Ciudad de México.- La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT), informó que desde el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos, registraron al menos 39 eventos relacionados con violaciones a derechos humanos, de los cuales 36 ocurrieron en la Ciudad de México, los demás en Puebla, Toluca y Monterrey, acumulando 66 en total, ya que un mismo hecho puede involucrar más de una afectación a derechos humanos.
Las principales víctimas de estas violaciones son personas manifestantes, particularmente jóvenes, estudiantes, integrantes del movimiento magisterial, personas defensoras de derechos humanos, familiares de personas desaparecidas y periodistas.
Informaron que las y los periodistas agredidos en esta etapa mundialista, han sido víctimas de detenciones arbitrarias, agresiones físicas y de diversos obstáculos para el ejercicio de su labor mientras realizaban acciones de documentación.
En cuanto a los eventos documentados el Observatorio Mundialista encontraron en estos eventos violatorios a derechos humanos:
«Encapsulamientos, despojo de pertenencias personales y de trabajo, detenciones arbitrarias, amenazas relativas a cometer crímenes de lesa humanidad y actos de violencia sexual en contra de mujeres detenidas, uso excesivo de la fuerza, uso de artefactos explosivos y balas de goma disparadas en contra de manifestantes, golpes, posibles actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes».
Estos hallazgos provienen de la implementación de medidas de seguridad, control y gestión del espacio público asociadas al mundial que están teniendo impactos directos sobre el ejercicio de derechos fundamentales, detallaron.
Entre las principales violaciones a derechos humanos registradas se encuentran:
«Actos de represión a la protesta social, abuso de autoridad, omisiones y agresiones por parte de agentes del Estado, revisiones injustificadas, operativos de seguridad con efectos restrictivos sobre el ejercicio de derechos y detenciones arbitrarias».
En cuanto a los posibles responsables están: la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de agrupamientos policiales especializados, además de corporaciones policiales estatales y municipales.
Securitización del espacio público
En el estudio científico «Veinte años de la teoría de la securitización: puntos fuertes y débiles», indican el concepto de securitización al hacer referencia a los actos de habla de una autoridad considerada como legítima, que designa una amenaza a la que hay que responder con una actuación de emergencia.
Lejos de tratarse de hechos aislados, La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT), señala que estas incidencias evidencian un proceso de creciente securitización del espacio público que coloca en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales, particularmente la libertad de reunión, manifestación, expresión, participación política, el derecho al libre tránsito y defensa de derechos humanos.
Además, señalaron que lo documentado hasta ahora constituye una señal de alerta temprana sobre las consecuencias que puede tener la organización de un megaevento deportivo cuando las políticas de seguridad se colocan por encima de las obligaciones estatales de respeto, protección y garantía de los derechos humanos.
Los hechos documentados hasta ahora muestran que las violaciones a derechos humanos no ocurren de manera aislada, sino acompañados de actos y narrativas oficiales enfocadas en la criminalización de la pobreza, la protesta, la defensa de los derechos humanos, despliegues extraordinarios de seguridad y el control del espacio público.
Además, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT), desde el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos, indicó que le «preocupa profundamente que estas narrativas hayan sido reproducidas desde los más altos niveles del poder público, incluyendo expresiones emitidas por la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República».
Cuando las autoridades presentan las demandas sociales como amenazas al orden público o asocian la protesta con conductas delictivas, no sólo incumplen su obligación de proteger derechos, sino que contribuyen a generar condiciones que favorecen la violencia, la discriminación y la represión. Además, olvidan el problema de origen, situación con la que agravan la omisión.
Esta situación resulta particularmente grave para las familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes históricamente han enfrentado procesos de revictimización, estigmatización y falta de protección. Los discursos de criminalización incrementan los riesgos que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos y debilitan las condiciones necesarias para el ejercicio de su derecho a la verdad, la búsqueda, la justicia y la participación.
Dichas acciones también representan un riesgo particular para las poblaciones callejeras y personas migrantes.
La experiencia ha demostrado que, bajo discursos de recuperación de espacios públicos, reordenamiento urbano, seguridad o mejoramiento de la imagen de las ciudades sede, suelen implementarse acciones de desplazamiento forzado, retiro de pertenencias, desalojos y prácticas de limpieza social dirigidas contra personas que habitan o desarrollan su vida en el espacio público.
Por eso, las defensoras del Observatorio Mundialista externaron su preocupación porque en el contexto de la Copa Mundial 2026, estas medidas puedan profundizar procesos de exclusión y vulneración de derechos, afectando el acceso al espacio público, la integridad personal, los medios de subsistencia y el derecho a una vida digna de miles de personas.
Aunado a esto, detectaron narrativas que han permeado en distintos sectores sociales, generando reacciones de hostilidad, descalificación y violencia contra personas y colectivos que ejercen derechos legítimos.
Ello ha derivado en expresiones revictimizantes, discriminatorias y, en diversos casos, atravesadas por violencia de género, afectando directamente los derechos a la libre manifestación, la libertad de expresión y la libre reunión.
