Ésta columna se especializa en la situación de las mujeres y niñas en condiciones de explotación sexual comercial, y trata de personas.
En los últimos días se desató una polémica por un artículo que publicó en Twitter el Colegio Médico de Colombia que hablaba de la capacidad de las mujeres que tienen muerte cerebral para llevar a término un embarazo. A continuación me enteré de tres hechos.
Vi en Twitter un video del Diputado Alejandro Ocampo en la Asamblea de Representantes de Colombia, quien anunciaba con bombo y platillo que había presentado una iniciativa para regular la “gestación subrogada” o vientres de alquiler en la que se incluía la donación gestacional de cuerpo entero, de
mujeres con muerte cerebral.
El otro hecho del que me enteré fue que la Corte Colombiana, en un caso donde el subrogante o comprador de bebés, había ido a un juicio para lograr que se le reconociera la licencia de maternidad y no a la madre que gestó al bebé. Y que la Corte le dio seis meses a la Asamblea de Representantes para reglamentar los vientres de alquiler, con una visión igual que la Corte mexicana de privilegiar el mercado sobre los derechos de las mujeres que son reducidas al papel de incubadoras y la compraventa de niños y niñas, recién nacidos o nacidas.
Y, finalmente, que el Colegio Médico de Colombia salió a solicitar una disculpa pública en su cuenta de YouTube, a través de su vocero, para explicar que lo único que habían hecho fue publicar un artículo de la Dra. Anne Grethe Sandorff, de la Universidad de Olso, Noruega, y que tal vez les faltó aclararlo.
Lo cierto es que el artículo de Sandorff efectivamente habla de que el cuerpo de una mujer con muerte cerebral puede llevar un embarazo a término, incluso puede embarazarse y gestar, y lo propone como una alternativa ética a los vientres de alquiler, si es que media una autorización de donación gestacional de cuerpo entero previo a la muerte cerebral, igual que las autorizaciones que escribimos para la donación de órganos a la muerte, con una variante: esto duraría por o menos 9 meses y sería una donación en vida.
Ya a más de un año y medio se presentó la iniciativa en la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión para reformar la Ley General contra la Trata y la Ley General de Salud en México para que se considere como trata de personas, y los vientres de alquiler como una forma de explotación dentro del tráfico de órganos, incluida la donación comercial de óvulos. Fue turnada a la Comisión de Salud, la Comisión de Igualdad de Género y la de Justicia y sigue durmiendo el sueño de los justos, sin que tengamos respuesta de parte de nuestras legisladoras y legisladores.
Mientras, el abuso de mujeres pobres y desesperadas, en condición de desempleo y pobreza sigue creciendo en México, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania. Esta guerra provocó que creciera el mercado de los vientres de alquiler o reproducción reproductiva, así como el tráfico de bebés recién nacidos, que son ordenados por contrato, incluso antes de ser concebidos.
Y resulta que, en nuestra legislación, se le olvidó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce como trata de personas el reclutamiento o captación, el traslado, acogida o recepción de personas con el propósito de explotarlas, y el tráfico de bebés son delitos en nuestro país. Es más: el Código Civil Federal y los de las entidades federativas establecen que madre para la ley, es la mujer que da a luz, aunque inexplicablemente hay jueces que han estado reconociendo la maternidad/paternidad de los contratantes.
Es un negocio multimillonario que promueve complicidades e intereses tanto en la comunidad médica como en las autoridades jurisdiccionales. Incluso notarios públicos, clínicas, hospitales, psicólogas y abogados… todos ganando dinero de los vientres de alquiler, cuando a las mujeres les están pagando dividido en los 9 meses el 10 por ciento de lo que cobran las agencias de “reproducción asistida”.
Y es de llamar la atención que el mismo fenómeno se está replicando en Colombia, Ecuador y Argentina. Además de que las Cortes de esos países adoptan la misma postura de priorizar el mercado por encima de los derechos humanos de las mujeres y de la niñez, lo que seguramente sigue creciendo en tanto la capital mundial de la explotación reproductiva ha migrado a nuestra América Latina y especialmente a México.
Muy en el fondo, tanto en la explotación reproductiva como la explotación sexual se engarza el poco valor que le da a las mujeres el patriarcado, el capital, el neoliberalismo y cobra especial relevancia aquella consigna que dice “patriarcado y capital son una alianza criminal”.
Y esta propuesta de usar los cuerpos de las mujeres con muerte cerebral para usar sus úteros y sus cuerpos (porque en un embarazo no se involucra solo el útero, sino el cuerpo entero) vemos claramente los efectos del transhumanismo.
