Ciudad de México.- Este 11 de marzo se anunció una acción de inconstitucionalidad relativa a la Guardia Nacional que será revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La acción de inconstitucionalidad 137/2022 será presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Con su discusión se busca determinar si la adhesión de la Guardia Nacional (GN) a SEDENA altera el carácter civil con el que se fundó la GN en 2019. De ser así, se estaría violando el artículo 21 de la Constitución de México. Dicha acción pone en duda la constitucionalidad de la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la cual fue aprobada en septiembre de 2022.
La acción de inconstitucionalidad 137/2022 será presentada en la Suprema Corte por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Con su discusión se busca determinar si la adhesión de la Guardia Nacional (GN) a SEDENA altera el carácter civil con el que se fundó la GN en 2019. De ser así, se estaría violando el artículo 21 de la Constitución de México.
El 10 de octubre de 2022 se aprobó la redacción de esta acción, la cual fue solicitada por senadoras y senadores ante la SCJN. Se espera que la discusión en la Corte comience la siguiente semana, aunque la fecha todavía n ha sido confirmada.
Proceso de militarización en México sigue avanzando
Fue la madrugada del 9 de septiembre de 2022 cuando, después de más de 12 horas de discusión, el Senado de la República votó a favor del dictamen que desvincula la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que esté adscrita a la SEDENA. Esto es solo una de las aristas del proceso de militarización que está atravesando a México. Apenas terminó la discusión, el bloque opositor adelantó que promovería la acción de inconstitucionalidad recién presentada por la SCJN.
Esta reforma de la GN y su adhesión a SEDENA fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el mes de agosto. El mandatario puso sobre la mesa la posibilidad de entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional el control operativo, administrativo, y financiero de la Guardia Nacional. Con esto se abrió uno de los debates más importantes de México, pues esta iniciativa convierte a la SEDENA en la segunda secretaría de Estado más grande (en materia de servidores públicos) y la que tendrá mayor presupuesto a nivel federal.
Al mismo tiempo, la medida incrementó el riesgo de afectaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos, además de perpetuar un sistema misógino y machista desde las instituciones hacia las mujeres. En entrevista con Cimacnoticias, Daira Arana Aguilar destacó que con este dictamen, delitos y violaciones a derechos humanos verán un incremento, y es que no hay una clara identificación entre las atribuciones militares y las atribuciones civiles, lo que dificultará contar con indicadores que midan el impacto sobre la intervención de las fuerzas armadas en las comunidades y en específico en la vida de las mujeres.
De igual forma, la especialista aseguró que al no contar con perspectiva de género en las instituciones de seguridad y en las Fuerzas Armadas, la violencia contra las mujeres al interior de estas y fuera de ellas continuará siendo una constante.
Durante los últimos 20 años, explica Arana Aguilar, las estrategias en materia de seguridad en América Latina, han tenido como eje principal ser combativas y buscar “instaurar” el poder por sobre “las amenazas”, las cuales -para ellos- van desde el crimen organizado hasta las protestas ciudadanas. Esta ideología surge de una masculinidad hegemónica que está representada en las instituciones militares.
Esta postura instaurada por las fuerzas armadas les dice que las mujeres son un grupo poblacional que tiene que ser sometido, incluso en mayor medida, cuando es subversivo con el orden que ellos están estableciendo. En ese sentido, la especialista añadió que cuando las fuerzas militarizadas tienen contacto con las mujeres -sobre todo en detenciones- hay más probabilidades de que haya violencia sexual en la detención o de que se perpetre tortura.
Al hablar de la incursión de las fuerzas armadas en las comunidades, Daira Arana explicó que esto también ha repercutido en la violencia contra las mujeres, pues no solamente se desarrolló el medio para el uso de armas en casos de feminicidio, también ellas han sido sometidas a actos que vulneran su dignidad.
En conclusión, refirió la especialista, el decreto aprobado por el Senado no conlleva a mayor seguridad o protección y cuidado para las mujeres, sino más bien al aumento de las probabilidades de sufrir algún tipo de violencia.
