Ciudad de México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instaló la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género, para garantizar la participación política de mujeres en condiciones de igualdad y libres de violencia en los procesos electorales y en el ejercicio de los cargos de elección popular, es única en su tipo en América Latina, con servicios gratuitos y atención tanto presencial como digital, lo que puede favorecer a mujeres en ámbitos municipales y locales.
Esta herramienta es importante ante el panorama de incremento por violencia política en razón de género, pues de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desde noviembre de 2016 hasta diciembre de 2023, se registraron 2 mil 828 casos, de los cuales 2 mil 286 recibieron sentencia, esto representa un 80.8 pro ciento de casos resueltos. Mientras que en las elecciones del 2021, se registraron 908 asuntos de esta naturaleza.
Además, no perdamos de vista que estas elecciones serán las que mayor número de mujeres contengan por un cargo de elección popular y esto obliga a todas las instituciones del Estado mexicano a combatir la Violencia Política en Razón de Género (VPRG); serán más de 20 mil cargos en disputa en todo el país y más de 10 mil mujeres tendrán que ocupar esos espacios, por tanto, es fundamental conocer la ruta que seguirá una denuncia.
La participación de mujeres candidatas toma importancia, porque hay fuertes aspirantes en la contienda, pero la VPRG ya está siendo uno de los principales retos que enfrentan tanto las candidatas como las instituciones electorales.
Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), 18 estados nunca han sido gobernados por una mujer y solo el 28 por ciento de los Poderes Ejecutivos locales han sido ocupados por mujeres.
Las elecciones locales a nivel municipal son las que acumulan mayor desigualdad en materia de paridad, tiene el 72 por ciento de candidatas mujeres víctimas de violencia.
La Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género tiene como su primera titular a María del Carmen Carreón Castro, también lo integra un equipo de defensoras especializadas, conformado por Araceli Catalán Vázquez, Irina Cervantes Bravo, Ana Fátima López Bravo y Viridiana Aguilar Linares.
La Defensoría Electoral para Mujeres del Tribunal actuará a petición de la afectada y la solicitud podrá presentarse en forma presencial; por correo electrónico: [email protected] y por juicio en línea para brindar el servicio de representación jurídica en asuntos de paridad y violencia política que son de competencia exclusiva de las Salas del TEPJF; de asesoría jurídica en asuntos de paridad y violencia política que corresponda a autoridades jurisdiccionales locales y administrativas. Además, ofrecerá orientación en las consultas que no requieran de los anteriores servicios.
Es un órgano auxiliar de la Comisión de Administración del Poder Judicial de la Federación y cuenta para el desempeño de sus funciones con autonomía técnica y operativa. Su creación y funcionamiento se realizará con los recursos del TEPJF, por lo que no implicó ningún incremento presupuestal. El magistrado de la Sala Superior, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, destacó que mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó un total de 402 quejas de este tipo, el TEPJF tiene 389 registros por esta causa y 343 personas sancionadas, lo que ha servido para monitorear y castigar este fenómeno social.
Según la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cada delito tendrá una sentencia distinta dependiendo las circunstancias.
- Las conductas señaladas en las fracciones de la I a la VI, serán sancionadas con pena de cuatro a seis años de prisión y de 200 a 300 días multa.
- Las conductas señaladas en las fracciones de la VII a la IX, serán sancionadas con pena de dos a cuatro años de prisión y de 100 a 200 días multa.
- Las conductas señaladas en las fracciones de la X a la XIV, serán sancionadas con pena de uno a dos años de prisión y de 50 a 100 días multa.
Sin embargo; cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores fueren realizadas por servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata, o con su aquiescencia, la pena se aumentará en un tercio. Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores, fueren cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en una mitad.
Garantizar participación política de mujeres
La magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto Fregoso, enfatizó que en esta mayor participación política de las mujeres, que ha reflejado también mayor violencia en contra de ellas, se responde de forma institucional, aunque los cambios siempre generan resistencias, ante eso se debe tomar posición y accionar herramientas idóneas y efectivas, también especializadas que brinden justicia integral, paritaria e inclusiva.
“Recuerden que este es un derecho que ha sido el derecho a la vida libre de violencia, y en política ha sido reciente. Estamos cumpliendo 10 años de la paridad en la Constitución, pero no era una paridad completa y a partir de ahí es cuando se empiezan a generar más casos que tienen que ver expresamente con juzgar con perspectiva de género y, por supuesto, con defender las mujeres cuáles son nuestros derechos”, expuso.
Con ello, el Tribunal Electoral amplía sus puertas para atender temas de violencia política de género y de paridad, aseguró la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto, quien añadió que se trata de un hecho relevante tanto para la justicia electoral como para el TEPJF, sobre todo para las mujeres que deciden dedicarse a la vida pública, porque ese camino no es necesariamente fácil.
Mónica Soto Fregoso aseguró que el Tribunal Electoral amplía sus puertas para atender temas de violencia política de género y de paridad, se trata de un hecho relevante tanto para la justicia electoral como para el TEPJF, sobre todo para las mujeres que deciden dedicarse a la vida pública, porque ese camino no es necesariamente fácil.
Expuso que las mujeres deben seguir participando en la política mexicana, pero acompañadas de instituciones que las apoyen, de ahí la importancia de crear, consolidar y la apertura de la Defensoría para las Mujeres, pues desde que hay paridad ha aumentado la violencia política hacia las mujeres. El nuevo organismo es una respuesta a las resistencias para brindar una justicia integral, paritaria e inclusiva.
Mónica Fregoso dijo que si bien es cierto que quisieran que absolutamente nadie, en algún momento, haya violentado o pretendido violentar a una mujer, llegue nunca no solamente en el proceso electoral que está en curso, sino a un cargo de poder o a un cargo público, porque no son cargos privados, son cargos de la sociedad y para la sociedad, pues lamentablemente también se tienen que ir construyendo lo que es toda una base no solo jurisdiccional, sino también legal.
El magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, indicó que, a pesar de las acciones que el TEPJF ha realizado durante varios años sobre este problema, la creación de la Defensoría es la concretización de un eslabón que estaba ausente, pues la justicia y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres al darles acceso a una asesoría jurídica calificada, elemento fundamental de la tutela judicial efectiva.
Aseguró que romper el techo de cristal no es suficiente y que la creciente presencia de mujeres en cargos de toma de decisiones, donde pueden ejercer sus derechos político-electorales, debe estar libre de toda violencia, por lo que celebró la creación de la Defensoría que, dijo, servirá para que toda víctima de Violencia Política de Género tenga un lugar a donde acudir y pueda tener un efectivo acceso a la justicia.
