Ciudad de México.- Perú se encuentra ante un escenario político que podría marcar un nuevo giro en su historia reciente. La candidata conservadora Keiko Fujimori mantiene una ventaja considerada irreversible sobre su contendiente, el izquierdista Roberto Sánchez, de acuerdo con los resultados oficiales difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y reportados por diversos medios internacionales. Con más del 99 por ciento de las actas contabilizadas, Fujimori supera ligeramente 50 por ciento de los votos y se perfila para convertirse en la primera mujer electa presidenta de Perú.
La segunda vuelta presidencial se celebró el 7 de junio como parte del proceso electoral organizado por la ONPE y supervisado por el Jurado Nacional de Elecciones. La autoridad electoral aún debe concluir los procedimientos formales de proclamación, aunque observadores nacionales e internacionales han señalado que no existen evidencias de irregularidades que alteren el resultado.
El peso del apellido Fujimori
La eventual llegada de Keiko Fujimori al poder representa también el regreso del fujimorismo a la presidencia después de más de dos décadas. Su figura está estrechamente vinculada al legado de su padre, Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000 y fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos, incluidas las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Diversos analistas advierten que la campaña de Keiko ha reivindicado aspectos centrales de aquel gobierno, especialmente las políticas de seguridad de “mano dura”.
Durante la campaña, la candidata de “Fuerza Popular” defendió propuestas orientadas al fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y al combate frontal de la delincuencia. Entre ellas se encuentran mecanismos que organizaciones de derechos humanos consideran problemáticos por su potencial impacto sobre las garantías judiciales y el debido proceso.
Preocupación por el acceso a la justicia
La preocupación de organismos de derechos humanos se ha intensificado tras la reciente aprobación en el Congreso peruano de una norma que amplía la jurisdicción militar para juzgar delitos presuntamente cometidos por policías y militares durante el ejercicio de sus funciones. La iniciativa fue impulsada por legisladores vinculados al fujimorismo y ha sido cuestionada por especialistas que advierten riesgos de impunidad en casos de uso excesivo de la fuerza y violaciones a derechos humanos.
Este debate adquiere relevancia en un país donde aún permanecen abiertas investigaciones relacionadas con las muertes ocurridas durante las protestas sociales de los últimos años y donde organismos internacionales han llamado a garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.
¿Qué significa para los derechos de las mujeres?
Aunque Keiko Fujimori podría convertirse en la primera mujer elegida democráticamente para encabezar el Ejecutivo peruano, organizaciones feministas han señalado que la representación política de una mujer no necesariamente implica avances en materia de igualdad sustantiva o derechos sexuales y reproductivos.
Históricamente, el fujimorismo ha mantenido posiciones conservadoras respecto a temas como la educación sexual integral, los derechos reproductivos y las políticas de género. Además, el apellido Fujimori continúa asociado a uno de los capítulos más graves de violencia institucional contra las mujeres en Perú: las esterilizaciones forzadas realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, que afectaron principalmente a mujeres indígenas, campesinas y en situación de pobreza.
Para defensoras de derechos humanos, uno de los principales desafíos del próximo gobierno será garantizar que las políticas de seguridad no impliquen retrocesos en derechos fundamentales y que se fortalezcan las acciones para combatir la violencia feminicida, la discriminación y las brechas de acceso a la justicia que enfrentan mujeres, niñas e indígenas en el país. La preocupación se centra especialmente en la posibilidad de que una agenda centrada en el control social y la seguridad desplace las demandas históricas de igualdad y protección de derechos.
Un caso similar a las elecciones de Colombia
De acuerdo con lo reportado por los medios internacionales, la elección de 2026 deja un país profundamente polarizado. La diferencia entre ambos candidatos es de apenas unas décimas porcentuales y el proceso ha estado acompañado de denuncias de fraude sin pruebas concluyentes, movilizaciones políticas y un clima de desconfianza institucional.
En ese contexto, organizaciones de la sociedad civil advierten que la defensa de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres, será uno de los principales indicadores para evaluar el rumbo democrático de Perú durante los próximos cinco años.
