Ciudad de México.- El Observatorio Memoria y Libertad dio a conocer que la defensora Kenia Inés Hernández Montalván fue absuelta de los ocho cargos que contemplaba la última carpeta federal en su contra tras llegar a un acuerdo reparatorio con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE); sin embargo, aun enfrenta dos procesos del fuero local en el estado de México por el delito de «robo con violencia».
Después de una carta entregada por uno de sus hijos, Joel Hernández de 12 años a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual no ha tenido respuesta, hasta la promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador por hacer justicia en este caso y que hasta el momento no se cumplió, así como el rechazo de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por atraer el caso, ahora la defensora parece haber encontrado una nueva manera de alcanzar su libertad.
La situación de Kenia no es casualidad, hay un sistema que castiga a las defensoras de derechos humanos y de ello da cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas, donde
«Advierte la situación de riesgo en la que se encuentran las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, así como los liderazgos indígenas y afrodescendientes. Asimismo, analiza los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres defensoras y personas LGBTI debido a la intersección de su género, identidad u orientación sexual y su activismo, y observa los riesgos inherentes que conlleva la defensa de quienes se encuentran en situación de movilidad de humana».
El documento de la CIDH, evidencia la persistencia de preocupantes niveles de violencia contra estos colectivos. Riesgos que van desde campañas de desprestigio y discursos estigmatizantes hasta amenazas, ataques a su vida e integridad, asesinatos y desapariciones. Pese a la gravedad de estos hechos, persisten altos niveles de impunidad en los delitos contra de las personas defensoras.
En este 2026, el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas documentó un total de 124 agresiones contra personas defensoras en el sur del país. Para la organización, las cifras muestran que defender derechos humanos en la región es una actividad de alto riesgo.
Desde 2012 a 2023 IM-Defensoras documentó un total de 35 mil 77 agresiones contra 8 mil 926 defensoras y 953 organizaciones en Mesoamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua).
Kenia libre
Han transcurrido 2 mil días desde que Kenia se encuentra privada de su libertad por ejercer su derecho a la protesta por defender el territorio y acompañar luchas comunitarias en una carretera federal.
Desde el 2020, la defensora originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, fue encarcelada por delitos fabricados ante las constantes manifestaciones en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en la que se exigía la liberación de presos políticos del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos.
Desde entonces, enfrenta nueve cargos que le suman una condena de 21 años y nueve meses, por lo que, para el Observatorio Memoria y Libertad, lograr la absolución de Kenia, representaría el resultado de años de lucha, organización y resistencia colectiva y no una concesión del Estado.
La defensora pertenece a una comunidad indígena desde donde vivió de cerca la violencia que llegan a enfrentar las y los habitantes de pueblos originarios, extractivismo y violaciones a derechos humanos. Ella es dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y desde el 2019 ella y sus compañeras y compañeros de lucha comenzaron a recibir amenazas y hostigamiento judicial.
Para junio de 2020, mientras se llevó a cabo una protesta por la liberación de presos quienes eran integrantes del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, Kenia en compañía de tres defensores más fueron detenidos en la carretera Toluca-Valle de Bravo, ubicada en el estado de México. Transcurrieron cinco días en los que estuvo en prisión preventiva dentro del Centro Penitenciario «Sergio García Ramírez» en Ecatepec y después fue liberada, pero permaneció bajo vigilancia de las autoridades.
Cuatro meses después, el 18 de octubre de 2020, alrededor de 22 elementos de la policía, la detuvieron en la caseta de Amozoc, Puebla. Este hecho se dio sin que le hicieran saber el motivo de su detención y además lo hicieron sin una orden judicial.
Posteriormente, se le comunicó a sus familiares que Kenia se encontraba en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. La acusaron de ataques a las vías de comunicación contra Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). Ahora enfrenta una condena de 21 años y 9 meses de prisión como resultado de dos sentencias por delitos fabricados: robo con violencia y el uso de un arma.
Para llegar a su absolución, Kenia ya había compartido con Cimacnoticias que su defensa propuso el acuerdo reparatorio con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) como una solución alternativa que se utiliza cuando se trata de delitos patrimoniales que no son graves. Mientras que esta instancia quería un procedimiento abreviado para que la defensora aceptara la responsabilidad y le redujeran la pena, Kenia optó por pagar una indemnización económica por el tiempo en que Capufe dejó de percibir ingresos durante la manifestación en la que ella participó.
Con ello Kenia no tendría que aceptar su «culpabilidad» y esto es fundamental porque se estaría violando el derecho a la protesta, el cual está reconocido en los artículos 6° y 9° de la Constitución mexicana, la cual especifica que no se puede coartar el derecho a asociarse o reunirse, además de que no puede ser disuelta si tiene como objeto presentar una petición o protesta por algún acto a una autoridad. A esto se suma el artículo 11° que establece la libertad de tránsito en la República.
«Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley».
Kenia compartió con esta agencia, que tuvo que pagar un monto de 334 mil pesos por cinco carpetas de investigación imputadas en el estado de Guerrero.
Después de realizar el pago y de firmar el acuerdo con CAPUFE se esperaba que la sentencia que está cumpliendo quedara sin efectos legales y ella fuera liberada, no obstante, la defensora advirtió en marzo de 2026 que el acuerdo aún no había sido ratificado ante un juez.
Los intentos de Kenia para alcanzar su libertad han sido varios, en enero de 2025, el Comité de Apoyo a la Libertad de Kenia escribió una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para pedir la liberación de la defensora y recordarle su compromiso de visibilizar la lucha de las mujeres indígenas.
Mientras tanto, en la Montaña de Guerrero, el hijo de Kenia de 12 años, Joel Hernández se entrevistó con Sheinbaum en compañía del Frente Popular de la Montaña, una base social que siempre apoyó la lucha de la defensora y demandó su libertad. Para ese momento, acudieron alrededor de 500 mujeres y hombres indígenas de 25 comunidades diferentes quienes esperaron a la mandataria en la entrada de Tehuantepec para hacerle llegar la petición.
Durante la reunión, la presidenta le prometió a su hijo que haría lo posible para que Kenia saliera libre, una promesa que ya estaba presente desde el sexenio anterior cuando Andrés Manuel López Obrador se comprometió a buscar su liberación, lo cual nunca sucedió.
A pesar del encuentro, Joel estuvo viajando a la Ciudad de México para pedir cuentas a la mandataria Sheinbaum Pardo, asistiendo incluso a una Mañanera en compañía del Frente Popular de la Montaña y del Comité de Apoyo a la Libertad de Kenia, pero nunca lo recibieron.
En 2026 intentaron llevar el caso de Kenia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero antes de poder visibilizar la petición en el Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo, el Máximo Tribunal negó aceptar el asunto.
Para Kenia esto supuso la existencia de una línea política o presidencial sobre su caso, por lo que una de sus preocupaciones era que la persona juzgadora que ratificó el acuerdo reparatorio con CAPUFE no lo hiciera.
«No nos avisaron, solamente lo subieron, así como si hubiese habido una indicación de que lo hicieran rápido y lo hicieran pronto (…) No lo dijeron, no discutieron, no hubo absolutamente ninguna discusión, no dijeron por qué no, por qué no lo atrajeron» -Kenia Inés Hernández Montalván.
