Ciudad de México.- Es oportuno hacer una reflexión sobre una cara diferente de lo que representa la maternidad en México, porque también se ha convertido en un negocio el cual ha ido en detrimento de las mujeres. La gestación subrogada o vientre de alquiler, alcanzará ganancias en el mundo por 129 mil millones de dólares para 2032, según el Informe Surrogacy Market 2023-2032, siendo un mercado alejado de los derechos de las mujeres, que favorece abusos y que hoy tiene sede en México, que abre una opción para el turismo en subrogación de vientres.
En entrevista para Cimacnoticias, la diputada priista, Blanca Alcalá, opinó que de nada sirvió que se llamara la Legislatura de la Paridad, ésta última, pues al final del día, no se hizo valer esta posibilidad de que quienes formaron parte de la misma pudieron avanzar en favor de las mujeres, quienes viven en condiciones de desigualdad, pobreza y violencia sistemática, situación que posibilita que sean víctimas de otras formas explotación, como los vientres de alquiler y la entrega de recién nacidos a cambio de una remuneración económica y no hay “un marco legal e institucional que las proteja de manera eficaz”.
Remarcó la importancia de prohibirlos desde la Constitución, de lo contrario se condena a las mujeres a esta forma de esclavitud, mencionó que este mercado se realizaba en Ucrania, pero con la guerra se trasladó a México y ahora se tiene el turismo no solo sexual, sino el de vientres de alquiler para la reproducción humana.
En México, esta práctica se promociona a través de las redes sociales pero solo en dos estados está legalizado: Sinaloa y Tabasco, otros dos la prohíben explícitamente: Querétaro y Coahuila. En los demás casos, la ley de la selva es la que prevalece.
Para Amneris Chaparro Martínez, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, la falta de regulación también puede generar enormes vulnerabilidades.
Hay empresas no asentadas en México, mismas que pueden ser transnacionales, las cuales efectúan dichos procedimientos, lo que se conoce como el turismo de la subrogación. Los padres y madres de intención las contratan para que funjan como mediadoras, entre ellos y las gestantes.
“Ahí las reclutadoras o reclutadores realizan prácticas que pueden vulnerar a las mujeres”.
Las empresas mediadoras son agencias que pueden ser virtuales y se encargan de contratar diferentes clínicas para que lleven los procedimientos médicos necesarios. Sin embargo, en el país, también hay clínicas físicas que efectúan todo el proceso.
De acuerdo con Ramos García: “las clínicas les cobran aproximadamente 60 mil dólares o euros a los padres intencionales; y muchas veces estas les dan cierto porcentaje a los abogados, pero la cantidad que llega a las mujeres gestantes es mínima”.
El siguiente es un ejemplo de montos de un Contrato de Maternidad Sustituta del 2022, al que tuvimos acceso, perteneciente a una pareja homoparental proveniente de España que vino a México a llevar a cabo el proceso de gestación. En ese caso, la mujer gestante fue una joven mexicana en sus años veinte, soltera, empleada y residente de Ciudad de México:
Para tener una visión de lo que conlleva dicha práctica, la Gaceta UNAM y UNAM Global TV realizaron una investigación de cuatro meses en la que entrevistaron a especialistas universitarias que hablan sobre este tema desde la psicología, la medicina, la bioética, el derecho y los estudios de género.
A decir de Nelly Lara Chávez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), han surgido nuevas posturas teóricas, las cuales plantean que quizá tendría que denominarse como gestación subrogada, por el hecho de que se genera una vida, pero desligando las tareas maternales, mismas que consisten en una dimensión de cuidado y de atención a los otros.
La especialista señala que este tema forma parte de un debate de carácter social, porque plantea transformaciones de la concepción que se tiene de la maternidad, es decir, donde a las mujeres se les ve únicamente como seres que tienen que ser madres.
De acuerdo con Rosalía Ramos García, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, desde el ámbito jurídico, lo correcto es nombrar a esta práctica como gestación por sustitución, ya que es el medio por el cual una mujer gesta un embrión proveniente del óvulo de otra persona. El bebé que nace de esta técnica será entregado a los padres o madres contratantes o de intención.
Según el estudio de Gaceta UNAM y UNAM Global TV, en México no hay datos exactos sobre cuántas mujeres se han sometido a este proceso. En 1997, Tabasco fue el primer estado en incorporar la figura de gestación por sustitución en su Código Civil y la reformó en 2016, Título octavo, capítulo VI bis. En 2013, Sinaloa también permitió legalmente está práctica en su Código Familiar, Título octavo, capítulo V. Los estados que prohíben esta práctica de manera expresa son: San Luis Potosí, en el artículo 243 de su Código Familiar, y Querétaro, en el artículo 400 de su Código Civil.
Pese a que la legislación de Tabasco y Sinaloa permite que se lleven a cabo contratos, la regulación deficiente y ambigua deja desprotegidas a quienes son partícipes de ellos, lo que favorece los abusos. Y aunque en algunos estados, como Michoacán, Sonora, Coahuila, Zacatecas y Ciudad de México se ha intentado legislar sobre el tema, la mayoría del país continúa en un vacío legal, por lo que el asunto se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ramos García, académica de la Facultad de Derecho, remarca que carecer de un marco jurídico adecuado ocasiona que esta práctica se pueda realizar de manera clandestina.
De acuerdo con una investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) retomada en 2023 en el libro Efectos inesperados, en naciones como México su prohibición implica un menor control del Estado para mitigar riesgos y garantizar condiciones mínimas de consentimiento. Además, criminaliza a quienes la realizan.
Iniciativa de vientre que alquiler que se diluyó
Para cumplir con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, diputadas de todos los partidos, incluidas las presidentas de comisión que regularmente dictaminan iniciativas en favor de los derechos humanos de ellas, se constituyó el 4 de diciembre de 2019 el Grupo de Igualdad Sustantiva, que justo el 15 de noviembre del 2023 buscaron aprobar una reforma a la Constitución para prohibir los vientres de alquiler o la maternidad subrogada, pero este proyecto se diluyó hasta que se desvaneció hasta el cierre de los trabajos del periodo ordinario, el pasado 30 de abril.
El año pasado, la entonces vice coordinadora de Morena en San Lázaro, Aleida Alavés, integrante de este grupo de mujeres de todos los partidos políticos, resaltó que la mercantilización humana y los vientres de alquiler, que impera en algunas naciones y zonas de nuestro país se debe frenar a través de una reforma constitucional completamente consensuado por todo el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva.
En su oportunidad consideró que una reforma constitucional ayudaría mucho a México a no ser visto como un país en el que se puede traficar con seres humanos, por la maternidad subrogada, que tiene toda una discusión en lo particular esa situación, y lo que ellas querían impulsar dejar claro en la Constitución es que nadie podría mercantilizar un cuerpo humano, eso buscaron delinear en una iniciativa, la cual diera tiempo para entregársela al Senado sin que les agarran con tanta dificultad.
Sin embargo, pese a que la propuesta contaba con el consenso de todas las diputadas de los diferentes grupos parlamentarios, no alcanzó ni siquiera a salir como dictamen en comisiones y llegar al pleno en San Lázaro, así lo menciona la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Blanca Alcalá, quien consideró lamentable que se haya intentado empujar la iniciativa para prohibir la maternidad subrogada y se buscó que efectivamente se viera como una prioridad, pero quedó como un pendiente de la LXV Legislatura, que concluirá su labor el próximo
La diputada priista, Blanca Alcalá, mencionó que:
“Esta, (propuesta sobre maternidad subrogada) sigue todavía en comisiones, todas las iniciativas que hay sobre este tema, absolutamente todas, ninguna se ha dictaminado, entonces primero tuvieron que salir de comisiones para subirlas al pleno, para que a partir del dictamen se hubiera podido registrar para ser debatida y, en su caso, aprobarse, y pasar al Senado para continuar son su trámite legislativo”, explicó.
La subrogación de vientres de alquiler es un asunto que no respeta fronteras. Por el contrario, es a través de las fronteras donde mucha de esta problemática se está presentando. la diputada del PRI expuso que la maternidad subrogada es una práctica que, ante la falta de regulación adecuada, se ha multiplicado en varias entidades de nuestro país y constituye una nueva forma de trata de personas.
Indicó, indicó que varias de estas conductas ya se encuentran sancionadas en nuestra legislación, pero no así, el caso de la utilización de mujeres para procreación y entrega de bebés a cambio de dinero, beneficia a la Industria del vientre de alquiler, teniendo consecuencias graves para las mujeres y para los bebés, al vulnerar sus derechos ante la ausencia de toda protección por parte del Estado.
Mencionó que se trabajó para lograr la dictaminación sobre maternidad subrogada en comisiones, porque ninguna de las iniciativas logró que se tuviera lista su dictaminación, de las cuales había iniciativas de Morena, del PRI y del PAN, pero la Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad concluyó sin que se pudiera abordar de manera seria y profunda esta situación que afecta a numerosas mujeres.
Joanna Alejandra Felipe Torres, también vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, manifestó su preocupación ante esta forma de explotación de las mujeres, como la reproductiva y la comercialización de niñas y niños, la gestación subrogada, referida en unos casos como la comercialización del cuerpo humano, los llamados “vientres de alquiler”, actividad que está expresamente prohibida en países como España e Italia. Canadá y Reino Unido la permiten.
Refirió que la UNICEF ha advertido que las niñas y los niños que nacen por este procedimiento corren el riesgo de sufrir múltiples violaciones de derechos humanos, como a la identidad, al nombre, a la nacionalidad, a la salud, a las relaciones familiares y acceso a sus orígenes, y el derecho a no ser vendidos.
La reforma constitucional sobre la maternidad subrogada, que se quedó sin ver la luz en el Congreso en esta Legislatura que concluirá sus trabajos el agosto próximo, ayudaría a México a no ser visto como un país donde se puede traficar con seres humanos.
Con ella se pretendía que en la Carta Magna se mandatara que nadie puede mercantilizar un cuerpo humano, pero se confía que con la llegada de nuevas activistas a ocupar un lugar en el Congreso tenga mayor impulso.
