Ciudad de México.- Este septiembre, el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) retoma sus sesiones ordinarias y, de acuerdo con Diana Luz Vázquez Ruiz —activista a favor de los derechos de las infancias—, las y los diputados ya tienen un tema en su agenda: la discusión de la Ley Sabina.
Dicha ley fue presentada por la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño en el congreso capitalino el 27 de mayo de este 2022. La iniciativa, sin embargo, es impulsada principalmente por Vázquez Ruiz, quien está respaldada por diferentes colectivas y organizaciones feministas.
La Ley Sabina consiste básicamente en realizar 40 reformas para cambiar el marco legal en la CDMX e impedir que los deudores alimentarios continúen eludiendo sus responsabilidades. Con dichas modificaciones también se impediría que jueces, instituciones y autoridades en general cometan actos de corrupción que hoy en día ayudan a los deudores a esquivar sus obligaciones.
Entre las medidas que se tomarían contra los deudores morosos se encuentran el impedirles tramitar una licencia de conducir, su inclusión en el buró de crédito y la imposibilidad de que estos agresores de las infancias hagan demandas para quedarse con la patria potestad de sus hijas e hijos.
De igual forma, se contempla que la Unidad de Inteligencia Financiera sea la encargada de investigar los ingresos reales de los deudores. Además, la Ley Sabina propone que el Registro Público de Propiedad se entere de inmediato cuando una persona sea denunciada como deudora para impedir que se cambien los títulos de sus propiedades.
En entrevista con Cimacnoticias, Diana Luz Vázquez explicó que la Ley Sabina ya se presentó también frente al Congreso de Michoacán, donde recibió el respaldo del gobernador. Ahora, la activista y sus compañeras están trabajando para llevar la iniciativa a Baja California, Veracruz y Aguascalientes.
Esta lucha, sin embargo, puede estar en riesgo por las recientes acciones de inconstitucionalidad promovidas por Rosario Piedra Ibarra en favor de los deudores alimentarios.
Iniciativas de Piedra Ibarra: un retroceso para los derechos de las infancias
Las 40 reformas incluidas en la Ley Sabina tienen como objetivo restringir los derechos de los deudores alimentarios hasta que éstos cumplan con sus obligaciones, lo cual ayudaría al desarrollo de infancias plenas y libres de violencia.
Pese a esto, el 7 de julio de este año, Rosario Piedra Ibarra —titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)— presentó una acción de inconstitucionalidad para permitir que deudores alimentarios ocupen puestos públicos en el estado de Yucatán (algo que ya está prohibido gracias a la Ley 3 de 3).
Piedra Ibarra alega que impedir que estos deudores ocupen puestos en el gobierno es un acto discriminatorio y ataca directamente sus derechos humanos. No obstante, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen que los derechos de las infancias son de interés superior. En este sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de protegerlos sobre cualquier otro derecho.
Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación también está en el papel de defender los derechos de los deudores y no de las infancias, entonces estamos frente a un retroceso y la Ley Sabina no avanzaría.
Diana Luz Vázquez Ruiz.
La CNDH dijo que ya inició mesas de diálogo para discutir la acción de inconstitucionalidad presentada por Piedra Ibarra. Mientras tanto, diversas colectivas, activistas y organizaciones presentaron un recurso de Amicus Curiae para que la Suprema Corte revise con detención la acción de inconstitucionalidad en favor de los deudores. También han pedido la destitución de la titular de la CNDH.
A la par de estas acciones de resistencia, Diana Luz Vázquez continúa el cabildeo con diputadas y diputados para seguir llevando la Ley Sabina a otros estados de la República Mexicana. Pero, si se falla en favor de la iniciativa de Rosario Piedra, se propinaría un fuerte golpe a esta lucha por las infancias.
