Ciudad de México.- La detención arbitraria sigue siendo una práctica generaliza en México, con demasiada frecuencia “es el catalizador de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”: señaló el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, al concluir una visita de 12 días a México.
Manifestaron que a pesar de la jurisprudencia del Grupo de Trabajo y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, persiste el uso excesivo de la prisión preventiva, que sigue siendo obligatoria según la Constitución mexicana para una extensa lista de delitos. “El arraigo, aunque su uso está disminuyendo, también está presente en la Constitución. La prisión preventiva obligatoria y el arraigo deben abolirse lo antes posible”, afirmaron las personas expertas.
“Somos conscientes de los enormes desafíos que enfrenta México, especialmente en el contexto del crimen organizado y los esfuerzos hechos por las autoridades en la materia”, añadieron.
La delegación del Grupo de Trabajo sostuvo que las Fuerzas Armadas mexicanas, la Guardia Nacional y agencias estatales y municipales están frecuentemente implicadas en detenciones arbitrarias.
“Carecen de los controles civiles e independientes necesarios para garantizar la prevención y la rendición de cuentas”, dijeron los expertos sobre estas dependencias.
El Grupo de Trabajo afirmó que el uso excesivo de la fuerza, especialmente desde el momento de la aprehensión hasta que los detenidos son puestos a disposición ante una autoridad judicial, es frecuente.
“En muchos casos, se infligen tortura y otras formas de malos tratos para obtener confesiones y declaraciones incriminatorias”, dijeron los expertos. “Los retrasos entre el momento de la detención de una persona, su puesta a disposición ante el Ministerio Público y su posterior traslado a la autoridad judicial, aumentan el riesgo de graves violaciones de derechos humanos durante este período crítico”.
También observaron debilidades, incluidos los sistemas de registro de las detenciones; interpretaciones demasiado amplias del delito en flagrancia; acceso insuficiente a asistencia legal efectiva; períodos excesivamente largos de prisión preventiva; ataques a la independencia judicial y al debido proceso; un enfoque demasiado punitivo de la política de drogas; y deficiencias en las condiciones de detención.
El Grupo de Trabajo señaló que le preocupaba especialmente la detención de personas en el contexto de movilidad. “México debe garantizar que la detención de migrantes sea el último recurso, por el menor tiempo posible, luego de una evaluación individualizada, en condiciones dignas y con acceso a asistencia legal”, puntualizaron.
Finalmente dijeron que la detención arbitraria afecta a una amplia gama de personas en México, con riesgos particulares para los grupos vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas LGBTI+, los adolescentes, las personas mayores y las personas que viven en la pobreza. En particular, las autoridades deben garantizar medidas especiales de protección y un enfoque basado en el género. “Nadie debe ser sometido a detención arbitraria”, sentenciaron.
El sistema nacional de Derechos Humanos no es la excepción, se reciben denuncias con respecto de este tipo de violación, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) de 2014 al 2022 hay más de 607 quejas por tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y esta organización ha conocido más de 110 casos de mujeres sujetas a procesos penales y sobrevivientes de diversas formas de tortura sexual.
Denuncias por tortura en México
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, desarrolló en 2022 el primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México.Se debe recalcar que este Diagnóstico forma parte del resolutivo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 contra el Estado mexicano por las 11 mujeres sobrevivientes víctimas de tortura sexual en el caso de San Salvador Atenco, estado de México.
En este diagnóstico se informó que 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual en diferentes etapas de su proceso: ya sea en su arresto, traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, estancia en centro de reclusión o la etapa de juicio.
Y precisamente se especifica desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres que “este delito es mayor cuando se comete contra mujeres privadas de su libertad, al utilizar su cuerpo como un instrumento de castigo y sometimiento, y en ese contexto son procesadas penalmente, por tanto, enfrentan doble vulnerabilidad”.
