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Transmutaciones

En esta columna encontrarás diversos temas como acceso a salud, a la justicia, laboral, Derechos Humanos, política, desde la perspectiva de género

El estallido de violencia contra otro grupo, entre países, en un mismo país, o por parte de un grupo terrorista, a menudo si no siempre, va precedido y acompañado de discursos que configuran a los “otros” como enemigos amenazantes contra quienes se justifica la violencia.

Este “discurso peligroso”  forma parte de un tipo de discurso más amplio que estigmatiza al “otro”, por su pertenencia a un grupo étnico, racial, religioso, o de manera más amplia, por su género, orientación sexual, etc.: el “discurso de odio”.

Desde el atentado terrorista de Hamas contra civiles israelíes y el inicio de los ataques del gobierno de Israel contra la población civil de Gaza –para “destruir a Hamas”-, han resurgido o se han agravado expresiones peligrosas que incitan a la violencia y la justifican, así como crecientes manifestaciones de antisemitismo y anti-islamismo, formas de discurso de odio que en algunos países, ya han derivado en amenazas o agresiones directas, todos ellos signos de los tiempos oscuros que vivimos.

El racismo, el antisemitismo, el anti-islamismo, la homofobia y otras formas de discriminación no necesariamente incitan a la violencia pero pueden ser un caldo de cultivo para ésta en cuanto estigmatizan a personas o grupos y, en circunstancias propicias, pueden llevar a la agresión.

Constituyen expresiones de intolerancia que implica, entre otros, la contraposición de un “nosotros” cerrado contra “un otro”;  una “identidad propia” que, según el filósofo Jean-Luc Nancy, se vuelve peligrosa cuando se presenta como “autenticidad” y puede llevar a la idea de “raza pura”.  Lo que llamamos “discurso de odio” degrada a “otros”. Según Nancy, las expresiones de odio dañan a quien las recibe y a quien las expresa porque “quien odia pierde su dignidad pues se la niega al otro” (2013).

 Las definiciones de “discurso de odio” son variadas y amplias. En algunos países han llevado a limitar la libertad de expresión, en particular en países europeos como Alemania, en contraste con Estados Unidos, donde la tolerancia hacia expresiones racistas es extrema y se pueden, por ejemplo, exhibir y hasta vender insignias nazis.

En este contexto, el Dangerous Speech Project (basado en EU) distingue dentro de éste el “discurso peligroso” que, explica, no siempre inspira odio sino miedo y con frecuencia contiene falsedades.  Lo define como: “cualquier forma de expresión que pueda aumentar el riesgo de que su audiencia acepte o cometa actos de violencia contra otro grupo”, incita a la violencia, no necesariamente la causa, de ahí su peligro.  

En mi opinión, esta distinción es útil ya que permite caracterizar y entender la particularidad de los discursos que construyen a “otros” como enemigos peligrosos, inspiran miedo y favorecen y justifican la violencia. Esta construcción puede darse como un proceso de animalización o cosificación, denigración y deshumanización. De ahí que sean inadmisibles expresiones como la de los yihadistas que buscan la “destrucción de Israel”  desde una visión fundamentalista, o la del ministro de defensa israelí que caracterizó a los palestinos de Gaza como “animales humanos” que serían tratados como tales.

Distinguir entre discurso que incita a la violencia y discurso que expresa odio o desprecio, no implica que el “discurso de odio” no contenga en germen un desenlace violento. A los actos antisemitas y anti-islámicos que han aumentado en Estados Unidos, Francia, Rusia y otros países desde el 7 de octubre  antecede un aumento de actos racistas en Francia en 2022 (también contra gitanos, afrodescendientes y árabes) y en Estados Unidos desde el gobierno de Trump;  es un fenómeno enraizado en añejas formas de discriminación.

El estallido antisemita en el aeropuerto de Dagestan hace unas semanas saca a la luz tanto el antisemitismo que llevó antes a los pogroms contra las poblaciones judías de Rusia, como los discursos discriminatorios del gobierno de Putin (y el antisemitismo de los jerarcas de la iglesia ortodoxa rusa, como explica Jean Meyer- El Universal, 5 de noviembre). 

Éstos son solo breves ejemplos del peligro de tolerar las expresiones individuales y sociales que estigmatizan o desprecian a otros y, peor, los demonizan y deshumanizan, y de justificar  la manipulación discursiva de gobiernos, iglesias o grupos extremistas, que creen que la violencia los beneficia, a costa de poblaciones civiles inocentes, como sucedió en Israel o sucede ahora en Gaza.

El irresponsable término que califica las muertes de civiles como “daño colateral” no es discurso de odio pero responde a un profundo desprecio por la vida de quienes no forman parte del “nosotros”. 

En este ambiente tóxico es necesario recordar y afirmar cuantas veces sea necesario que ninguna vida humana vale más que otra.

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A un año de que termine el sexenio, es indudable que el engaño, la falacia y, en general, el discurso mentiroso han sido centrales en la estrategia comunicativa del titular del Ejecutivo y, con menos habilidad, de su gabinete.

Nos hemos acostumbrado tanto a la negación o minimización de los hechos y  a la descalificación del mensajero, que puede parecer irrelevante reiterarlo. La nueva “versión oficial” sobre las atrocidades cometidas en Iguala en 2014, los ataques al fiscal especial Gómez Trejo tras sus revelaciones en entrevista con John Gibler, la terca negativa presidencial a reconocer la gravedad de la violencia extrema y sus dañinos efectos en el país, rebasan, sin embargo, el grado mínimo de respeto y consideración hacia el dolor ajeno que merecen las víctimas.

La mentira y el engaño forman parte de la política, pero la sistemática manipulación de la realidad, a costa de la seguridad, la salud física y mental, la capacidad misma de actuar de las personas sobrevivientes de violencia y de la propia ciudadanía, daña la convivencia social y la democracia; pone en peligro el presente y el futuro. Los problemas que no se resuelven, se agravan; las expectativas frustradas se convierten en desesperanza; al trauma de la violencia se añade el de la negación de justicia; se agudizan  la impotencia y la rabia.

En su ensayo “Mentir en la política” (1972), Hannah Arendt abordaba la publicación de los Papeles del Pentágono, como un ejemplo de los peligros y límites de la construcción de una realidad alterna, de teorías y “escenarios” hipotéticos, a costa del análisis de los hechos en el terreno y del contexto histórico y social del sureste asiático, con el fin de manipular a la opinión pública y de “vender” al mundo una “buena imagen” de Estados Unidos.

Además de señalar cómo se tomaron decisiones desastrosas con base en hipótesis falsas y sesgos ideológicos, y como el afán de ocultar los errores contribuyó a una brutal escalada en Vietnam,  la autora de Crisis de la República advierte que el engaño puede llevar al autoengaño y a un encadenamiento de mentiras que puede obstaculizar la capacidad de actuar – de manera eficaz, con base en hechos comprobables. Considera también que la política de la mentira puede parecer, pero no es absoluta porque no pueden negarse todo el tiempo todos los hechos. Es decir, habría que destruir todos los indicios y documentos, y a todos los testigos, lo cual ni los regímenes totalitarios lograron.

Como contrapeso a esta tendencia, Arednt apunta a la independencia del Legislativo (suponiéndolo capaz de informarse) respecto del Ejecutivo y a la existencia de una “prensa libre y no corrupta” que informe a la sociedad de modo que ésta pueda conocer los hechos y cuestionar las versiones oficiales.

La libertad de información es en efecto para ella una “libertad política” fundamental para  la libertad de opinión, esencial para la vida democrática (como lo demostró el movimiento pacifista en EU).  En este mismo sentido, la integridad de al menos un funcionario (Ellsberg y Russo, en este caso), capaz de arriesgarse y hacer públicos informes clasificados como “secretos” contribuye también a la preservación de estos derechos y de la democracia.

 Aunque el recurso a la mentira y al engaño se ha sofisticado y espectacularizado desde entonces, se basa en las mismas premisas, enfrenta límites semejantes -aunque quizá menos evidentes- y representa peligros mayores en cuanto la supervivencia del mundo está en vilo.

Seguir negando en México los daños al medio ambiente, la corrupción gubernamental y su impacto social, la persistencia de la pobreza y las desigualdades, la exacerbación de la violencia extrema, con tal de preservar una fantasía ideológica de “bienestar” y “paz social”, pone en riesgo nuestra sostentabilidad ecológica, económica y humana. Por eso es imprescindible defender de ataques indignos a periodistas y sobrevivientes, a quienes buscan la verdad.

The politics of lies and its dangers

By Lucía Melgar Palacios

With one year to go before the end of the six-year term, there is no doubt that deceit, fallacy and, in general, lying discourse have been central to the communication strategy of the head of the Executive and even less skillfully, of his cabinet.

We have become so accustomed to the denial or minimization of the facts and the disqualification of the messenger that it may seem irrelevant to reiterate it. The new «official version» about the atrocities committed in Iguala in 2014, the attacks on special prosecutor Gómez Trejo after his revelations in an interview with John Gibler, the stubborn presidential refusal to acknowledge the seriousness of the extreme violence and its damaging effects on the country, exceed, however, the minimum degree of respect and consideration for the pain of others that the victims deserve.

Lies and deceit are part of politics, but the systematic manipulation of reality, at the expense of security, physical and mental health, the very capacity to act of the survivors of violence and of the citizens themselves, damages social coexistence and democracy; it endangers the present and the future. Problems that are not solved are aggravated; frustrated expectations become hopelessness; the trauma of violence is compounded by the denial of justice; impotence and rage are exacerbated.

In her essay «Lying in Politics» (1972), Hannah Arendt addressed the publication of the Pentagon Papers as an example of the dangers and limits of constructing an alternate reality, hypothetical theories and «scenarios» at the expense of analyzing the facts on the ground and the historical and social context of Southeast Asia in order to manipulate public opinion and «sell» a «good image» of the United States to the world.

In addition to pointing out how disastrous decisions were made based on false assumptions and ideological biases, and how the eagerness to hide mistakes contributed to a brutal escalation in Vietnam, the author of Crisis of the Republic warns that deception can lead to self-deception and a chain of lies that can hinder the ability to act – effectively, based on verifiable facts. He also considers that the policy of lying may appear to be, but it is not absolute because not all facts can be denied all the time. That is, all evidence and documents would have to be destroyed, as well as all witnesses, which even totalitarian regimes did not manage to do.

As a counterweight to this tendency, Arednt points to the independence of the legislature (assuming it is capable of informing itself) from the executive and to the existence of a «free and non-corrupt press» that informs society so that it can know the facts and question the official versions.

Freedom of information is in fact for her a «political freedom» fundamental to freedom of opinion, essential to democratic life (as demonstrated by the peace movement in the USA).  In the same sense, the integrity of at least one official (Ellsberg and Russo, in this case), capable of taking risks and making public reports classified as «secret» also contributes to the preservation of these rights and of democracy.

 Although the use of lies and deception has become more sophisticated and spectacularized since then, it is based on the same premises, faces similar limits – though perhaps less obvious – and represents greater dangers as the survival of the world is at stake.

To continue denying environmental damage, government corruption and its social impact, the persistence of poverty and inequality, and the exacerbation of extreme violence in Mexico, with the sole purpose of preserving an ideological fantasy of «wellbeing» and «social peace», puts our ecological, economic and human sustainability at risk. That is why it is essential to defend journalists and survivors, them being those who seek the truth, from unworthy attacks.

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Es difícil escribir en estos momentos sobre la situación en el mundo, en particular en el Medio Oriente, y no pretendo informar al respecto. Vivimos en la era de la desinformación y las noticias falsas y los contextos de guerra incluyen la guerra informativa.

Sin embargo, decidí compartir algunas reflexiones a partir de mi experiencia como pacifista que vivía en Estados Unidos durante la guerra del Golfo y después del atentado terrorista del 9/11 y durante la guerra de ese país contra Afganistán e Irak, dos momentos en que el gobierno de EU optó por la opción bélica, no obstante la oposición interna que, desde luego, no se comparó con la que hubo cuando la guerra de Vietnam. Como entonces, considero que ante la violencia atroz no hay una sola respuesta y que la violencia desmesurada de una y otra parte lleva a más violencia, dolor y desesperación.

Los actos terroristas, de Hamas en Israel, de AlQuaeda o cualquier extremismo, son estallidos de barbarie, atrocidades que no pueden defender ninguna causa. La crueldad merece una condena tajante en nombre de la comunidad humana. La respuesta a la barbarie, sin embargo, no es unívoca: puede abrir caminos o estrechar el cerco de la violencia.  

Si ya el siglo XX estuvo atravesado por guerras atroces, el siglo XXI no parece haberse iniciado (en el contexto occidental) con la caída del muro de Berlín sino con el atentado del 9/11 en Nueva York  y la respuesta oficial estadounidense.

Encuadrar el atentado contra el World Trade Center como un acto de guerra, como lo hizo el gobierno de EU, y repetir miles de veces en la televisión el impacto de los aviones en las torres y la caída de éstas, aumentó – si posible– el trauma de la población, profundamente herida y aterrada. Facilitó también la justificación de la acción bélica contra Afganistán primero, contra Irak.

Después según Bush y sus halcones, era urgente atacar Afganistán para demostrar la fuerza de EU y acabar con los terroristas que ahí se ocultaban. Quien viera en esa época imágenes de Kabul podía preguntarse qué quedaba por bombardear si la ciudad parecía ya en ruinas, por la invasión rusa y conflictos subsecuentes. Justificar la invasión de Irak en 2003 exigió el recurso a la mentira de Estado, revivió el miedo al terror, con la amenaza de “armas químicas” en manos de un gobierno criminal.

 Al mismo tiempo, si ya el devastador atentado buscaba sembrar profundo terror, gobiernos y grupos de interés alimentaron los miedos e impulsaron la “securitización” de la vida cotidiana.

Las “medidas temporales”, como la revisión de cuerpo entero con sofisticados aparatos en los aeropuertos, la prohibición de llevar en los aviones objetos “sospechosos” (incluso cubiertos de metal), la revisión con rayos X de equipaje, se han convertido en prácticas comunes en el mundo y parecen “normales” a quienes nacieron después del 2001. La proliferación de cámaras y medios de espionaje  y la “necesidad” de la vigilancia generalizada ya no forman parte de la ficción, dominan los espacios públicos, se infiltran insidiosos en la vida privada.  

Por otra parte, la combinación de un discurso bélico y antiterrorista y la identificación de los terroristas como “musulmanes” a partir de su asociación con Bin Laden, fundador y líder de Al-Quaeda, encendió o avivó prejuicios antimusulmanes, alimentados por algunas reacciones antiestadounidenses en el mundo cuando el 9/11 y después.

Medios amarillistas, que infundían miedo y odio al “otro” peligroso, atizaron un discurso de odio más y más violento. Proliferaron en las calles palabras denigrantes y ofensivas, actos violentos  contra cualquiera que “pareciera musulmán”, a los ojos de la ignorancia y del temor.

De este acto terrorista y de estas guerras surgió el Patriot Act, para controlar a la población estadounidense; surgió también Guantánamo, prisión ignominiosa donde se practicaron actos de tortura, mininizados como “excesos”necesarios contra “enemigos bárbaros”. Un pozo de inhumanidad.

Si los actos terroristas deshumanizan y desgarran, las guerras actuales matan y dañan a la población civil. Las bombas y proyectiles destruyen comunidades, aniquilan familias, desangran  a mujeres y niños. Si el terrorismo solo sirve a los violentos, ¿a quiénes sirve la respuesta bélica?   

El auge de antisemitismo y anti-islamismo en distintos países es un signo más de los tiempos peligrosos y violentos en que vivimos. No podemos tolerar ni la deshumanización de unos ni la de otros. 

El proceso de construcción de poblaciones enteras como “enemigo” no sirve a la humanidad. Si acaso, beneficia a gobiernos autoritarios, de cualquier ideología o religión, o a grupos terroristas, que también fomentan discursos peligrosos en tanto alientan la violencia. En este ambiente tóxico es necesario recordar y afirmar que ninguna vida humana vale más que otra.

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Ciudad de México.- Al referirnos a la educación que se imparte en o desde instituciones educativas, formales o no, solemos referirnos a la institución como tal. Poco hablamos de quienes la impulsan y le dan vida a diario, más allá de “altas autoridades”, cuando en gran medida a ellas se debe se debe  la calidad y el  impacto social de ese trabajo educativo. 

Honrar aquí la persona y el trabajo de Iván Blanco Esteban, quien desde el Centro Educativo Truper, impulsó una educación “informal”  plural, abierta al mundo y a las necesidades de un público ávido de aprender, no es un mero acto personal de memoria y amistad , es una invitación a valorar a quienes, como él, dedican sus energías y talentos a promover  el conocimiento y la reflexión sobre el pasado y el presente y a preservar espacios de diálogo, imprescindibles en estos tiempos obscuros y turbulentos.

Director del Centro Educativo del Museo de Memoria y Tolerancia desde sus inicios en 2011, Iván Blanco logró darle a este espacio un sello personal, sintetizado en el lema “La educación gratuita y de calidad es posible” que, más que  “misión” institucional, fue para él una convicción personal que orientaba sus acciones y proyectos.  Si bien el marco institucional del Museo , y su objetivo de promover “la memoria histórica, la paz y el respeto del otro como condición de la justicia”, así como el sustento financiero de la Fundación Truper,  constituyeron la base que hizo posible el fortalecimiento y la ampliación del Centro Educativo como espacio ideado para impulsar la extensión educativa,   la diversificación de temas,  áreas y formas de incidencia para enriquecer la vida intelectual  y personal personas adultas, jóvenes, niños y niñas a lo largo de más de doce años se debió a la labor incansable de Iván y su equipo más cercano, integrado por  jóvenes, mujeres sobre todo y algunos muchachos,  comprometidas y entusiastas.

Quienes han asistido a cursos gratuitos del Centro Educativo, presenciales hasta el confinamiento, virtuales durante éste y después,  han podido aprender sobre memoria, culturas del mundo,  conflictos internacionales, violencia, prevención de ésta,  género, feminismos,  educación para la paz,  con especialistas de alto nivel en artes,  humanidades y ciencias sociales. Quienes enseñamos ahí poco o mucho tiempo recibimos de Iván respeto por nuestro trabajo y apoyo para introducir nuevos temas, incluso cuando no parecían tan ligados a “temas del Museo”. A esto se debieron, entre otros, un fascinante curso sobre cultura maya o la diversificación de cursos de sobre estudios de género, violencia en México, feminicidio, masculinidades.   Ya antes de la fiebre del zoom,  personas de otros estados y países  pudieron también acceder a numerosos cursos grabados,  a través de una plataforma virtual, ambicioso proyecto que se adelantó a la tendencia virtual que hoy, para bien y para mal, predomina en la educación “informal”.  

Para fortalecer académica y económicamente al Centro, Blanco promovió alianzas con otras instituciones de educación superior, en particular con la Ibero.  Lo que se inició en 2015 con un diplomado en Estudios de Género y otro sobre Estudios del Medio Oriente, se ha ampliado a  otros temas urgentes, como “Política criminal en  torno a la delincuencia organizada”, “Acompañamiento a víctimas de violencia y catástrofes”, “Educación para la paz y derechos humanos”. En 2020, auspició con el Colegio de México un exitoso diplomado especializado en Políticas Públicas con PEG para “enlaces de género” de la SRE que reunió durante el confinamiento a personal que discutía las mismas lecturas y temas desde muy diversos países.     

 Con el mismo sentido de apertura y compromiso social, Iván y su equipo  colaboraron con instancias públicas, como COFECE, IFT, SSC, y empresas privadas, donde se impartieron conferencias y cursos que contribuyeran a la no violencia y a la igualdad. Diversos/as especialistas capacitaron también  a docentes de escuelas particulares en prevención del acoso y del bullying, temas que  se trataban en cursos gratuitos en el Museo para otros docentes o personas interesadas. 

La vida del Centro Educativo se enriqueció asimismo con la participación de organizaciones de la sociedad civil, como Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional, grupos de la diversidad sexogenérica, feministas  y activistas, ya fuera en actos conmemorativos o en momentos en que era importante dar a conocer los trabajos o propuestas desde la ciudadanía y el activismo. Los cine-debates, los círculos de lectura para niños y niñas, dan también cuenta de  su visión amplia y generosa de la educación y la cultura.  

 La terrible noticia de su muerte el  jueves 12 de octubre no detuvo un momento las actividades del Centro Educativo, quizá porque “él así lo habría querido”.  Su ausencia representa, sin embargo, un hueco enorme en el Museo y sobre todo en la vida de muchas personas  –  sus colaboradores/as , las y los docentes que pudimos tratar con él,  estudiantes….  Su legado, tan rico y positivo para miles de personas, es invaluable.  

Que su espíritu vuele alto en espacios más luminosos.  

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A un año de que termine el sexenio, es indudable que el engaño, la falacia y, en general, el discurso mentiroso han sido centrales en la estrategia comunicativa del titular del Ejecutivo y, con menos habilidad, de su gabinete.

Nos hemos acostumbrado tanto a la negación o minimización de los hechos y a la descalificación del mensajero, que puede parecer irrelevante reiterarlo. La nueva “versión oficial” sobre las atrocidades cometidas en Iguala en 2014, los ataques al fiscal especial Gómez Trejo tras sus revelaciones en entrevista con John Gibler, la terca negativa presidencial a reconocer la gravedad de la violencia extrema y sus dañinos efectos en el país, rebasan el grado mínimo de respeto y consideración hacia el dolor ajeno que merecen las víctimas.

La mentira y el engaño forman parte de la política, pero la sistemática manipulación de la realidad, a costa de la seguridad, la salud física y mental, la capacidad misma de actuar de las personas sobrevivientes de violencia y de la propia ciudadanía, daña la convivencia social y la democracia; pone en peligro el presente y el futuro. Los problemas que no se resuelven, se agravan; las expectativas frustradas se convierten en desesperanza; al trauma de la violencia se añade el de la negación de justicia; se agudizan  la impotencia y la rabia.

En su ensayo Mentir en la política (1972), Hannah Arendt abordaba la publicación de los Papeles del Pentágono, como un ejemplo de los peligros y límites de la construcción de una realidad alterna, de teorías y “escenarios” hipotéticos, a costa del análisis de los  hechos en el terreno y del contexto histórico y social del sureste asiático, con el fin de manipular a la opinión pública y de “vender” al mundo una “buena imagen” de Estados Unidos.

Además de señalar cómo se tomaron decisiones desastrosas con base en hipótesis falsas y sesgos ideológicos, y como el afán de ocultar los errores contribuyó a una brutal escalada en Vietnam,  la autora de Crisis de la República advierte que el engaño puede llevar al autoengaño y a un encadenamiento de mentiras que puede obstaculizar la capacidad de actuar – de manera eficaz, con base en hechos comprobables. Considera también que la política de la mentira puede parecer, pero no es, absoluta porque no pueden negarse todo el tiempo todos los hechos. Es decir, habría que destruir todos los indicios y documentos, y a todos los testigos, lo cual ni los regímenes totalitarios lograron.

Como contrapeso a esta tendencia, Arednt apunta a la independencia del Legislativo (suponiéndolo capaz de informarse) respecto del Ejecutivo y  a la existencia de una “prensa libre y no corrupta” que informe a la sociedad de modo que ésta pueda conocer los hechos y cuestionar las versiones oficiales. La libertad de información es en efecto para ella una “libertad política” fundamental para  la libertad de opinión, esencial para la vida democrática (como lo demostró el movimiento pacifista en EU). 

En este mismo sentido, la integridad de al menos un funcionario (Ellsberg y Russo, en este caso), capaz de arriesgarse y hacer públicos informes clasificados como “secretos” contribuye también a la preservación de estos derechos y de la democracia.

 Aunque el recurso a la mentira y al engaño se ha sofisticado y espectacularizado desde entonces, se basa en las mismas premisas, enfrenta límites semejantes -aunque quizá menos evidentes- y representa peligros mayores en cuanto la supervivencia del mundo está en vilo.

Seguir negando en México los daños al medio ambiente, la corrupción gubernamental y su impacto social, la persistencia de la pobreza y las desigualdades, la exacerbación de la violencia extrema, la misoginia criminal y soterrada, con tal de preservar una fantasía ideológica de “bienestar” y “paz social”, pone en riesgo nuestra sustentabilidad ecológica, económica y humana. 

Por eso es imprescindible defender de ataques indignos a periodistas y sobrevivientes, a las madres buscadoras, a los y las integrantes del GIEI, a quienes exigen y a quienes buscan la verdad.

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A nueve años de los actos de barbarie en Iguala, los padres y madres de los normalistas desaparecidos siguen esperando justicia.La reclamaron esta semana en un plantón frente al Campo Militar no. 1 y en la marcha del martes. Como en ocasiones anteriores han recibido nuevas ofensas, con el agravante de que el GIEI ya no está y la Comisión de la Verdad oficial no les da confianza. 

Los agravios a este colectivo por dos gobiernos incapaces de esclarecer los crímenes, por afán de encubrir las redes de colusión entre criminales, autoridades, fuerzas policiacas y militares más que por mera ineptitud, no han  logrado acallarlos ni cansarlos hasta ahora y no lo lograrán tampoco las nuevas falacias que repite el gobierno como novedades.

Por el contrario, su exigencia de verdad y justicia es hoy más urgente que nunca. Resuena con más fuerza incluso, ante la ausencia de Justicia y ante el creciente dominio del crimen organizado (que atenta contra libertades y derechos) de Chiapas a Sonora, pasando por Guerrero y Zacatecas,   al amparo o por negligencia del Estado, cuya aparente ausencia contrasta con la desbordada y voraz militarización.

Como si el despliegue criminal de armamento bélico en Culiacán en 2019, o los ataques con drones y la exhibición de montruosos vehículos del crimen organizado en Michoacán, no bastaran para desnudar la tolerancia o complicidad oficial con fuerzas criminales, la espectacularización del dominio criminal en la zona fronteriza de Chiapas el fin de semana pasado expone  la abdicación de los gobiernos estatal y federal ante los “carteles”.

Tal apatía ¿o colusión? lleva a preguntarse, como planteó Ernesto López Portillo en Animal político hace unos días, cuál es la finalidad de la militarización si no se reduce la violencia del crimen organizado.  Podemos añadir, si ni siquiera ha logrado detener el juvenicidio cuyas nuevas víctimas se suman al horror cada semana.

Podemos también preguntarnos por qué no logramos entender y explicar mejor los efectos de la violencia extrema y por qué en el discurso oficial, e incluso en el mediático, se reproducen eufemismos o falacias que no contribuyen a esclarecer la complejidad de las violencias y la depredación criminal.  

Además de las mentiras oficiales, cabe cuestionar, por ejemplo, la con-fusión entre empleo y trabajo esclavo que sugiere un estudio reciente que presenta al crimen organizado como “quinto empleador”, cuando se sabe que muchos jóvenes son trabajadores forzados, previo secuestro o bajo amenazas, crimen al que apunta precisamente el secuestro de siete chicos en Zacatecas y asesinato de seis de ellos esta semana.

En el mismo sentido, algunos medios han presentado el desfile de criminales armados entre vallas de pobladores en Chiapas como si el apoyo de éstos fuera espontáneo ¿Puede hablarse de consentimiento o simpatía cuando el control territorial criminal implica violencia y sometimiento?

La Arquidiócesis de San Cristóbal denunció ya una situación insostenible. Según I. Mandujajo (Proceso) los pobladores de la zona han sufrido amenazas, “multas”,“ofertas” de reclutamiento que, de rechazarse, se convierten en esclavitud laboral, asesinatos, desapariciones…

Estas prácticas degradantes, así como feminicidios y violencia sexual, se han dado antes en otros  territorios de muerte, donde prima una nueva política de “tierra arrasada”, de “destrucción sistemática del territorio y de la vida”, para imponer “un régimen de terror a través de violencias inenarrables  y someter a las poblaciones a la resignación total frente al poder desplegado por cárteles o el propio ejército para la implantación de proyectos extractivistas o simplemente para el trasiego de drogas, tráfico de mujeres, secuestro de jóvenes para trabajo esclavo” (Reguillo, Necromáquina: 131).

Llamemos “narcoestado” o “Estado criminal” al que ha permitido tan profunda degradación de la vida en México, la ausencia de Ley es tal que, más que enfrentar un estado de excepción, donde el Estado se arroga poder de vida y muerte, vivimos en un estado de indefensión, absoluta en algunos desdichados territorios.

Si pensábamos que las atrocidades de Iguala o, antes, como la de San Fernando, representaban el pozo más hondo de la indignidad, la impunidad y el cinismo, la negación de justicia en ambos casos, aunada a la impunidad de masacres recientes, perpetradas por militares o criminales; el poderío creciente del crimen organizado, paralelo a una militarización que no rinde cuentas ni da resultados, nos obligan a preguntarnos por nuestra responsabilidad personal y social en un país donde existen campos de exterminio y poblaciones enteras sometidas a la depredación extrema.

¿Podemos seguir justificando al líder en turno o culpando al pasado? ¿Seguiremos tolerando la destrucción de vidas y territorios? ¿Cómo evitaremos que el horror calcine toda esperanza?

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La incongruencia de un gobierno que sigue afirmando “primero los pobres” y mantiene prioridades de política pública que poco tienen que ver con el discurso del “bienestar” y la “justicia social” se comprueba una vez más, por desgracia, en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de las Federación 2024 (PPEF) que el congreso habrá de revisar y debería modificar en las próximas semanas.

Este proyecto, en efecto, reincide en disminuciones y aumentos ridículos a instancias encargadas de garantizar el derecho humano de todas las personas a la salud y a la cultura, entre otras, y el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y en igualdad, instancias que por tanto no podrán cumplir su cometido.

En contraste, como ha sucedido desde 2019, se comen gran parte del presupuesto de egresos el proyecto militarista, cada día más evidente y voraz, y el proyecto populista-electoral, basado en subsidios individuales directos (pensiones y becas). Si tomamos en cuenta que, de mantenerse este PPEF2024, aumentará el déficit fiscal y la deuda pública alcanzará el 48.8 por ciento del PIB, según datos de Fundar, debemos preguntarnos y preguntarle al Congreso para qué nos vamos a seguir endeudando?

¿Se justifica este déficit con tal de no hacer una reforma fiscal que grave a los más ricos o que regule los beneficios fiscales a las grandes empresas, como sugiere Fundar en su reciente análisis del PPEF2024? ¿Se justifica seguir gastando cientos de miles de millones de pesos en militarizar al país y seguir empoderando a las fuerzas armadas, en imponer proyectos necolocoloniales como el Tren Anti-Maya y el corredor transístmico, en mantener el pozo sin fondo de PEMEX?

En contraste, no hay suficiente dinero para fortalecer el sistema de salud – minado además por una pésima administración-, ni para prevenir y sancionar la violencia o investigar las desapariciones aun cuando se agudizan los daños de la violencia machista que no da tregua, se multiplican las personas desaparecidas. Tampoco hay dinero, dicen, para garantizar el derecho a la cultura, al grado que se recortan los recursos para bibliotecas y la promoción del cine, cuando en estas épocas obscuras el acceso a la cultura es fundamental.

Como plantea Fundar, “Sin recursos no hay derechos” ¿Cómo va a mejorar el sector salud en general si solo recibe el 2.8 por ciento del PIB en vez del 6 por ciento que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y si persisten los malos manejos y la opacidad en el uso de recursos? ¿Qué derecho a la salud pueden ejercer los millones de personas sin seguridad social, atrapadas entre el caos de la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la construcción desordenada del IMSS-Bienestar, cuando no se asignan recursos suficientes a las instancias que deben atenderlas? 

¿Cuándo pondrá un alto el Congreso “de la paridad” a la manipulación del Anexo 13, donde deben concentrarse los presupuestos etiquetados para programas que promuevan la igualdad de género? Como ya es costumbre, la mayoría de los recursos del Anexo (ahora el 89 por ciento) se concentran en programas sociales prioritarios para el gobierno, sin perspectiva de género ni impacto alguno en las desigualdades de género.

En cambio, de nuevo se reducen los fondos o se otorgan aumentos ridículos a programas que sí benefician a mujeres y niñas:

  • +0.24 por ciento al PROIGUALDAD
  • 0.02 por ciento a Refugios
  • 1.4 por ciento a prevención de violencia, todos con menos de 500 millones de pesos
  • -0.3 al programa de apoyo a hijos/as de madres trabajadoras
  • -3.4 por ciento a salud materna en este anexo

Recordemos además que ni las guarderías ni las estancias de tiempo completo forman ya parte de la agenda gubernamental. Se incluye “La escuela es nuestra” que nada tiene que ver con la igualdad de género puesto que corresponde a la obligación gubernamental de mantener las escuelas (y utópicamente, mejorarlas).

A la negación de derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la igualdad, se añade el desdén gubernamental por la crisis humanitaria que significan las más de cien mil desapariciones y la falta de compromiso del gobierno con la búsqueda y la protección de buscadoras y defensoras, también patente en la falta de presupuesto, como señala Fundar.

Además de cumplir con una obligación, si el Estado otorgara suficientes recursos financieros y humanos para estos fines, contribuiría a reparar el daño a miles de familias y cientos de colectivas de buscadoras.

Además de otros derechos minados u obstaculizados, como el derecho a una educación de calidad que se ha deteriorado con base en la improvisación y arbitrariedad, hay que subrayar por último el desmantelamiento del sistema cultural a manos de una administración que privilegia caprichos o financia proyectos a modo en vez de planear a largo plazo.

El tema es tan amplio que solo basta recordar que México invierte menos del 1 por ciento del PIB en cultura. Para 2024 se prevé el 0.39 por ciento. Esto incluye todavía mil millones para terminar el malhadado proyecto Chapultepec y un aumento colosal al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), no para mantenimiento de sitios y aumento de sueldos a su personal, maltratado por esta administración, sino para adquirir terrenos arqueológicos en Yucatán, presuntamente en torno al #Trendepredador.

La ironía es terrible: se han destruido cavernas y cenotes con restos arqueológicos, se ha castigado el salario de trabajadores y hay sitios sin vigilancia (según diversas denuncias); en otros estados, hay sitios patrimoniales dañados por los sismos de 2017 que no se han restaurado y ahora se comprarán más zonas arqueológicas en Yucatán, sin el dinero necesario para cuidar el patrimonio en todo el país. 

Asfixiar con una falsa austeridad a la sociedad al negar el ejercicio de derechos sociales básicos a millones de personas atenta contra el bienestar que tanto pregona el Ejecutivo. El Congreso tiene la obligación de mirar fuera de la burburja gubernamental y responder a las necesidades de quienes habitamos este país.

Referencias: Fundar. Sin recursos no hay derechos. https://fundar.org.mx/publicaciones/sin-recursos-no-hay-derechos-analisis-del-paquete-economico-2024/

Quinto Elemento Lab. Patrimonio en ruinas a seis años de los terremotos de 2017. https://quintoelab.org/project/patrimonio-ruinas-terremoto-septiembre

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En la víspera de la conmemoración del golpe miltar contra el gobierno de Salvador Allende en Chile, el domingo pasado, miles de mujeres de negro, iluminadas con velas, rodearon el palacio de la Moneda en un acto simbólico de memoria, defensa de la democracia y repudio a la política de terror que por más de 15 años enlutó al país. La memoria viva encarnada en mujeres de distintas generaciones es un recordatorio de los daños de la brutalidad militar sobre los cuerpos, el espíritu y la palabra. 

Es también una advertencia contra la mentira, la distorsión de la historia y el olvido selectivo en estos tiempos de noticias falsas y discursos extremistas polarizantes.

Al impacto del silencio alrededor de la Moneda, siguió esa misma noche el poder de la palabra colectiva, en denuncia y rechazo de los crímenes de la dictadura: “Nunca+ la palabra silenciada”, “Nunca+ cuerpos torturados”, “Nunca+ mujeres secuestradas y violadas”, “Nunca+ niñas robadas”, “Nunca+ cuerpos torturados”, “Nunca+desaparecidos ni ejecutados”, “Nunca más búsqueda sin respuesta”.

Estas y otras exclamaciones, que sintetizan el miedo y el dolor, el acallamiento y la fragmentación social de decenas de miles de personas exiliadas, torturadas, asesinadas, desaparecidas; el desgarramiento de familias mutiladas y poblaciones aplastadas, el trauma de una sociedad amordazada y desmovilizada, resuenan con particular vehemencia hoy en un país donde 30 años de democracia no han bastado para suturar heridas y divisiones, donde persiste cierta admiración por el caudillo local y la ultraderecha ha ganado seguidores.

En un mundo donde resurgen (o han cobrado fuerza) voceros neofascistas que ofrecen falsos paraísos a los insatisfechos de la democracia, donde líderes iluminados reproducen, como en los años 70, promesas de “salvación” contra la incertidumbre y la desesperanza del presente, es preciso recordar que el gobierno militar transformó a jóvenes conscriptos de 18 años en verdugos de otros jóvenes, impuso la tortura como profesión a cientos de personas, salpicó ciudades y campos de centros de detención y muerte, justificó la saña y la deshumanización contra sus “enemigos”, así estigmatizados por apoyar a un régimen legítimo, por defender sus ideas y el derecho a vivir en libertad.

Contra las versiones que restan importancia a la intervención estadounidense y resaltan, en cambio, la visita de Castro a Chile en esos años de guerra fría, es importante recordar que el propio embajador de EU reconoció (después) que Nixon quería “hacer chillar” la economía chilena y que, ya en dictadura, Kissinger se encargó de frenar cualquier queja por la violación masiva de derechos humanos. El manto de impunidad sobre quienes favorecieron y apoyaron el golpe, sobre Pinochet y los agentes del terror, no debe confundirse con justificaciones históricas. El peso de esos crímenes sin castigo forma parte del legado envenenado de los regímenes dictatoriales en América Latina: los anhelos de justicia quedan siempre en el aire.

Aunque la justicia poética y la verdad sin reparación no basten, la persistencia y la esperanza desesperanzada de quienes vivieron esos años de miedo y angustia resuenan en viejas y nuevas voces. 

Contra el militarismo, la impunidad y el discurso engañoso, canciones, novelas, documentales y obras artísticas hilan memoria y verdad. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad ante el autoritarismo, la mentira y la manipulación del presente y del pasado. 

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Acosada desde la tribuna presidencial y amenazada por una mayoría legislativa sometida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confirmó esta semana su relevancia para el avance y la garantía de los derechos humanos de las mujeres, en particular los derechos sexuales y reproductivos. 

Esto, al determinar que la prohibición y criminalización del aborto son inconstitucionales y al ordenar que se elimine el delito de aborto en el Código Penal federal, fortalece y  reafirma el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, autonomía que se va logrando mediante una lucha constante contra obstáculos impuestos por grupos conservadores  y, paradójicamente, por un sistema de justicia y un sistema de salud renuentes a reconocer la libertad de las mujeres y su derecho a decidir sobre su maternidad.

Una de las consecuencias más importantes de esta sentencia es la obligación del sistema de salud federal de llevar a cabo la interrupción legal del embarazo cuando las mujeres así la soliciten. Este era un gran pendiente desde 2007-2008,  cuando se dio la despenalización en la Ciudad de México. 

Como si se tratara de feudos o islas en un limbo, no se obligó entonces a los hospitales federales a cumplir con la legislación local. Por fin, una vez que se modifique el código penal, el IMSS ,ISSSTE y PEMEX tendrán que acatar la normativa relativa a la ILE, lo que dará una vía de atención (amparo mediante) a las mujeres que viven en estados con una legislación restrictiva (Véase CIMAC, 6 de septiembre; Animal Político, 7 de septiembre).

Si por un lado ésta es una gran noticia y podemos felicitarnos por tener una Corte que, en congruencia con sus decisiones más recientes, se ha pronunciado en defensa de la libertad y los derechos de las mujeres sobre su cuerpo y la maternidad, por otro lado, no podemos  (feministas, defensoras de las causas de las mujeres, ciudadanas)  suponer que las determinaciones de la Corte se convertirán automáticamente en realidad.  

Seguimos a la espera de que el Congreso nombre a nuevas integrantes del INAI y lleve a cabo reformas  que debería haber aprobado hace tiempo.  Los estados que mantienen una legislación restrictiva pese al fallo de la SCJN sobre el caso de Coahuila el año pasado, probablemente  se resistirán bajo el argumento del federalismo o  de la “defensa de la vida” (que incluye detener la violencia feminicida ni homicida, paradójicamente).

Una vez más, por tanto, será necesario reconocer los avances  simbólicos  que representan las sentencias de la SCJN y seguir trabajando para que se traduzcan en leyes que garanticen los derechos de niñas y mujeres – en este caso la reforma al Código penal y a las leyes estatales. Esto implica presionar a “nuestros” representantes en las Cámaras, tarea por demás complicada en año electoral y con una Lesgislatura federal poco dispuesta a escuchar a la ciudadanía, y fortalecer redes nacionales de apoyo para lograr cambios definitivos en las legislaciones estatales, empresa también compleja. 

Al mismo tiempo, y quizá más importante, habrá que seguir exigiendo que en todos los estados se cumpla la normativa que permite un aborto legal en caso de violación y se garantice este derecho a todas las mujeres y las niñas conforme a las leyes estatales. 

Como sabemos, la fuerza de la ley no ha bastado para que el personal de salud y las autoridades hospitalarias la cumplan; tampoco ha sido suficiente para garantizar el abasto adecuado de medicamentos ni la calidad de los servicios en todo el país. Asegurar que en la práctica se garanticen los derechos ya ganados es indispensable para que los nuevos logros se hagan realidad. 

En el  mismo sentido, es importante que, ante el próximo anuncio del Proyecto de Presupuesto Federal de Egresos (PPEF) para el 2024, exijamos un cambio en la política que privilegia los programas sociales sin perspectiva de género y que ha distorsionado el sentido del Anexo 13. 

Los continuos recortes al presupuesto para los programas orientados a favorecer la igualdad y en particular para la Salud Sexual y Reproductiva dañan a las mujeres y niñas, sobre todo a las que viven en condiciones más precarias. A estos recortes se añaden subejercicios y desviaciones de recursos que atentan contra el derecho a la salud. Sin recursos suficientes no hay política pública efectiva; sin recursos suficientes y bien administrados no podrán ampliarse en la realidad los derechos de las mujeres protegidos  por la SCJN,  por los que tantas mujeres, pasadas y presentes, hemos luchado.

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A 25 años de la muerte de Elena Garro, su legado literario constituye hoy un tesoro de belleza y lucidez, un mundo narrativo y dramático donde el poder de la palabra, la riqueza de la prosa poética se engarzan con una visión lúcida y crítica de las turbulencias del siglo XX mexicano y de manera más amplia, de la condición humana.

Si la literatura tiene la potencia de abrirnos el horizonte, ampliar la imaginación y permitirnos trascender los límites – y hasta la mediocridad – del mundo en que vivimos, obras como Los recuerdos del porvenir,  La culpa es de los tlaxcaltecas  o Un  hogar sólido (por solo nombrar las más conocidas) confirman con creces esa magia.

El valor y la vigencia de la obra de Garro se derivan primero de su prosa poética que, en sus mejores textos, despliega mundos de luz y sombra, donde la belleza del paisaje, el anhelo de felicidad, la ilusión liberadora están  amenazados por la mediocridad del rutinario tiempo cronológico, la sombra de la violencia, la ausencia de justicia y también, la falta de libertad – para vivir, hablar, callar y soñar- se derivan también de una percepción de la realidad y del tiempo como conjunto de dimensiones múltiples que pueden vislumbrar y atravesar seres excepcionales o, en situaciones límite, seres comunes. 

Esta multiplicidad no solo sustenta la imaginación fantastica, remite sobre todo a un concepto de la subjetividad que no reduce al ser humano a su imagen social ni a sus limitaciones cotidianas, que reconoce sus fisuras y contradicciones y en ciertos casos les atribuye un deseo (así sea efímero) de trascendencia y felicidad.  

Lejos de prescribir, en sus cuentos, novelas y piezas mejores Garro sugiere, con imágenes deslumbrantes o terribles, las posibilidades que abren las fisuras, duplicaciones o suspensiones del espacio-tiempo. 

Laura puede escapar de su infelicidad matrimonial al reecontrarse con su verdadero amor al final de los tiempos; Eva y Leli se imaginan y convierten en perros en un día paralelo; otro día descubren, en su encuentro con don Flor, ya muerto, el erotismo y la brutalidad;  los jóvenes de Ixtepec trascienden por un momento la opresión política y social a través del teatro; Felipe Ángeles escapa al “horror del último cielo” en una  breve evocación de la patria como papalote rosa que lo lleva a viajar por sus ríos y montañas. Así sean efímeras y no siempre armoniosas, estas experiencias de expansión del tiempo y del espacio  amplían el sentido de la vida. Liberan.

En contraste, la magia negra de la palabra paraliza y limita: la palabra que evoca el crimen o la desgracia, con imágenes ensangrentadas, amenazas o silencios opresivos,  siembra miedo y terror. La orden que condena, los insultos que degradan, las alusiones y burlas que estigmatizan, todas esas palabras hieren y humillan, son violencia y presagian más violencia.

Como sabe quien haya leído Los recuerdos del porvenir,  en los mundos de Garro, la violencia, soterrada o brutal,  arruina el paisaje, mutila cuerpo y espíritu, asfixia la imaginación, apaga la ilusión. A 60 años de su publicación, la historia de Ixtepec no es solo un testimonio literario de la ruina de una revolución traicionada. Es, tristemente, un “recuerdo del porvenir” que hoy vive Iguala, una premonición de la desgarrada geografía humana llamada Guerrero, Lagos de Moreno, Ciudad Juárez, Allende… 

Volver hoy a las páginas de esta extraordinaria escritora, una de las mayores creadoras en lengua castellana, no es, sin embargo, hundirse en la desesperación del pasado o atisbar la desesperanza del presente. Es una vivencia estética y ética. 

Con Garro re-descubrimos el poder de la palabra y la imaginación, el placer de una historia (obscura o luminosa) bien contada, la riqueza de la memoria, la potencia de una escritura que aspira a decir la verdad y a defender la libertad.  

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