaron que Ernestina Godoy no había tenido acercamiento con la familia a pesar a publicar un video en YouTube donde pedían a la fiscal que se investigara el feminicidio de Debanhi de acuerdo con los estándares internacionales, pero nunca hubo una respuesta de la funcionaria.
A 4 años de caso Debanhi, FGR no acredita el feminicidio – cimacnoticias.com.mx
El plan estratégico de Godoy propone poner a disposición de las fiscalías y procuradurías estatales su capacidad técnica y de inteligencia para atender los casos de feminicidio y, de esta forma, podría actuar como el soporte científico.
A su vez, buscaran incorporar la perspectiva de género, es decir, que en todo asunto que involucre razones de género los ministerios públicos deberán agotar todas las líneas de investigación «de manera objetiva y exhaustiva, erradicando de tajo los sesgos procesales y estereotipos», según establece el documento.
La FGR señaló que el enfoque de género es una «obligación inexcusable» para todas las Fiscalías de la institución y por ello se compromete a implementar protocolos y modelos de actuación que obliguen a los Ministerios Públicos a recabar pruebas con base a criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Proporcionar atención integral y con enfoque psicosocial para no revictimizar institucionalmente, asesoría técnica a los Agentes del Ministerio Público Federal y dictar opiniones técnicas vinculantes para garantizar medidas de protección y reparación, así como garantizar la certificación del personal bajo perspectiva de derechos humanos.
La FGR también buscará incorporar el género como un factor criminológico en el análisis de las estructuras delictivas. El Ministerio Público no solo analizará el sexo de una persona, sino a qué grupo de atención pertenece, la interseccionalidad de la discriminación, el contexto socio-individual y la multiplicidad de las violencias.
En este sentido, las instituciones deberán integrar análisis de contexto para identificar patrones de victimización o criminalidad y generar evidencia de inteligencia que permita anticipar o desarticular las acciones de criminalidad contra las mujeres.
«Puedes tener un tipo penal vigoroso que tenga muchas características, pero una autoridad investigadora que no tenga capacidades para recolectar pruebas con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, que en este caso es un factor imprescindible, pues no van a avanzar las carpetas de investigación.» -Ivette Galván, coordinadora del área de defensa del Centro Prodh.
Otro enfoque de la FGR es buscar igualdad sustantiva y paridad de género en la institución. Señala que se revisaran las prácticas internas para «desmantelar las barreras estructurales que históricamente han limitado la participación plena de las mujeres» y los espacios de toma de decisión se distribuirán equitativamente entre mujeres y hombres.
A su vez, adoptaran una política de cero tolerancia frente al acoso, hostigamiento y otras formas de violencia institucional reformando los protocolos internos de prevención y sanción para tener espacios de trabajo seguros y respetuosos.
Ivette Galván califica el tema de paridad, atraer casos de feminicidios, profesionalizar a la fiscalía y la inclusión de la perspectiva de género como aspectos positivos de la estrategia para atender esta violencia contra las mujeres; sin embargo, apuntó que se deja de lado el tema de las desapariciones del cual la FGR reporta que, del total de carpetas de investigación, solo el 6.8% son por este delito.
Para el Centro Prodh, la FGR parte de «un mal diagnóstico» pues no reconoce que las desapariciones se dan de forma generalizada en el país. El número de carpetas reconocidas por la instancia por desaparición «no acota la grave crisis en la materia», señala Ivette García.
En relación con la desaparición y feminicidio de Edith, del cual organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) señaló negligencia institucional que agravó la violencia feminicida; Ivette Galván remarcó que no se desplegaron líneas de investigación y las diligencias que son medulares en los días en los primeros días en que desapareció.
Ante este panorama, Ivette García ve necesario que el Estado mexicano de un primer paso y no niegue la realidad que se vive con la crisis de desaprisiones en México, del cual datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNLO) en el país ya suman 133 mil 646 personas que no regresaron a sus hogares, de los cuales 28 mil 991 son mujeres hasta el corte del 5 de mayo de 2026.
