Ciudad de México.- El martes 19 de marzo, durante su conferencia Mañanera, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre «la novatada» que generó la muerte de varios jóvenes cadetes quienes fueron obligados a entrar al mar agitado por su instructor militar responsable, el teniente coronel David López Ordaz, director del Centro de Adiestramiento El Ciprés, y aunque el presidente de México, evadió los cuestionamientos, este hecho trágico confirma la estructura patriarcal que construye a las fuerzas armadas.
El fatídico suceso, ocurrió el 20 de febrero durante una práctica militar en Ensenada, Baja California, al norte de México, en la que 11 jóvenes cadetes a punto de graduarse, desaparecieron después de haber entrado al mar, por instrucción de un superior, orden dada pese a la alerta de alto oleaje en la zona. Del grupo, solo 4 salieron con vida. Los otros 7 militares murieron ahogados y fueron encontrados días después.
Este hecho conmocionó a las familias, a la sociedad y al Ejército mismo, no obstante, este hecho deja constancia del proceder violento usado como un entrenamiento el cual engüllen los jóvenes militares para el ejercicio de su profesión, mismo con el que son exigidos a cada momento y por ende, se forma un aprendizaje de respuesta habitual.
No hay que olvidar que hay un fuerte movimiento opositor el cual sigue latente. Exige que la Guardia Nacional, no realice labores de seguridad en el país, precisamente por la instrucción que reciben estos mandos y pese a la advertencia de expertas, expertos y organizaciones de la sociedad civil acerca del riesgo que esto implica para los derechos humanos en México, sigue operando.
Recordemos que la adhesión de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena se extendió hasta el 2028 para que realice labores de seguridad ciudadana.
Desde su creación, la GN acumula cerca de 219 denuncias por violaciones a derechos humanos y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha documentado más de 4 mil quejas del mismo tipo en contra de las fuerzas armadas en general.
El presidente de México, solo se ha limitado a decir que ya instruyó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, que los entrenamientos del personal castrense sean en apego a sus normas y planes de estudio.
Aunque como es habitual en temas de Derechos Humanos, el presidente López Obrador, evadió los cuestionamientos sobre la muerte de los jóvenes cadetes quiene estaban a punto de graduarse y afirmó que “las novatadas” no existen en los planes e instrucciones del personal militar. Es decir, sin rituales de iniciación para la corporación castrense, aunque los hechos lo contradicen.
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo, en el mismo espacio de las mañanas: “no estaba previsto ir al mar en ningún programa para una persona que acaba de ingresar a las fuerzas armadas, su adiestramiento es de otra naturaleza”, explicó.
El general Luis Cresencio Sandoval González dijo que continúan las investigaciones sobre este caso; afirmó que hubo varios delitos militares por lo que el director de dicho centro de adiestramiento permanece detenido. Pero además, el inculpado es señalado por el delito de homicidio por lo que su caso se fue al fuero federal y será juzgado por autoridades civiles federales.
Explicó que, en todos los centros sí hay un protocolo de adiestramiento para que los civiles se integren poco a poco a las fuerzas militares. Sin embargo, todas estas maniobras son de forma paulatina para que los cadetes adquieran ciertas habilidades.
El general añadió que se intensificarán los protocolos de revisión de dichas prácticas para evitar este tipo de incidentes y que ninguna de estas actividades esté fuera de lo establecido.
“Normalmente, se revisan esos planes y programas, todo lo que deben de desarrollar. Lo único que se ratificará a los mandos territoriales de zona, región militar, es que deben estar supervisando las actividades que desarrollan esos centros de adiestramiento porque es la parte más importante para nosotros”, puntualizó.
La historia reciente de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido de gran bonanza, al ir incrementando sus funciones, el poder que ejerce y, por supuesto, el abultado presupuesto recibido en 2024. Sin embargo, estas condiciones de expansión y crecimiento no han hecho eco al interior de las fuerzas castrenses, en donde las condiciones para los elementos de las fuerzas castrenses y para la población civil, no ha mejorado un ápice.
Y, es que las fallas estructurales de la cultura castrense, diseñada para el ejercicio de la violencia y de la obediencia ciega, no les permite accionar, con una lógica que permita que los derechos humanos estén presentes para los miembros de su comunidad.
La población civil también ha visto sus derechos humanos mermados, ante actuaciones de uso excesivo de la fuerza, violencia o tortura ejecutados, en las últimas décadas, que aunque se entiende que ha sido detentada por algunos elementos de la corporación, éstas violaciones arbitrarias no han sido castigadas, más bien, se ocultan, apostando al olvido de la población y dejando a su rastro un manto de impunidad.
Los términos de la legislación vigente, en cuanto a la conducta, son:
«La disciplina en el Ejército y Fuerza Aérea es la norma a que los militares deben ajustar su conducta; tiene como bases la obediencia, y un alto concepto del honor, de la justicia y de la moral, y por objeto, el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares».
No obstante lo anterior, los hechos rebasan a lo asentado en la ley, resultando muy difícil para la población y para los miembros de las fuerzas armadas el obtener justicia.
Razón de ser
De acuerdo a la página oficial del gobierno federal, se desprenden las siguientes directrices a seguir por los miembros del ejército en su diario actuar:
De conformidad con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Artículo 1o., el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes:
I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;
II. Garantizar la seguridad interior;
III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;
IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y
V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
Se entiende que el monopolio de la fuerza, por parte del estado mexicano y de las fuerzas armadas, es un derecho y una obligación irrenunciables, entonces es el Estado quien tiene que diseñar planes para encontrar la forma de establecer medidas coercitivas que mantengan el estado de derecho, pero a la vez, cuiden de la población civil.
Recuento del poder militar en México
Hasta el 2028 la Fuerza Armada podrá realizar tareas de seguridad pública en el país, y las consecuencias ya se sienten: aumento en la violación a los derechos humanos de personas y comunidades, impunidad, corrupción, opacidad en la rendición de cuentas y la violencia continúa, destaca un informe de Cimacnoticias de noviembre de 2023.
La segunda edición del informe Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), focaliza el análisis sobre el proceso jurídico y político por el que se ha profundizado la militarización de la seguridad en este sexenio.
“El proceso que ha proporcionado mayores facultades y más amplias en una diversidad de campos a las Fuerzas Armadas, no tienen un contrapeso mínimo en mecanismos de control civil y de rendición de cuentas, exponiéndolo a mayores riesgos de corrupción y politización”.
El informe analiza detalladamente más de una decena de reformas y actos jurídicos que han aumentado el poder castrense y retoma la preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre “las numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego por parte de las fuerzas del orden”, anunciada en el 2019 en el más reciente examen periódico de México. La militarización nunca es la solución.
“La violencia en México no ha disminuido en los primeros tres años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, si bien es cierto que se contuvo el crecimiento exponencial con que cerró la administración anterior –específicamente respecto de los homicidios y sin que pueda soslayarse que por la pandemia del covid-19, se trata de años con características especiales. Así, los años 2019 y 2020 volvieron a concluir con más de 35 mil 000 homicidios”.
En este sentido, desde la perspectiva de un centro de derechos humanos que acompaña víctimas, es esencial abrir la discusión de esta realidad y recordar que en México urge un proceso de gradual desmilitarización de la vida pública para tornar más eficientes las políticas de seguridad, para reducir las violaciones a derechos humanos y para reconducir la relación cívico-militar en la lógica propia de una democracia que apuesta por la vía civil.
El informe señala que “en México urge un proceso de fortalecimiento de controles civiles externos para tornar más eficientes las políticas de seguridad, para reducir cabalmente las violaciones a derechos humanos y para reconducir la relación cívico-militar”.
Esto debido a que los controles civiles internos y externos sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se han seguido debilitando. Hasta el 4 de julio de este año, el número de expedientes de investigación de la Guardia Nacional ascendían a 11 mil 186 y en 449 expedientes se dio vista a los Consejos de Disciplina competentes para determinar la responsabilidad disciplinaria, en 320 se dio vista al Órgano Interno de Control para deslindar la responsabilidad administrativa de los elementos involucrados y en 261 se dio vista a las fiscalías competentes en casos penales. Sin embargo, en ningún caso se acreditaron sanciones suficientes e idóneas para los perpetradores.
“El silencio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es especialmente grave, pues tratándose de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, claramente ha retrocedido en la práctica de emitir pronunciamientos para expresar preocupación por el uso excesivo de la fuerza y anunciar el inicio de expedientes de queja cuando hay casos públicos y notorios”, indica el informe.
La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares reportó tener 97 investigaciones (averiguaciones previas o carpetas de investigación) en las que se señala la presunta participación de elementos de las Fuerzas Armadas en desapariciones; sin embargo, en los últimos años solo ha ejercitado acción penal en 5 investigaciones contra elementos de esta extracción castrense.
Por su parte, la Fiscalía Especializada en Tortura, reporta que cuenta con 2 mil 125 averiguaciones previas en las que se señala a elementos de las Fuerzas Armadas como responsables de tortura; mil 466 contra servidores públicos de la Sedena y 659 contra elementos de la Semar.
Adicionalmente, reportó 207 carpetas de investigación donde se acusa de este delito a activos castrenses; 133 contra elementos de la Sedena y 74 contra elementos de la Semar. No obstante, esta Fiscalía solo ha obtenido una sentencia condenatoria de 2015 al 2021.
Un breve recuento de casos documentados y denunciados desde la fundación en 1988 del Centro Prodh, en donde asegura, «han sido delitos y graves violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, pese a que discursivamente las autoridades en turno afirmaban su subordinación plena a las autoridades civiles».
En los años noventa, tras el levantamiento zapatista en Chiapas y la irrupción de otras organizaciones armadas en Guerrero y Oaxaca, el centro constató que la lógica contrainsurgente de la «Guerra Sucia» no había sido desmantelada.
En el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando fue modificado el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para dar un lugar a las Fuerzas Armadas, advirtieron que era un paso hacia la militarización.
Después, en el primer gobierno de la alternancia, con Vicente Fox (2000-2006) denunciaron y documentaron la falta de rendición de cuentas del Ejército durante todo ese sexenio.
Cuando en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se decidió desplegar a las Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional para intensificar la “Guerra contra el Narcotráfico”, señalaron el aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y la Marina y la erosión de la subordinación castrense a las instancias civiles.
El sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) quedó marcado por los abusos castrenses en episodios tan emblemáticos como el caso Tlatlaya, en los que se constataron ejecuciones extrajudiciales atribuibles a elementos del Ejército y la persistencia de la militarización, pese a las promesas de conformar una gendarmería civil.
Con Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), pese a la promesa de revisar el modelo de seguridad y la posible desmilitarización gradual de la seguridad pública, sucedió todo lo contrario. Se anunció la creación de la Guardia Nacional y sus leyes secundarias se hicieron a la medida de las Fuerzas Armadas.
En mayo de 2020, en medio de la pandemia, se emitió un Acuerdo Presidencial por el que se dispuso de la Fuerza Armada Permanente para realizar labores de seguridad pública en todo el territorio nacional hasta 2024. La militarización durante el actual sexenio alcanzó una profundidad legal no vista antes.
La anterior recapitulación de hechos, se desprende de, la segunda edición del informe Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), presentado en noviembre del 2023.
Violencia contra mujeres indígenas
En 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció por primera vez a México por tortura sexual cometida por militares en contra de dos mujeres indígenas de la montaña de Guerrero, Inés Fernández y Valentina Rosendo.
Estas sentencias fueron emblemáticas porque se reconoció la existencia en México de una “violencia institucional castrense” en un contexto de desigualdad, pobreza y discriminación, y bajo un sistema de justicia militar que permitía la impunidad. También, porque se señalaron hechos de tortura sexual, lo que elevó el delito a una grave violación a los Derechos Humanos (DH).
«A pesar de las sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado mexicano se resiste a cambiar las estructuras militares para evitar que sus fuerzas armadas sigan torturando sexualmente a las mujeres», informa el reportaje especial de CIMAC, Inamovibles estructuras militares, perpetúan tortura sexual contra mujeres de febrero del 2021.
Para evitar nuevos casos de tortura sexual, la CoIDH ordenó al Estado mexicano reformar sus leyes para que, en violaciones a DH y delitos contra civiles cometidos por militares, éstos fueran juzgados bajo el fuero ordinario y no militar como ocurrió durante todos estos años.
Las sentencias de Inés y Valentina la CoIDH también ordenaron a México la elaboración de un protocolo para la atención e investigación de violaciones sexuales, así como programas y cursos permanentes de capacitación para los funcionarios federales, no sólo del estado de Guerrero sino de las fuerzas armadas, sobre investigación diligente en casos de violencia sexual contra las mujeres, con perspectiva de género y etnicidad.
La violencia sexual cometida por elementos castrenses no es reciente en México, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) han documentado en distintos informes consultados por esta agencia, que de 1994 hasta 2018, al menos en 17 casos, militares y marinos de México habrían torturado sexualmente a mujeres, sin embargo, estiman que la cifra es mayor pues muchos no se denuncian.
LOA/OLO
