Ciudad de México.— Con 109 votos a favor, el Senado de la República aprobó el día de ayer la iniciativa presidencial para reformar el artículo 73 de la Constitución mexicana que permite al Congreso de la Unión crear la Ley General de Feminicidio para homologar el delito en todo el país; sin embargo, organizaciones feministas como Las Constituyentes MX denunciaron que en la iniciativa existen debilidades y vacíos.
Las Constituyentes MX, quienes se definen como organización política de izquierda, abolicionista, apartidista e independiente, alertaron diversos problemas con la iniciativa aprobada como es la ausencia de datos nacionales actualizados, ya que el documento aprobado se respalda de cifras proporcionadas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pero no presenta datos desagregados exclusivos de México.
La organización refiere que, desde una visión feminista, se debe implementar el número de casos registrados por entidad federativa, el porcentaje de carpetas de investigación que terminan en sentencia condenatoria, la tasa de impunidad específica del delito, datos de organizaciones de la sociedad civil, así como incluir la relación entre el feminicidio y la explotación sexual.
«La falta de datos sistemáticos y desagregados en México no es solo un descuido técnico, sino forma de violencia institucional» -Las Constituyentes MX.
La organización también refirió que en el dictamen se omitió el papel de la impunidad en los casos en la exposición de motivos. Aludieron a que, desde la teoría feminista de Marcela Lagarde, el feminicidio no es solo violencia extrema, sino la omisión del Estado. Por esta razón pidieron que se contemple la responsabilidad estatal activa, no solo pasiva, en la reproducción de los casos de feminicidio.
A su vez, expusieron que se invisibilizaron los casos de feminicidio en contextos específicos como desaparición forzada, cometidos por agentes del Estado, los que ocurren en contextos de crimen organizado, y el feminicidio en medio de casos de explotación sexual, por lo que, el dictamen solo menciona en términos generales lo que ocurre detrás de este delito.
Detallaron la falta de perspectiva interseccional, esto debido a que no se reconocieron los riesgos diferenciados y barreras para acceder a la justicia que viven las mujeres indígenas, migrantes y con discapacidad. La organización señaló que, si no se reconocen las vulnerabilidades estructurales la próxima ley genera podría reproducir «un estándar que solo protege a mujeres con acceso a recursos y redes institucionales».
Otro punto crítico señalado fue la exclusión del diagnóstico sobre las Alertas por Violencia de Género contra las Mujeres, lo cual es relevante tomando en cuenta que el país lleva más de una década con este mecanismo activo, pero en la exposición de motivos del dictamen no se analiza el funcionamiento de este mecanismo ni cómo la nueva ley podría fortalecerlo.
Además, no se incluyeron voces de familiares de víctimas y recomendaciones de la sociedad civil y tampoco se garantiza una verdadera reparación del daño de las víctimas indirectas o se reconocen a las víctimas sobrevivientes de tentativa de feminicidio, así como el seguimiento, apoyo gubernamental, medidas obligatorias, atención, protección, restitución de derechos y garantías de no repetición en sus casos.
También denunciaron la incorporación de terminologías políticas-partidistas en un documento constitucional debido a expresiones como «Segundo Piso de la Cuarta Transformación». Lo describieron como técnicamente improcedente y políticamente riesgoso porque debilita la iniciativa frente al escrutinio legislativo.
«Los derechos de las mujeres no deben ser botín político ni estar sujetos a una administración temporal. Una visión feminista exige que la dignidad de las víctimas sea el eje central, no la narrativa de un proyecto de gobierno» -Las Constituyentes MX.
Hay que recordar que fue el 31 de marzo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, esta iniciativa la cual fue turnada a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos y para la Igualdad de Género para su análisis. Luego de su publicación en la Gaceta del Senado se convocó a las senadoras y senadores el pasado 14 de abril para su votación, y ahora se espera sea mandada a la Cámara de Diputados.
¿Qué fue lo que aprobó el Senado?
Con la aprobación de esta iniciativa, el Congreso de la Unión tendrá la facultad de:
«Establecer un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes; homologar estándares de investigación con perspectiva de género; fortalecer la coordinación entre Federación y entidades federativas; garantizar el acceso efectivo a la justicia para /as víctimas y la reparación de daños; y fortalecer la coordinación de Instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia», según refiere del dictamen del Senado.
La iniciativa aprobada busca establecer tipos penales y sus sanciones en materia de feminicidio, debido a que este fenómeno no solo corresponde a una problemática estructural y sistemática, sino a las limitaciones en el diseño y funcionamiento del marco jurídico vigente, lo que debilita la eficacia del sistema de justicia penal y propicia escenarios de impunidad.
Aunque el país ha avanzado para erradicar lo casos de feminicidios, los estudios y análisis de las leyes indican que hay dificultades para tipificar e investigar los asesinatos de mujeres como tales, porque hace falta un marco homogéneo, ya que, hasta ahora, existen diferentes redacciones del tipo penal del feminicidio en las entidades que ocasionan violaciones a los principios de igualdad y seguridad jurídica lo que repercute en las investigaciones de los casos.
En 2025, durante la X comparecencia del Estado mexicano ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW], el informe sombra «Tipificación y protocolo de feminicidio. Un abismo de la ley a su aplicación y el caso de la medida correctiva 33 en la AVGM de Zacatecas» denunció que la falta de homologación dificultaba el acceso a la justicia de las mujeres además de hacer un diagnóstico por entidades sobre cómo está la tipificación del feminicidio.
La creación de la Ley General de Feminicidio deberá contemplar la protección en otros ámbitos relacionados con este delito como proteger a las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, ya que esta población enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas tras la pérdida de sus madres lo que compromete alguno de sus derechos.
El dictamen refiere que el Estado tiene un deber en reforzar la protección, es decir, garantizar factores como atención integral; acceso a servicios de salud física y mental; acompañamiento psicológico; acceso a educación, y mecanismos de reparación integral del daño. Esto es gracias a la lucha del movimiento de mujeres quienes han señalado en diversas ocasiones que la orfandad por feminicidio es una de las secuelas poco atendidas de este delito.
Además, el pasado 19 de diciembre de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoID) señaló al Estado como responsable del caso García Andrade y otros Vs. México y en la resolución se pide la protección de las niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio. Hasta ahora no hay un registro nacional que contabilice cuantas infancias se encuentran en esta condición pese a la insistencia del movimiento de mujeres y las iniciativas presentadas en el Congreso que se encuentran congeladas.
Infancias en orfandad por feminicidio olvidadas. Urge registro nacional: OCNF – cimacnoticias.com.mx
