Ciudad de México.- Tras nueve años de litigio, en Guatemala declararon culpables a 3 agentes de la de la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de abuso de autoridad en contra de la periodista Norma Sancir en 2014 a quienes les impusieron una pena de 3 años y 9 meses de prisión conmutables quienes la detuvieron de forma ilegal mientras realizaba su labor periodística y la retuvieron por 4 días
“Estoy satisfecha con la condena, han sido nueve años de buscar justicia y hoy hemos ganado los que hacemos periodismo”, declaró a medios locales Sancir, tras conocer el fallo a su favor.
Tras conocer el veredicto, la periodista comunitaria manifestó su satisfacción por esta sentencia, porque ha sido un proceso largo y sabe que la última palabra la tenía el juez, con todas las pruebas presentadas por la defensa, “lo que esperaba es que hubiera una sentencia condenatoria.
Sancir, de 43 años y con una década de trayectoria periodística, fue detenida durante 4 días, el 18 de septiembre de 2014, cuando se encontraba documentando el desalojo de una comunidad indígena en la zona fronteriza entre Guatemala y Honduras.
Por tanto, al no saber nada de su paradero comenzaron los protocolos para conocer qué había sucedido con la periodista y se enteraron de su detención ilegal por realizar su trabajo mientras hacía el reporte de la información.
Se prueba la detención ilegal
Uno de los puntos que el juez reconoció fue que la comunicadora fue detenida de manera ilegal, lo cual se constata que la agraviada estaba presente en el lugar cubriendo una nota periodística y fue aprehendida sin ningún caso de flagrancia; además, tomó en cuenta la declaración de Sancir, la cual consideró coherente y precisa con relación a los hechos, y es que el 18 de septiembre de 2014, Sancir acudió a realizar la cobertura debidamente identificada como periodista.
El juzgador también dio valor probatorio a los dictámenes periciales presentados por los peritos, como el del periodista Haroldo Shetemul, quien presentó un peritaje sobre el periodismo comunitario y la libertad de expresión. Ante este panorama, el juez Ochoa afirmó que los derechos de libertad de prensa y de expresión no pueden ser restringidos, ya que constitucionalmente se le da esa facultad a las personas que hacen periodismo y las comunidades a las que informan, en este caso a Sancir y a la comunidad a la que transmitía se le vedó el derecho a estar informada.
Otro testigo, Joel Abelardo García León, chofer del mototaxi, quien llevó a Norma al lugar donde ocurría un desalojo y que ella cubriría la cobertura de la información, recuerda que ella iba identificada con su chaleco y su credencial de prensa. También, Nelton Rivera, coordinador de corresponsales de Prensa Comunitaria, declaró que Sancir fue designada para cubrir esa nota periodística en su función como periodista comunitaria.
Nelton Rivera relató que al no saber nada de Norma Sancir comenzaron los protocolos para conocer qué había pasado con ella y por otras personas y denuncias se enteraron de su detención ilegal por realizar su trabajo mientras hacía el reporte de la información. “Se constata que la agraviada sí trabajaba para un medio de comunicación comunitario y que ese día se constituyó al lugar a cubrir esa nota”, señaló el juez.
Otro testigo fue el periodista Edwin Paxtor, quien mencionó la llegada de Sancir al puente Jupilingo, ya que él le pidió le compartiera material periodístico, pues no pudo llegar a la cobertura de la información antes relatada, cuando se dio cuenta de la detención de la comunicadora, Paxtor se comunicó telefónicamente con el comisario Salquil a quien conocía para comentarle que Norma era periodista y no estaba involucrada en las manifestaciones.
La declaración de Edwin Paxtor fue considerada por el juez como muy importante, porque constata que la autoridad policial tuvo conocimiento que la agraviada iba identificada con su chaleco y gafete, pero aunque no hubiera llevado una credencial que la identificara, ni que fuera conocida por una autoridad policial de la localidad, la información que el testigo brinda con relación a la comunicación que tuvo con el jefe Salquil Solval de que se había consignado a una periodista, esa circunstancia se considera elemental para darle valor probatorio a esa declaración.
El juez señaló que la aprehensión de Sancir se realizó pese a la preeminencia de su labor, que no está decretada caprichosamente, sino que está establecida en convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos que Guatemala ha suscrito y ratificado para cumplirse y que están desarrollados en el artículo 35 de la Constitución.
Fallo de la audiencia
Al salir de la sala de audiencias, Sancir dijo que fueron 9 años de buscar justicia y ahora ganó la libertad de expresión, «se hizo justicia y se ha reconocido el trabajo de los periodistas comunitarios», dado que el objetivo de llevar este proceso es evidenciar que todas y todos tenemos derechos y podemos ejercer la libertad de prensa, por lo que ningún funcionario público puede utilizar su autoridad para abusar y vulnerar este derecho, incluso no es solo de los periodistas, sino también de la población para que esté informada.
La periodista Sancir, quien impulsó su caso en diferentes juzgados, esperaba una sentencia condenatoria en contra del ex comisario y las agentes policías acusadas, pues consideraba que era una situación de justicia, “no es por venganza, es para que se respete la libertad de expresión y a las y los periodistas comunitarios”.
Momentos antes de que se emitiera la sentencia del juez Ochoa, la comunicadora señaló que ha sido un desgaste económico, emocional y físico por las veces que tuvo que presentarse, además del “desgaste de la familia”. Además, contó con el apoyo de mujeres mayas y estudiantes de periodismo del Centro Universitario de Oriente (CUNORI), quienes le expresaron su solidaridad.
En la sala del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula, donde también estuvieron observadores de Brigadas de Paz y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se determinó la sentencia contra el excomisario Salquil y las dos mujeres policías Segura y Agustín con 3 años y 9 meses de prisión conmutables por abuso de autoridad, los cuales fueron rebajados en su tercera parte, lo que significa que la condena es de 2 años y 6 meses de prisión.
El excomisario fue señalado en su calidad de autor y las agentes por cómplices en el delito. “No podemos alegar ignorancia o desuso de la ley”, señaló el juez Ochoa al emitir su fallo.
La mañana del 31 de enero, el juez Jorge Douglas Ochoa Loyo ingresó a la sala de audiencias para comenzar con su argumentación sobre el caso de Norma Sancir, donde dio valor probatorio a lo declarado por testigas y testigos, entre periodistas, defensores de derechos humanos y el chofer del mototaxi que transportó a la periodista.
