El 22 de mayo fue asesinada en Iztacalco Cielo Beanjy López Cortés, una joven estudiante de estomatología de la UAM-Xochimilco, con toda la vida por delante. El presunto culpable era su pareja. Uno de los más graves delitos de violencia machista sacudió nuevamente a la comunidad universitaria y a una sociedad que, si bien no siempre se manifiesta en las calles, está cada vez más irritada y preocupada por la persistencia – y la impunidad – de la violencia machista letal. Como explican las estudiantes y ex estudiantes de la UAM-X organizadas en Quejumbre Colectiva, la muerte violenta de Cielo no es “un número más ni un hecho aislado”.
Este feminicidio deja un hueco en la comunidad universitaria y en su familia. Para ellas “representa un profundo dolor que toca una herida colectiva”, dolor que exige a sus compañeras “seguir organizadas”.
Cuando se da un feminicidio íntimo, como éste, y cuando se vuelve mediático, la atención suele centrarse en la actuación – generalmente pobre e ineficiente de las autoridades. En esta columna, gracias a la generosidad de Quejumbre Colectiva, recupero en lo posible la palabra de estas jóvenes feministas que han acompañado a la familia de Cielo en su exigencia de justicia y que también sufren por la muerte de su compañera y por la constatación de que la violencia machista no ha menguado y reitera su brutalidad en cada vida cercenada.
Es importante escuchar a la comunidad dañada por el feminicidio y entender que, como bien dicen, “no se trata de un número más ni de un hecho aislado”. El feminicidio de Cielo, la destrucción de sus sueños y proyectos,” representa un profundo dolor que toca una herida colectiva y nos recuerda que, lamentablemente, seguir organizadas no es una opción, sino una necesidad”.
Sin duda la organización, las exigencias de la familia, las demandas de colectivas feministas y de la sociedad fueron determinantes para que, tras primero dejar libre al presunto agresor, las autoridades siguieran investigando, lo detuvieran el 26 de marzo y lo vincularan a proceso el 1 de junio, condenándolo por ahora a prisión preventiva oficiosa. En tres meses podrá iniciarse el juicio que, como han exigido ellas, y la UAM, debe desarrollarse con transparencia, perspectiva de género y derechos humanos y, añado, sentido ético.
Interrogadas acerca de las consecuencias para ellas y la comunidad universitaria de esta manifestación de violencia machista letal, la Colectiva Quejumbre señala la persistencia del feminicidio, perpetrado en casos como éste, por “hombres comunes que dicen querernos, amarnos o protegernos”.
Sin duda el horror del feminicio íntimo radica no sólo además en el sufrimiento y la muerte violenta de la mujer, sino también en la traición del hombre a la confianza y la intimidad en una relación de pareja. La recurrencia de estos delitos, a los que cualquier mujer puede estar expuesta, mueve a estas estudiantes a “organizar nuestra digna rabia”, a construir redes de acompañamiento feminista, a preservar la memoria de su compañera y a exigir justicia.
Esta exigencia no se limita al sistema de justicia. Para esta colectiva, la UAM (y podríamos añadir, las universidades) tiene la obligación de acompañar, de atender el dolor de la comunidad, de dar contención y exigir justicia pero también, afirman, la obligación de dejar de actuar “bajo la impunidad, la revictimización y la insensibilidad ante casos de violencia contra las mujeres”, dentro y fuera de sus planteles.
Aunque las autoridades de la UAM han publicado ellas mismas exigencias de justicia y se han comprometido a acompañar el caso, para las estudiantes esto no es suficiente ya que, como bien señalan, la violencia machista sigue afectando la vida universitaria.
Por ello, prevenir y atender la violencia contra las mujeres en las universidades mismas debe ser prioritario. “No basta – escriben- con tener protocolos ineficientes y unidades de género insensibles, es necesario que [la universidad] genere condiciones para que sus estudiantas podamos denunciar sin miedo, recibamos acompañamiento integral y especializado, y que dejen de hacer caso omiso a los casos de violencia contra las mujeres que ocurren fuera y dentro de sus instalaciones”.
Aunque en este caso, las estudiantes se refieren a la UAM-X en particular, las universidades, como ya he documentado en este espacio, no han demostrado un compromiso real con la prevención de la violencia de género ni se han decidido a poner en práctica una política eficaz para sancionar el acoso, las agresiones físicas, el abuso sexual… al interior de sus comunidades. Mientras esta actitud de tolerancia o indiferencia no cambie, los protocolos y las oficinas de igualdad serán solo pantallas en una política de simulación que en nada contribuye a mejorar la vida universitaria ni beneficia a la sociedad.
Desde luego que en casos de feminicidio (o violación, entre otros crímenes contra las mujeres), la responsabilidad principal recae en el sistema de justicia, en este caso, en la justicia penal. Como gran parte de la ciudadanía, sobre todo de quienes han tenido contacto con estas autoridades, Quejumbre Colectiva es contundente en su visión crítica.
El sistema de justicia, responden a una pregunta específica, es “deficiente, negligente, revictimizante, omiso e inaccesible”, características que hacen imposible el acceso a la justicia. “Las compañeras violentadas y sus familias o redes de apoyo siguen transitando procesos burocráticos confusos, desgastantes y tortuosos. Pasan años, e incluso décadas, para que los agresores y cómplices obtengan sentencias firmes y justas, y para que se emitan medidas de reparación integral para las familias. La lucha por verdad y justicia es un caminar largo, complejo y doloroso”, en particular para las familias, víctimas directas en cuanto el vacío dejado por el asesinato de su ser querido es una herida abierta.
Aunque ya conozcamos la ineficiencia de la justicia en México, es doloroso e indignante leer que para estas jóvenes, que deberían poder esperar un país mejor y más justo y sentirse apoyadas por las instituciones universitarias, la experiencia de acompañamiento ha sido amarga: el sistema de justicia, afirman, “en los territorios que habitamos nos impone el olvido, viola sistemáticamente nuestros derechos y minimiza nuestras exigencias. Y la lógica institucional de las universidades, incluyendo a la UAM, no está lejos de las prácticas del Estado feminicida”.
Cada feminicidio, cada investigación deficiente o fallida, cada juicio opaco y lento daña a la familia, a la comunidad y a la sociedad. Que jóvenes con sueños, proyectos y un enorme potencial creativo sean asesinadas a golpes o asfixiadas, o se vean enfrentadas a autoridades estatales omisas, indiferentes o corruptas y deban salir a las calles o multiplicar sus demandas en redes para exigir justicia y preservar la memoria de su compañera, amiga o familiar es una prueba innegable de las fallas de un Estado que por demasiadas décadas se ha negado a reconocer el horror del feminicidio, a transformar la educación y promover un cambio cultural de fondo para prevenir la violencia de género y, cuando sucede, sancionarla con justicia y reparar el daño que causa en la familia y en la comunidad.
Como también afirman las jóvenes de Quejumbre Colectiva:” La prevención de la violencia contra las mujeres debe ser una prioridad política y presupuestal”. Más aún, “exige una transformación profunda y crítica que involucre al Estado, las universidades y la sociedad en su conjunto”. En efecto, la política de simulación, por parte del gobierno, que además niega el incremento documentado del feminicidio, o de las universidades, que parecen conformarse con la multiplicación de normas e instancias ineficaces, sólo favorece la impunidad y la persistencia de la violencia.
Ante tanta negligencia y desidia, la denuncia y la resistencia de estas jóvenes “Quejumbrosas y en Resistencia” y otras colectivas feministas es esperanzadora.
