Ciudad de México.- La Comisión para la Igualdad de Género en el Senado aprobó por unanimidad crear tres subcomisiones de trabajo que darán seguimiento a las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), han hecho al Estado mexicano.
En un comunicado, se informó que estas subcomisiones se centrarán en 3 ejes de la autonomía de las mujeres: física, económica y toma de decisiones.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad, senadora Malú Mícher, explicó el porqué de esta decisión al señalar que “no basta con decir que nuestros dictámenes tienen perspectiva de género. Ahora, desde el Senado, debemos tener un comité que dé seguimiento efectivo al cumplimiento de la CEDAW”.
Añadió que “la CEDAW ha emitido más de 40 recomendaciones al Estado mexicano, y es urgente que desde el Poder Legislativo tomemos responsabilidad”.
Las presidencias de las subcomisiones quedaron de la siguiente manera: la senadora Alma Anahí González Hernández encabezará la de autonomía económica; la senadora Virginia Magaña Fonseca, la de autonomía en la toma de decisiones; y el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, la de autonomía física.
Otros datos
Cimacnoticias documentó de acuerdo con una investigación de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM) que en 20 años (de 1998 a 2018) ha contabilizado y sistematizado 209 recomendaciones que ha realizado el Comité CEDAW al Estado mexicano. De esas, 70 por ciento no se han cumplido de forma satisfactoria, sino parcial, es decir solo que han cumplido con una parte de lo que dice la recomendación.
Los Estados que adoptaron esta Convención, entre ellos el mexicano, deben presentar informes periódicos ante el Comité de Expertas cada 4 años.
El 17 y 18 de junio del año pasado, el Estado mexicano, encabezado por una delegación oficial de funcionarias entre las que se encontraba la senadora Malú Micher, acudió al 91 periodo de sesiones de la CEDAW en Ginebra, Suiza, para presentar su X Informe periódico donde las y los expertos del organismo, expresaron su preocupación sobre el cumplimiento de las obligaciones de México en materia de igualdad y derechos de las mujeres.
Si bien el Comité reconoció diversos avances como la elección de la primera mujer Presidenta de este país, la creación de la Secretaría de las Mujeres, las reformas constitucionales sobre igualdad de género (2024); las reformas legislativas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y el Código Penal Federal, la instauración de la Secretaría de las Mujeres y de la Política Exterior Feminista, manifestó su preocupación en temas como discriminación pues aunque la Constitución (Política de los Estados Unidos Mexicanos) prohíbe la discriminación y reconoce la igualdad, no incorpora una definición de discriminación contra la mujer acorde con la CEDAW, ni reconoce explícitamente la discriminación indirecta o la interseccionalidad.
También cuestionó la efectividad de las leyes antidiscriminatorias y señaló que el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred) se encuentra debilitado y sin facultades sancionadoras suficientes.
Se señalaron también problemas de coordinación entre autoridades y dificultades para aplicar la perspectiva de género en el sistema de justicia. Se habló del debilitamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la situación de las madres buscadoras, quienes enfrentan amenazas, desapariciones y asesinatos.
En materia de acceso a la justicia, señalaron que persisten obstáculos importantes, como el uso del procedimiento abreviado en casos graves de violencia contra mujeres y casos de feminicidio, así como el impacto desproporcionado de la prisión preventiva oficiosa sobre las mujeres.
Respecto a la reforma judicial, las expertas del Comité pidieron información sobre los mecanismos para garantizar que juezas y jueces electos cuenten con formación en perspectiva de género, así como sobre las medidas para fortalecer la independencia judicial y la rendición de cuentas.
Otro de los temas de preocupación de este Comité fue la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia como organismo autónomo, al considerar que las nuevas estructuras podrían reducir la transparencia, limitar el acceso a la información y dificultar la exigencia de justicia en temas relacionados con violencia de género, feminicidio y programas dirigidos a las mujeres.
El 7 de julio de 2025, el Estado mexicano recibió las observaciones finales del Comité de Expertas y afirmó que cumplirá con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
